OjoPúblico accedió a oficios que revelan que este sector conoce desde junio del 2019 el pedido de ocho comunidades del Cusco para ser incorporadas en el proceso de consulta del proyecto minero operado por la transnacional suiza, pero hasta la fecha no ha respondido ni atendido sus cartas.

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Los fiscales anticorrupción Elvis Suárez y Eiser Jiménez explicaron que una vez que la sentencia sea confirmada en segunda instancia, esta podrá ser utilizada como nueva prueba por las víctimas del clan Orellana en sus procesos civiles para recuperar sus terrenos. El Poder Judicial condenó a Ludith Orellana y al exjefe de los Registros Públicos por asociación ilícita.

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El actual director forestal de Ucayali, Marcial Pezo Armas, ocupó el mismo cargo cuando los dirigentes de la comunidad de Alto Tamaya Saweto, en la frontera de Perú y Brasil, denunciaron ante esa oficina la presencia de traficantes de madera en su territorio. Pezo enfrenta cuatro investigaciones fiscales por temas similares.

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La Sunat recibió a los representantes y abogados de ocho gremios empresariales: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), entre otros, para explicarles los principales esquemas de elusión fiscal que fiscalizarán desde este año en el marco de la Norma XVI. Estuvieron los exjefes de la Sunat: Tania Quispe por la Confiep y Sandro Fuentes por la CCL.

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Juzgado de la Corte Superior de San Martín tiene desde hace mes y medio un recurso planteado por Miguel Arévalo Ramírez en contra de la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía Antidrogas. Luego de la respuesta del fiscal Álvaro Rodas, encargado del caso, la Dirandro dijo que las pesquisas en contra de ‘Eteco’ se basan en hechos nuevos y en su condición de jefe de una presunta organización criminal.

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El abogado Fredy Pinto Pazos, vinculado al negocio inmobiliario y piloto del rally Caminos del Inca, está bajo sospecha de la Fiscalía de Extinción de Dominio y la Procuraduría Antidrogas por comprar de manera irregular en 2018 un edificio incautado al peruano holandés Ment Dijkhuizen, condenado a 25 años de prisión por lavado de dinero del narcotráfico. OjoPúblico identificó que Pinto, su hermano y sus empresas además tienen más de 800 predios en Lima y Cañete.

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Luego del reportaje publicado ayer por OjoPúblico, representantes de esta entidad informaron que analizan el caso para definir los delitos en los que habrían incurrido los funcionarios regionales.

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El partido fundado en los ‘90 para derrotar a Fujimori es manejado por el exdirigente sindical José Vega Antonio, conocido por sus alianzas políticas en las últimas décadas. Fue socio de Ollanta Humala, de la bancada aprista en el gobierno de Alan García, y de Solidaridad Nacional con Luis Castañeda. Hoy se valió del condenado por homicidio de policías en el ‘Andahuaylazo’ para llegar al Parlamento. Trece congresistas tendrá UPP: tres de ellos sentenciados por dicha asonada y otros seis adeptos del exmilitar etnocacerista.

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Recurso presentado por el Colegio de Abogados de La Libertad busca que el Tribunal Constitucional declare prescritas deudas tributarias que beneficiarán a un grupo de empresas por un total de S/11 mil millones. La acción es promovida por el estudio de abogados Gálvez & Dolorier y afecta a una parte de las controversias tributarias que mantienen un grupo de compañías encabezadas por Telefónica, Buenaventura y Backus.

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Casi todos los virtuales congresistas de Alianza para el Progreso proceden de regiones: de las 22 curules que ocupará dicho partido, solo dos son por Lima. El partido de Acuña tendrá presencia en 17 regiones del interior del Perú. Dos legisladores por La Libertad, cuna de dicho partido; dos por Loreto y dos por Cajamarca, entre otros.

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