El 28 de julio, el Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que plantea la creación de la Policía de Orden y Seguridad, debido al aumento de la inseguridad en el país. La propuesta ha generado críticas pues, según especialistas, se pretende crear una fuerza de seguridad con facultades policiales, pero sin una adecuada formación, sin carrera policial y sin una cadena de mando clara, bajo una modalidad de contratación especial y un sueldo menor al de un suboficial de tercera, el rango más bajo de la Policía, pero cumpliendo las mismas labores. ¿Qué riesgos acarrean estas particularidades?

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Entre 2013 y 2014, tres ciudadanos peruanos —entonces investigados por las autoridades aduaneras por abastecer de mercurio a la minería ilegal de Puno y Madre de Dios— establecieron dos empresas en Bolivia: Paloan SRL y A & F Futuro SRL. Este medio identificó que ambas compañías se dedicaron, por lo menos hasta 2021, a la compra del insumo químico, cuya comercialización en Perú se encuentra restringida desde 2017, por un tratado internacional. En contraste, la escasa regulación boliviana ha permitido que toneladas de este producto —proveniente de México, Rusia e India— ingresen por contrabando, desde Bolivia, a territorio peruano y se usen para la extracción ilegal de oro.

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Perú es uno de los países de Sudamérica más demandados por empresas extranjeras y nacionales, según el registro histórico del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Hasta la fecha, ha afrontado 43 procesos en total. Si se analiza la última década, los años 2022 y 2023 significaron un revés histórico: por primera vez, el país perdió tres casos en dos años, que implican indemnizaciones de más de USD 111 millones, de acuerdo a los cálculos de una de las demandantes y el monto determinado en otro proceso. Esta cifra no incluye la reparación de un reciente fallo a favor de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., por el Aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Actualmente, todavía hay 21 arbitrajes pendientes de resolución que, de ser desfavorables, podrían acarrear cuantiosas sanciones para el Estado peruano.

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Un informe —elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible— ha identificado 32 distritos, en las regiones de Loreto, Amazonas, Madre de Dios, San Martín y Huánuco, afectados por la minería ilegal. Esta actividad ilícita es considerada como la principal amenaza de lavado de activos, según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aunque se trata de un problema nacional, la mayoría de los sectores perjudicados carece de un sistema de monitoreo que permita conocer la magnitud de este tipo de minería.

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El Producto Bruto Interno (PBI) registró dos trimestres consecutivos en negativo, por lo que economistas señalan que se está pasando por un proceso de recesión, aunque ello no es reconocido como tal por el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva. El Perú no pasaba por una situación similar desde el impacto de la crisis financiera global en el 2009. Con la economía debilitada y una inflación que cede muy lentamente, se encienden las alertas de que el país cerraría el 2023 con un incremento de la pobreza por segundo año consecutivo, acercándose al 30% alcanzado con la pandemia.

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OjoPúblico accedió a tres nuevas resoluciones de archivo de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP). Dos de estos nuevos documentos revelan que las oficinas de disciplina, que investigan las infracciones policiales a nivel administrativo, archivaron casos de fallecidos en Apurímac y Arequipa, pese a que ya tenían identificadas la cadena de mando que lideraron los operativos. Mientras que el caso de Víctor Santisteban Yacsavilca, muerto en Lima por impacto de una bomba lacrimógena, también fue archivado por Inspectoría en Lima al no lograr identificar al presunto responsable. En todos los casos se exponen nuevamente negligencias en la búsqueda de pruebas.

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Desde julio de 2021 a julio de 2023, la Comisión de Ética del Congreso analizó 119 casos de presuntas infracciones. OjoPúblico accedió a los expedientes que originaron los procesos y encontró que, en solo 18 de ellos, se emitieron informes que recomendaban sanciones. De ese reducido grupo, apenas 15 fueron aprobados en la comisión. Cuatro de estos sugerían una suspensión por 120 días. Sin embargo, el Pleno solo reconfirmó dos: las sanciones contra Freddy Diaz (Alianza para el Progreso) y Enrique Wong (Podemos Perú).

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Legisladores, principalmente, del Bloque Magisterial —ahora a cargo de la vicepresidencia de la Comisión de Educación— promueven proyectos que afectan la meritocracia, eliminan despidos para desaprobados y amplían prerrogativas para quienes busquen un cargo público adicional, como el de consejero regional. Se trata de iniciativas que podrán beneficiar a sus mismos autores una vez que dejen la labor parlamentaria. Entre los autores figuran Alex Paredes, Edgar Tello y Katy Ugarte, docentes nombrados que han desaprobado o no han rendido las evaluaciones exigidas por el Ministerio de Educación.

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La cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que se realizó el 8 y 9 de agosto, reunió a los presidentes y líderes de ocho países que comparten la Amazonía. Aunque los líderes indígenas tenían esperanzas de que los nuevos presidentes de Brasil y Colombia cambiaran el rumbo de las políticas ambientales hacia la protección de los bosques, la reunión acabó sin consensos sobre la explotación del petróleo y el gas.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha anunciado su retiro del convenio interinstitucional que firmó con el Jurado Nacional de Elecciones, que le atribuye la función de corroboración de firmas que acompañan la inscripción de nuevos partidos. Señalan que se trata de falta de presupuesto y sobrecarga de trabajo. Especialistas plantean soluciones para que ningún partido se quede sin pasar por el obligatorio proceso de verificación de nombres y firmas que entregan a las autoridades electorales, lo que representaría un grave riesgo al sistema electoral.

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