Esta semana, el Congreso volvió a modificar la Ley sobre el crimen organizado, la cual ahora hace referencia a delitos como la extorsión y otros con penas igual o mayores a cinco años. Sin embargo, en la práctica, esta decisión puede afectar, por ejemplo, casos por minería ilegal (sin considerar sus formas agravadas) y su financiamiento.

En diálogo con OjoPúblico, Dante Vera Miller, analista en temas relacionados a economías criminales y seguridad nacional, explica la dinámica de las organizaciones delictivas, incluso transnacionales. "Lo que estamos viviendo en los últimos 10 años es una infiltración clarísima —de abajo hacia arriba— en los órganos de poder del Estado", señala el coautor de la publicación Las economías criminales y su impacto en el Perú.

No obstante —en sus palabras— las recientes discusiones sobre la legislación del crimen organizado también han evidenciado un consenso ciudadano, que ha contado con la participación de nuevos actores. “A la movilización, hay que añadirles salidas democráticas para la crisis”, agrega.

Vera Miller ha sido asesor del Ministerio del Interior —en los gobiernos de Alejandro Toledo (2002, 2003 y 2004) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)— , del sector de Energía y Minas, así como consultor para ONG, mineras y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

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¿Cómo describe este escenario de violencia urbana?

Hay una discusión ahí, justamente, acerca de lo que el Ministerio del Interior y el Gobierno han decidido como estrategias para enfrentar lo que a todos los peruanos y peruanas nos tiene conmocionados, que es la extorsión. El pago de cupos está afectando hoy de una manera —digamos— dramática a los transportistas, pero no olvidemos que [los trabajadores de] construcción civil, hace años, están siendo agobiados y hay varios dirigentes de base y dirigentes nacionales muertos. Pero también tenemos colegios, bodegas, en general, emprendimientos…

Los comedores populares …

Imagínense, los comedores populares, los taxistas y tienen un escenario de extorsión que nació en Trujillo por organizaciones nacionales, en particular Los Pulpos, de Chepén y del barrio El Porvenir y La Esperanza. Ellos son los que comienzan a practicar la extorsión y eso se ha generalizado y se ha ampliado con la llegada de delincuentes extranjeros. Pero el origen de la extorsión en el Perú es este. Es un origen urbano, en Trujillo, con esta banda.

Entonces, en un primer momento [la extorsión] se ha trasladado hacia el control de ciertos "negocios". Por ejemplo, el tema de las trabajadoras sexuales es una disputa tremenda. En Lince ha habido una lucha por el control de las plazas públicas —hasta del barrio diríamos— entre bandas nacionales, locales y extranjeras. Ahora son tremendas organizaciones que, además, tienen casi secuestradas a las mujeres, violentadas y [están] enfrentados entre ellos. El nexo ahí es que hay organizaciones criminales nacionales y transnacionales en este negocio y la Policía tendría que entrar a investigar a ese nivel. 

Pero lo que hay es que se está generalizando ya no solamente por negocios, sino por barrios y por sectores. Y quienes hacen eso no es una banda, como era antes; no son delincuentes comunes. Esto necesita una capacidad de organización y de uso de armas tal que te permita efectivamente controlar el barrio, controlar estos negocios vía la amenaza a los comerciantes, a los afectados, vía el crimen, el asesinato, el uso de sicarios que es un componente de la organización criminal; el uso de sicarios y lo que tenemos entonces es una "perfecta", por decirlo de alguna manera, organización criminal, puede ser nacional o transnacional.

PROTESTA. Para Dante Vera, las discusiones sobre crimen organizado han evidenciado un consenso ciudadano al que se le debe sumar salidas para la crisis.

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

En su publicación Las economías criminales y su impacto en el Perú, en la edición de 2021, usted señalaba que el país cuenta con una ley contra el crimen organizado que, en ese entonces, había generado herramientas y procedimientos para investigar casos concretos para economías ilegales. Ahora el Congreso la ha modificado y se resiste a derogar la Ley 32108. ¿Qué opina sobre el accionar del Congreso?

La verdad es tremendo lo que está ocurriendo, porque yo creo que con algunos defectos que hubieran podido ajustarse [...] de la Ley contra el crimen organizado que se aprobó en ese entonces, se hubiera podido corregir muy fácilmente [...]. Por ejemplo, definir con precisión la organización criminal, los plazos de prisión preventiva, el asunto de la pérdida de dominio, en fin. Pero no lo que han hecho los congresistas, en el sentido de aprobar medidas como la última que exime a la minería ilegal del concepto de organización criminal…

No estamos solo ante un problema delictivo de extorsión, sicariato o mineros ilegales. Estamos ante un problema de economías criminales".

El Congreso ya aprobó modificar esta ley y entre los cambios ya se menciona a la extorsión, el sicariato e incluye a otros delitos sancionados con pena igual o mayor a 5 años. Sin embargo, uno revisa el Código Penal y encuentra que la minería ilegal tiene una pena mínima de cuatro años. Igual para el financiamiento de minería ilegal. ¿Cree que se está blindando al crimen organizado en la minería?

Es indiscutible, pero ¿sabes qué es lo importante? Que se ha logrado un consenso ciudadano sobre este tema. Porque si uno lee el comunicado de la Confiep [Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas], de la CGTP [Confederación General de Trabajadores del Perú] y otras organizaciones empresariales de emprendedores, de Gamarra, de transportistas, etc., ¿cuál es la condición? Que se derogue la ley que había aprobado el Congreso, que modificaba la original. 

Eso es, aunque no lo quieran decir o señalar, una demanda política porque no es una reivindicación económica, ni es que le quiten las papeletas. ‘Ustedes con esta ley están favoreciendo a quienes nos matan, ¿no?’ Y el consenso ciudadano es que estamos amenazados todos los que tenemos algún emprendimiento, negocio o empresa, por individuos que pertenecen a una organización criminal, por sicarios. Y el Congreso, en vez de defendernos de ellos, aprueba una serie de leyes que terminan beneficiándolos. ¿Quiénes se movilizaron? Los comerciantes, los mercados, las farmacias, los transportistas. Es decir, la calle volvió a hablar, pero con otros actores que no se habían movilizado antes. 

La calle volvió a hablar, pero con otros actores que no se habían movilizado antes". 

Entonces, lo que está ocurriendo y el gran logro que se ha alcanzado en este caso es ese consenso ciudadano contra estas modificaciones y contra el Congreso, y particularmente contra los congresistas que han aprobado estas modificaciones a una ley, posiblemente que hubiera podido corregirse, pero que al final han terminado favoreciendo al crimen organizado. 

¿Saben qué es lo más peligroso? Cuando se junta la indignación con.... la injusticia, la desesperación. O sea, no saber qué hacer. Matan al profesor y no había un policía, delante de los alumnos, Y llega el ministro y empieza a decir: Presente, presente. Hasta es una burla eso. La madre que declara, no quiero poner la palabra odio, pero con tal indignación habla que cuando se junta ese malestar de indignación y falta de justicia, cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa, porque eso es lo que motiva a acciones violentas por desgracia o a pensamientos radicales: Sálveme quien pueda. Y por lo general en ese escenario ganan los que se ponen el título de “mesías”, no importa si son de derecha, ultraderecha, izquierda o ultraizquierda, pero que tienen ese carácter autoritario y dictador. 

ILEGAL. Detrás de las dragas en los ríos amazónicos, se han identificado organizaciones criminales que operan, incluso, de manera transnacional. 

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

En la publicación que comentábamos de Las economías criminales, también mencionan que “muchas veces los dueños o intermediarios de estas economías ilegales logran con facilidad penetrar la vida política [...] e incluso de manera más difusa lograr influir en el Congreso y en algunas áreas del gobierno nacional”. ¿Eso es lo que estamos viendo ahora?

Así es porque lo que nos falta es conocer al enemigo que estamos enfrentando y mientras no lo conozcamos, no vamos a asumir la necesidad de innovar nuestras estrategias. No estamos enfrentando a una sola cabeza, a una organización centralizada con mando único y con construcción de grupos armados. No estamos enfrentando eso. 

El Perú es rico en tres commodities ilegales: el oro —que en sí no es ilegal, sino la forma de extraerlo—, la madera y la coca, que hay una discusión ahí que ahora se ha reactivado si la coca es para uso tradicional o para uso del narcotráfico. 

Estas organizaciones criminales que estudian la realidad de cada país, deciden entrar y entran lamentablemente frente a un proceso que estamos viviendo todos los países, que es el de la migración. No quiero responsabilizar a los migrantes porque esa es una crisis humanitaria. Pero ahí se infiltran ellos, establecen organizaciones que capturen a migrantes, los explotan. Incluso, hoy se habla de trata ilegal de migrantes. Y no es que el delito aparezca con ellos, sino que se ha potenciado y se han aliado con organizaciones criminales nacionales y han establecido nuevas relaciones para extraer, transportar, comercializar estos productos que hemos mencionado.

Cuando se junta ese malestar de indignación y falta de justicia, cualquier cosa puede suceder".

Para retomar la pregunta anterior. Usted ha sido asesor del Ministerio del Interior en tres gestiones, entre ellas la de Fernando Rospigliosi (2002, 2003 y 2024). Él, ahora, está en las filas del fujimorismo y es uno de los que respaldan los cambios en la Ley sobre el crimen organizado. En general, ¿cómo evalúa al Congreso y al mismo Ejecutivo bajo este escenario que comentamos?

Vamos a ser ingenuos: hay un desconocimiento de lo que estamos enfrentando y el que desconoce, ignora y el que ignora, propone medidas que no son adecuadas. Ese es desde un punto de vista ingenuo [...]. Pero lo otro es que si uno lo piensa más, hay intereses de por medio y cuando hay intereses de por medio o están metidos en el negocio —la tala de madera, el narcotráfico, la minería ilegal— o recibe —vamos a decirlo criollamente— su propina. Reciben su dinero por pensar como piensan, decir lo que dicen y aprobar lo que aprueban. 

Entonces, es indudable que sobre la base de una corrupción generalizada, que ya vivimos desde hace tiempo [...], la han potenciado, y lo que estamos viviendo en los últimos 10 años es una infiltración clarísima —pero de abajo hacia arriba— en los órganos de poder del Estado, municipios, consejeros regionales gobernadores regionales, congresistas, ministros, han habido, y jueces fiscales. 

Cuando digo que es un problema de seguridad nacional, entonces ya tenemos un elemento para justificar esta preocupación: la infiltración de organizaciones criminales en los poderes del Estado [...] desde los poderes locales, subnacionales y nacional. Ese ya es un primer riesgo que debería llamarnos la atención a la ciudadanía. Debería llamar la atención a las autoridades para decir: “Cuidado, estamos ante un problema de seguridad nacional”. 

No estamos solamente ante un problema delictivo de extorsión, no estamos solamente ante un problema delictivo de sicariato, ante un tema delictivo de mineros ilegales. Estamos ante un problema de economías criminales que tienen organizaciones transnacionales criminales, que tienen como objetivo infiltrar el poder del Estado —si se quiere de otra manera más directa— tomar el Estado, pero más adelante vamos a ver que hay otros componentes que nos llevan a pensar que lo que estamos viviendo es un problema de seguridad nacional.

ACTORES. Pese a la demanda ciudadana, el Congreso no derogó la Ley 32108, sobre el crimen organizado, sino modificó algunos elementos.

Foto: Congreso de la República

Hace poco usted se preguntaba en redes sociales: “Cuántas mujeres, cuántos defensores ambientales, dirigentes sindicales, emprendedores deben morir o seguir extorsionados, mientras las autoridades son ineficientes o cómplices”. ¿Cuál cree que ha sido la mayor señal de esta ineficiencia por parte de las autoridades?

Tres hitos. El primero es el feminicidio [...] Es un problema que debe resolver el Estado. Las organizaciones civiles, por supuesto, tenemos que responder, denunciar, alertar, pero la responsabilidad principal del Estado es brindarle seguridad a sus ciudadanos y, en este caso, particularmente a la ciudadanas, a las mujeres [...]. La consigna de ‘Ni una más’ es una consigna que conmueve, que se respeta, porque hay cada vez más estos asesinatos definidos como feminicidios y que expresa no un problema de circunstancias, sino un problema cultural muy profundo, de relación de poder entre hombres y mujeres, de cultura machista [...]. 

El segundo tema es el de los defensores de derechos humanos y los defensores del medioambiente. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lleva un registro de estos crímenes. Creo que en los últimos tiempos se hablaba ya de 20. Hace pocos días acaban de asesinar a un líder nativo otra vez. 

La calle volvió a hablar, pero con otros actores que no se habían movilizado antes".

Hablamos de, al menos, 38 defensores asesinados en los últimos 10 años…

Y particularmente tienen esas características, son dirigentes de pueblos indígenas. Entonces, se les mata, o demora mucho la investigación o queda impune. Y ese es un segundo aspecto, en el cual el Estado demuestra total incapacidad de enfrentar este problema.

Y esto tiene que ver con el problema, que estamos hablando de seguridad en general y la primera obligación del Estado, vuelvo a repetir, es brindar seguridad a sus ciudadanos y ciudadanas [...].

Y el tercer hito, el asesinato de los dirigentes de construcción civil, y ahora lo que está pasando con los transportistas y otros emprendedores, vamos a decir en general, que se ha expresado con indignación y el comunicado [de empresarios y trabajadores] que hablábamos al principio. Entonces, son tres momentos en los que creo que más allá de demostrar nuestro malestar, nuestra indignación, hay que señalar claramente que el Estado no es capaz de brindarle seguridad a sus ciudadanos y ciudadanas. Primera función pública de cualquier Estado. 

[Este es otro] elemento para decir que estamos ante un problema de seguridad nacional y no solamente un problema de delitos. No solamente que los hombres son ‘brutos’, que es ‘de machos’ y matan a las mujeres, no. Es un problema del Estado que no funciona. Segunda razón.  

La primera es que hay organizaciones criminales transnacionales que tienen el objetivo estratégico, aprovechándose de la corrupción, de extenderla, infiltrar el Estado y tomar el Estado. Si ocurre eso, entraremos a la condición de Estado fallido. Y la segunda condición para hablar de que estamos ante un problema de seguridad nacional es que el Estado no brinde la seguridad a sus ciudadanos y ciudadanos.