En los últimos días Ojo-publico.com junto a un grupo de medios latinoamericanos ha presentado evidencia de un número creciente de niñas de esta región, menores de 14 años, que han sido violadas, en sus espacios más cercanos y familiares, y luego forzadas a llevar embarazos y partos, sin que a la gran mayoría se le haya ofrecido la opción de decidir sobre su presente y futuro.

No son casos aislados. Aunque con frecuencia las cifras son imprecisas, incompletas y desactualizadas —primera muestra de lo poco que preocupa este problema—, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó el 2010 que más de 60 mil niñas menores de 14 años son madres cada año. La cifra sigue en aumento y el Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa) estima que no hay indicios de que se detenga antes del 2030.

Estamos hablando de niñas que no solo tienen que soportar el trauma de ser agredidas en su más profunda y frágil intimidad, sino que también tienen que exponerse a embarazos y partos de alto riesgo, violencia obstétrica, y a efectos en su salud mental como depresión, estrés postraumático e intentos de suicidio.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado que esta tragedia a cuentagotas se podría mitigar, entre otras, con políticas sólidas de educación sexual y, en especial, con la implementación adecuada del derecho al aborto, una decisión siempre difícil, pero que, realizada de forma legal y segura, garantizaría el derecho a la salud y a la vida a miles de niñas en la región.

PERÚ. Un reciente reportaje de Ojo-Publico.com, como parte de una investigación regional, evidenció casos en que niñas que pasan por esta traumática experiencia sufren un segundo abuso al ser denunciadas y condenadas, a pesar de los atenuantes.

Ilustración: Rocío Urtecho

Diversos sectores conservadores, incluyendo colectivos católicos y evangélicos, han respondido a estas propuestas haciendo una intensa campaña contra los esfuerzos por establecer cualquier programa de educación sexual que promueva y reconozca los derechos de las mujeres menores de edad sobre su cuerpo. En simultáneo, cuestionan toda iniciativa por el aborto legal, seguro e informado, con el argumento de la defensa de la vida, apelando incluso a celebrar la maternidad infantil, como lo hiciera en febrero el diario argentino La Nación.

Entre tanto, las autoridades latinoamericanas han reaccionado a esta situación con prohibiciones, obstáculos e indiferencia. Mientras que en la mayoría de países de la región la impunidad de los violadores parece generalizada, en Nicaragua y Perú se criminaliza a las niñas que abortan sin importar la causa de su embarazo; en Guatemala el Estado las retira de la casa donde fueron abusadas para llevarlas a un hogar de protección social para dar a luz; y en Ecuador y Colombia, pese a vivir en contextos donde el aborto está despenalizado bajo ciertas causales, las niñas están sujetas a la voluntad de médicos, oficiales de protección social y operadores de justicia que interponen diversos argumentos para impedirles decidir.

Frente a esta realidad, la semana pasada cuatro mujeres jóvenes de Guatemala, Nicaragua y Ecuador, que fueron violadas y embarazadas cuando eran niñas, compartieron sus historias y demandaron a sus Estados —dos de ellas de manera presencial— ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Es urgente llevar adelante una discusión abierta en cada país por la integridad, conciencia, autonomía y capacidad de tomar decisiones respecto a lo que será el proyecto de vida de estas niñas, en vez de mantenerlas en una situación que no las reconoce como víctimas en sociedades que no las protegieron lo suficiente.

[Este editorial es parte de #NiñasNoMadres, una conversación regional sobre el impacto del embarazo forzado de niñas en América Latina, a la que se unen Ojo-Publico.com (Perú), GK y Wambra Medio Digital Comunitario (Ecuador), Mutante (Colombia), Nómada (Guatemala) y Managua Furiosa (Nicaragua)]