El intento de golpe de estado del exmandatario Pedro Castillo ha generado diversas dudas respecto a las consecuencias penales que tendrá este hecho. De igual modo, su vacancia y la asunción de Dina Boluarte como presidenta reabrió el debate sobre los pasos constitucionales a seguir en contextos de quiebre del orden democrático. En este artículo, OjoPúblico responde cinco preguntas claves para comprender la más reciente crisis política y el panorama de cara a los próximos meses.

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Entre los cargos que se imputarán al expresidente Pedro Castillo, tras el intento de golpe de Estado que cometió, está el presunto delito de rebelión. La Red Ama Llulla revisó la normativa y los antecedentes sobre el tema y presenta este explicador que detalla los conceptos básicos que permiten entender la situación.

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El mensaje –lleno de ataques contra el Legislativo, el sistema de justicia y los medios de comunicación– tenía ecos del emitido por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 cuando disolvió el Parlamento y procedió la reorganización del sistema de justicia con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

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Aunque Polonia es conocida por ser un bastión de la fe católica, solo el 23% de los polacos menores de 25 años asiste con regularidad a la iglesia. En los últimos años, los jóvenes han perdido la confianza en la institución luego de una cascada de denuncias de abuso sexual y pedofilia. Además, observan con recelo la estrecha relación entre la Iglesia y el partido conservador gobernante, Ley y Justicia.

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Durante el conflicto armado interno en el Perú, entre 1980 y 2000, más de 6.000 integrantes del pueblo indígena asháninka —el más numeroso de la Amazonía— fallecieron a causa de la violencia terrorista y el fuego cruzado entre grupos militares y subversivos instalados en su territorio, especialmente en la selva central. Alrededor de 5.000 indígenas de este pueblo fueron secuestrados por Sendero Luminoso, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Hoy, sus comunidades y familiares siguen buscando a los desaparecidos.

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Al límite del vencimiento del plazo, y tras varios días de idas y vueltas, se llegó a un acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo sobre el texto final de la Ley de Presupuesto Público para el 2023 sin vulnerar el equilibrio financiero. Sin embargo, previamente se habían encendido diversas alertas porque el dictamen original de la Comisión de Presupuesto del Congreso incluía medidas por S/ 1.164 millones que comprometían recursos de la Reserva de Contingencia (un fondo destinado a emergencias), algo que no era avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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