A la directora de la Casa Trans "Zuleymi", Alejandra Fang Grandez, la extorsiona desde hace meses una facción del Tren de Aragua, pero en la comisaría de Alfonso Ugarte, en el Centro de Lima, los policías no quieren recibir su denuncia. Una situación similar se repite en otros puntos de la ciudad, con transportistas, bodegueros, madres de ollas y líderes indígenas amazónicos. Todos ellos son víctimas de amenazas y ataques del desborde de las mafias criminales.

Durante la primera #BarraPolítica, organizada por OjoPúblico el miércoles 16 de octubre, los representantes de colectivos que han sido víctimas de extorsiones, denunciaron la ausencia de respuesta del Estado a sus denuncias.

En la primera edición de este espacio de diálogo con colectivos juveniles, gremios, centros de estudiantes y organizaciones de base participaron más de 70 personas que conversaron con Alejandra Fang; Sadith Silvano, lideresa indígena de la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo; Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte; y Edgardo Ramírez, presidente de la Alianza de Empresas Movilidad Urbana Sostenible.

En la primera edición de Barra Política con colectivos juveniles, gremios, estudiantes y organizaciones de base participaron más de 70 personas.

La moderación del espacio estuvo a cargo de Killa Sotelo, psicóloga, activista por los derechos humanos y hermana de Inti Sotelo Camargo, uno de los dos jóvenes asesinados en las protestas contra el breve régimen de Manuel Merino, en noviembre de 2020.

Todos denunciaron que Línea 111 impulsada por el gobierno para luchar contra la extorsión no funciona. Las lideresas y dirigentes también cuestionaron la ausencia de una estrategia integral contra la inseguridad, y la falta de diálogo de parte de un gobierno que no escucha a los gremios y organizaciones de

base.

Las denuncias por extorsión y homicidios han aumentado, y pese a la crisis, el Congreso insiste en mantener la Ley 32108, que debilita la investigación de las organizaciones criminales. A ello se suma, como reveló OjoPúblico hace varias semanas, la precariedad de la infraestructura policial: casi la mitad de sus vehículos inoperativos.

DIÁLOGO. La primera Barra Política tuvo como comentaristas principales a líderes del gremio transporte, una lideresa indígena y otra lideresa trans. Todos representan a sectores víctimas de la extorsión.

Foto: OjoPúblico

ESCUCHAR. El espacio al que hemos llamado Barra Política convocó a gremios y colectivos ciudadanos que expresaron sus coincidencias y discrepancias.

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

Testimonios de la violencia urbana

Alejandra Fang alertó sobre la violencia que afecta al colectivo trans debido a las amenazas de extorsión de una facción del Tren de Aragua, que le exige a las trabajadoras sexuales de Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos el pago de cupos. Las amenazas se realizan a través de WhatsApp. La red criminal llega incluso hasta donde ellas están, en la avenida Tomás Valle, para amenazarlas y hacen disparos al aire.

“En este momento, mis compañeras y yo vivimos extorsionadas. Las mafias piensan que la Casa Trans cuenta con muchísimos recursos, cuando todo lo que manejamos es autogestionado y de donaciones. Nos están exigiendo que demos 200 soles al mes, para que nos permitan seguir funcionando y eso es absurdo. Esto nos impacta, porque muchas compañeras ya no quieren acudir a nuestros espacios”, explica Alejandra.

Les exigen el pago de 200 soles al mes para que su organización pueda seguir funcionando.

Solo el 2023 fueron asesinadas 12 mujeres trans, según el Informe Anual del Observatorio de Derechos TLGBI, que realiza la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

La lideresa trans informó que durante 2023 la Casa Trans Zuleymi pudo dar asistencias y reubicaciones por seguridad a varias compañeras, gracias a un fondo de acción urgente que funciona con donaciones, pero ahora se vuelve a presentar el mismo escenario de inseguridad para ellas.

“No sabemos realmente qué hacer en este momento, hemos agotado todas las instancias. En la Línea 111, que promociona el gobierno, me dijeron que era básicamente de orientación, que no nos pueden dar ninguna asistencia, y en la Dirincri, en la avenida España, me dijeron que no podían tomar mi denuncia”, relató.

REFLEXIONES. El tema de la primera Barra Política fue inseguridad y ciudadanía. Más de 70 personas se sumaron al espacio.

Foto: OjoPúblico

Por su parte, Sadith Silvano, lideresa indígena de la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo, asentada en el distrito del Rímac, narró que su familia también ha sido víctima de extorsionadores del Tren de Aragua.

“Mi familia y yo estamos siendo extorsionados. Mi hermana, que lidera la comunidad, ha sido amenazada de muerte, le llamaron y le dijeron que le van a matar a toda su familia. Y las autoridades nos dicen que no pueden hacer nada, mientras no pase nada y no es así”, manifestó indignada.

Para hacer frente a esta situación de inseguridad y de amenaza directa, Sadith Silvano cuenta que la comunidad de Cantagallo se autogestiona. “Seguimos impulsando la participación vecinal, nuestros jóvenes cuidan de la comunidad y siguen buscando solución, para que las nuevas generaciones no pasen por esto”, señaló.

Evolución de las extorsiones

Durante la primera #BarraPolítica, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, contó que los casos de extorsión a su sector se registran desde el 2010, en La Libertad. Un grupo de bandas criminales brindaban el servicio de "protección" o "falso chalequeo", que, según señala, era también un tipo de extorsión a los transportistas informales para evitar el control de las autoridades.

Los dirigentes denuncian que las autoridades les dicen que no pueden hacer nada, mientras no pase nada".

Sin embargo, la situación se agudizó a partir del año 2017, explica Ojeda, cuando la extorsión empezó a escalar a otros sectores. Las bandas empezaron a amenazar a los transportistas formales que eran competencia de los informales. Así, "los extorsionadores empezaron a entrar al negocio, analizaron frecuencias y calcularon números”, narra el dirigente.

Ojeda precisa que las extorsiones de construcción civil pasaron al transporte urbano. “Ahora, con la impunidad reinante, esta situación se ha desbordad, y hay bandas que compiten entre sí por sus víctimas o por una zona de control”.

El dirigente recordó el caso de un inspector de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) que fue quemado hace un año, en Abancay, luego de participar de un operativo. Asimismo, que en Lima, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), pidió hace unos meses una reunión con la policía porque la vida de sus inspectores estaba en juego.

Por su parte, Edgardo Ramírez, presidente de la Alianza de Empresas Movilidad Urbana Sostenible, señaló que las extorsiones contra sus miembros empezaron a ser muy graves hace tres meses, con amenazas y disparos. “Sucedió lo de Los chinos (ataque a una unidad de transporte público) y nos dimos cuenta que habían otras empresas que ya estaban pagando [el cupo]. Nuestro grupo no accedió a hacer el pago y buscamos apoyo de la policía, pero la autoridad no estaba preparada para enfrentar este problema”, confiesa.

DIÁLOGOS. Los líderes del pueblo shipibo-konibo y del pueblo wampi, Sadith Silvano y Shapión Noningo, se encontraron y conocieron en la primera edición de Barra Política.

Foto: OjoPúblico 

"Nadie habla de los derechos humanos"

De todas las intervenciones, una de la más sentidas fue la de Milagros Samillán, hermana del joven internista Marco Antonio Samillán Sanga, una de las 18 víctimas de la violenta represión policial en Juliaca, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, el 9 de enero de 2023.

“Todos habla de Lima, Lima, y nadie habla de los derechos humanos que nos quitaron y hoy nos están quitando, nadie habla de las vidas que se han perdido, y no porque han tirado piedras, porque los que han muerto [en las protestas contra el gobierno] fueron asesinados, eran profesionales, eran padres de familia, niñas que estaban caminando por el aeropuerto, y nadie habla de eso. El gobierno es el principal responsable de lo que está pasando”, dijo Milagros Samillán.

Nadie habla de los derechos humanos que hoy nos están quitando, nadie habla de las vidas que se han perdido".

“El peruano y el provinciano estamos hartos [...] Hemos venido hasta aquí para pedir justicia y es algo que todos merecemos como peruanos: A todos nos están arrebatando ese derecho, no solo a los provincianos, y ahora Lima lo está sufriendo y me parece bien que los transportistas formales e informales estén despertando”, continuó. 

Barra Política es un proyecto de OjoPúblico que explora un método lúdido e inclusivo de conversación sobre democracia y ciudadanía. Cuenta con el apoyo de la Embajada de Canadá en Perú y el Café Bar Habana. La próxima cita será el miércoles 6 de noviembre, a las 6:30 p.m., y el tema para conversar es Democracia, identidad y política. Pueden registrarse aquí. Los esperamos. Hay café de cortesía para los primeros en llegar.