El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, comentó las condiciones en que su provincia enfrenta la inseguridad ciudadana y propuso, como una de las medidas para combatirla, que el Ejército pueda acompañar a la Policía Nacional en labores de patrullaje en la ciudad. Para reforzar esta idea, señaló: “El presidente de Chile [...] lanzó un decreto [...] para que las FF.AA. acompañen a la Policía a [combatir] al narcotráfico y al crimen”. Después de analizar la norma en mención y consultar con actores involucrados de ese país, Ojo-publico.com concluye que la afirmación del alcalde Marcelo es engañosa. 

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Marcelo se refería a una norma publicada el último martes 13 de agosto en el Diario Oficial de la República de Chile. 

De acuerdo a un comunicado oficial de la Secretaría General de la Presidencia de ese país, emitido el 9 de julio, el presidente Sebastián Piñera firmó un decreto supremo “para facilitar la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía en zonas fronterizas para aumentar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”. Durante una ceremonia militar, el jefe de Estado chileno justificó la medida debido a que “el narcotráfico y el crimen organizado son enemigos que hay combatirlos sin tregua, sin cuartel, sin darles ninguna ventaja”. Tras el acto público, el D.S N° 265 fue enviado a la Contraloría General de la República, organismo autónomo encargado de ejercer el control de la legalidad de la administración pública en la nación sureña. 

A una consulta para esta verificación, la abogada y periodista Paula Catena, redactora de la sección Política del diario La Tercera, explicó que la norma fue objeto de algunos ajustes posteriores relacionados al sentido que se analiza en este chequeo. “A los días de entregado el D.S 265, el gobierno tuvo que retirarlo de la Contraloría porque le pidieron precisiones respecto a la colaboración que tendrán las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior”, precisó. En efecto, el viernes 19 de julio, el ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina, y el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, sostuvieron una reunión donde acordaron hacer precisiones al decreto enviado por Piñera antes de que este fuera admitido a trámite. 

Después de realizar ajustes de forma y fondo al documento original, el gobierno de Piñera volvió a enviar la solicitud de visado a la Contraloría y se mantuvo a la espera de una decisión final. 

Durante el trámite de visado, la Contraloría admitió la alegación de legisladores opositores a la norma. La lista incluye a la diputada Catalina Pérez Salinas y Jorge Brito Hásbun (Frente Amplio), presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile. Ambos firmaron un “téngase presente” en el que se lee: “El Presidente de la República a través del referido decreto (D.S 265) confunde lo que la Constitución entiende por Seguridad Nacional con Seguridad Interior, lo que a nuestro parecer es derechamente inconstitucional. Esto, porque en virtud de los artículos 6 y 7 de la Constitución vigente, nadie puede ejercer más atribuciones que aquellas que expresamente le han concedido la Constitución y la leyes, y el Presidente pretende otorgar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas a través de un decreto”.

En entrevista telefónica para esta verificación, el diputado chileno Hugo Gutiérrez, otro de los legisladores críticos de la norma, manifestó que “las Fuerzas Armadas de todo país deben tener como misión el resguardo de la soberanía nacional y nunca labores policiales. Aquellos países que han involucrado a las FF.AA. en el control del narcotráfico han resultado cooptadas por la corrupción de este ilícito negocio”, indicó. El legislador refirió además que “el decreto de Piñera es un disfraz que realmente busca el control migratorio de los venezolanos en la frontera, a quienes inicialmente se les prometió una visa política, lo que provocó una avalancha de personas de esa nacionalidad en nuestros país”. 

Tomando en cuenta las críticas a la norma, la Contraloría chilena finalmente comunicó el 6 de agosto que el decreto enviado por el Ejecutivo había sido visado “con alcances”, es decir acortando aún más el ámbito de aplicación de la norma. 

A través de su página web, el organismo precisó que “la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades e instituciones competentes para actuar en relación a actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional, se debe circunscribir a la prestación de apoyo en los ámbitos de logística, transporte y tecnología en zonas fronterizas nacionales, sin que pueda conllevar su intervención en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.  

El comunicado también especifica que  “considerando que la colaboración en las condiciones antes anotadas se desarrollará exclusivamente en zonas fronterizas, deberá darse cabal cumplimiento a las facultades que el Decreto con Fuerza de Ley N°4, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, confiere a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado”. Es decir, la Contraloría definió los términos de la colaboración de las FF.AA. (logística, transporte y tecnología), el ámbito territorial (zonas fronterizas) y las competencias entre las distintas instituciones (las FF.AA. en ningún caso deberán reemplazar las funciones de la Policía). 

Con estos ajustes, el Decreto Supremo 265 salió publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el martes 13 de agosto.  

Consultado para esta verificación, el burgomaestre trujillano señaló que obtuvo dicha información de una entrevista televisiva al presidente Piñera en Lima, y de las redes sociales. También se reafirmó en que una hipotética colaboración de las Fuerzas Armadas en Trujillo ayudaría a solucionar la falta de efectivos policiales. “Si no hay los recursos humanos suficientes, ¿por qué no permitir que el Ejército ayude? Chile, que se considera un país desarrollado, está permitiendo que el Ejército acompañe a su Policía. ¿Por qué hemos satanizado tanto al Ejército? Como si al salir a las calles, los militares vayan a  matar”, señaló vía telefónica. 

Por el contrario, el Director de Gestión del Conocimiento para la Seguridad del Ministerio del Interior del Perú, Noam López Villanes, indicó a Ojo-Publico.com que el patrullaje no resolverá los problemas de fondo asociados a la inseguridad en Trujillo. “El patrullaje va a hacer que el delincuente que quería robar en un sitio se traslade a otro, pero no va a combatir los delitos que no ocurren en la vía pública y que son los más graves: crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas, etc. En lugar de pedir militares en las calles, el alcalde podría invertir los recursos de su municipalidad en equipamiento e infraestructura que aporte a la inteligencia operativa de la Policía”, señaló.

Por otro lado, como se ha indicado líneas arriba, la norma chilena aludida por el alcalde Marcelo no apunta a solucionar la falta de efectivos policiales ni faculta a las fuerzas armadas de ese país a realizar labores complementarias de seguridad en las ciudades. Por el contrario, el decreto firmado por el presidente Piñera se restringe a las fronteras de ese país y tiene un ámbito muy restringido de aplicación.

En función a lo revisado, Ojo-Publico.com concluye que la afirmación del alcalde de Trujillo acerca de que el presidente de Chile lanzó un decreto que autorizaba a las Fuerzas Armadas a acompañar a la Policía en la lucha contra el narcotráfico y el crimen es engañosa.