Durante la interpelación realizada por el Congreso de la República al ministro de Educación, Martín Benavides, la parlamentaria Arlette Contreras señaló que el uso de Internet debía ser parte central en el debate sobre la educación en el país, y en ese marco, dio el siguiente dato: “Los países con la mejor calidad de educación, como Finlandia, España, Costa Rica, brindan el servicio público de Internet”. Tras revisar los antecedentes internacionales al respecto, OjoPúblico concluye que esta afirmación no es del todo precisa y por lo tanto resulta engañosa.

En principio, revisamos la declaración en el extremo legal y lo que hallamos fue lo siguiente:

El caso de Finlandia es emblemático, pues se convirtió en el primer país en declarar el Internet como un derecho básico para sus ciudadanos desde julio del 2010. Desde entonces, los proveedores de telecomunicaciones deben “proporcionar a todas las residencias permanentes y oficinas comerciales acceso a una conexión de alta calidad y a un precio razonable con una tasa de bajada de al menos 1 Mbit/s [Megabit por segundo]”.

El Índice de la Economía y Sociedad Digital -un análisis sobre los avances digitales de los países que conforman la Unión Europea (UE)-  identificó que Finlandia ocupa el noveno lugar en este ranking de los 28 estados que integran ese bloque continental. Respecto a su cobertura de banda ancha, Finlandia tiene un alcance nacional del 75%, y del 99% cuando se trata de las redes móviles 4G. 

En el caso de España, según su Ley General de Telecomunicaciones, se entiende como un servicio universal a todas aquellas prestaciones que deben ser garantizadas para todos los usuarios, teniendo en cuenta un estándar de calidad y un precio asequible. Entre estos servicios se encuentran el Internet, teléfono, fibra óptica y otros que forman parte de la red de telecomunicaciones. 

La conexión universal debe permitir realizar comunicaciones de voz, fax y datos, a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet, según se detalla en la web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España. Esta conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas debe poder realizarse desde una ubicación fija con una capacidad de banda ancha a 1 Mbps.

Los datos de la Unión Europea indican que la red de fibra óptica instalada en España es la más amplia de Europa con más de 33,3 millones de puntos de acceso, que cubren al 75% de la población. 

En el caso de Costa Rica, en 2010, la Sala Constitucional de la Corte Suprema del país estableció como un derecho fundamental el acceso de las personas a Internet. Para que esto se logre, debían establecerse, por ejemplo, centros de acceso a Internet de banda ancha en las comunidades rurales y urbanas menos desarrolladas, con especial énfasis en albergues de menores, personas mayores y para población indígena. Además dispuso que se debía dar acceso a banda ancha en hospitales y algunos colegios públicos.

Esta decisión ha sido luego ratificada en diversas sentencias emitidas por la máxima autoridad judicial de Costa Rica. Así, por ejemplo, en una sentencia de la Sala Constitucional, que data del 2017, se lee:

“Debido a su relevancia en nuestra sociedad, surge un deber del Estado de salvaguardar y procurar el despliegue pleno de ese derecho de acceso a la Internet. Esta obligación no solo implica que se debe proteger a las personas frente a amenazas que busquen limitar injustificadamente dicho derecho, sino que conlleva también la obligación del Estado de velar por su progresivo crecimiento y mejoramiento, así como la implementación de nuevas tecnologías que potencien el derecho de acceso a Internet”.

Ahora bien, la revisión del dato de la congresista sobre el aspecto educativo de los tres países mencionados permitió detectar algunas imprecisiones relevantes.

Si bien los tres países contemplan el acceso universal a Internet en diferentes niveles de su normativa, dos de esas naciones no son referentes por su calidad educativa.

De hecho, tanto los resultados de Costa Rica como los de España se encuentran por debajo del puntaje promedio en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una de las principales pruebas internacionales para medir el nivel educativo de los países. 

Solo Finlandia es parte del grupo de países que lideran el ránking en las evaluaciones de las tres principales competencias medidas con la prueba PISA: Lectura, Ciencias y Matemáticas. 

En su última evaluación de Ciencias, España presentó un descenso en su rendimiento (483 puntos) respecto a la prueba anterior, realizada en 2015. En Matemáticas, su calificación se mantuvo (481 puntos), siempre por debajo del promedio de la OCDE. En el ámbito de la Lectura, los resultados no han sido publicados debido a ciertos sesgos y problemas presentados en la evaluación de este país. 

En el caso de Costa Rica, el país se encuentra muy por debajo de los países antes citados en el contexto global, y del promedio de la OCDE, con 426 puntos en Lectura, 402 en Matemáticas y 416 en las habilidades sobre Ciencia. En la última evaluación, el país también presentó un descenso en su rendimiento en Ciencias y Lectura, aunque se mantuvo en Matemáticas, con respecto a la evaluación de tres años antes. 

Cabe indicar que, en 2015, PISA evaluó también las habilidades digitales de los estudiantes de los países participantes, y la relación de estas con su desempeño en las competencias básicas. Ese análisis concluyó que "el uso de computadoras no parece ser un factor destacado al explicar la variación en el desempeño de los estudiantes en matemáticas, lectura o ciencias". Esto fue evidenciado en el hecho de que el grupo de países que había realizado mayores inversiones en tecnología en el marco de la educación no mostró un significativo avance en el desempeño de las competencias básicas.

España quedó por debajo de la media de la OCDE en lectura y resolución de problemas online, siendo Singapur, Corea del Norte, Hong Kong, Japón o Canadá, los que obtuvieron los primeros lugares. 

Por entonces, la directora de Gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos, señaló que "asegurar que cada niño alcance un nivel básico de competencia en lectura y matemáticas hará más para crear igualdad de oportunidades en un mundo digital, que sólo ampliar o subsidiar el acceso a los servicios y dispositivos de alta tecnología". 

A una consulta para esta verificación, Evony Gómez, Comisionada para las Telecomunicaciones y la Electricidad de la Defensoría del Pueblo del Perú, explicó que considerar un servicio como público implica que “se puedan garantizar los atributos esenciales de este servicio, tales como el acceso, la calidad del servicio, su continuidad o disponibilidad”. 

En ese marco, Gómez recordó que. desde 2015, solo se han culminado 4 de los 21 proyectos de redes regionales para implementar la red de banda ancha en todo el país, de acuerdo a la Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y su reglamento.  

De acuerdo al último Informe anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo, Perú se situó en el puesto 51, de 65 países analizados, entre los que se contaron a algunos estados pertenecientes a la OCDE. 

OjoPúblico buscó contactarse con la congresista Arlette Contreras para que solicitarle precisiones sobre su afirmación. Su despacho indicó que la parlamentaria no brindaría declaraciones y que los datos compartidos tenían como base un proyecto de ley de su autoría. 

Esta es la iniciativa legislativa N° 5600, que propone la ‘Ley que reconoce el derecho de acceso a Internet para garantizar una educación y alfabetización accesible para todas las peruanas y peruanos’. 

La iniciativa busca que se implemente Internet en centros comunitarios de Tecnología de Información y Comunicación, en instituciones educativas, espacios e instituciones públicas. A la fecha, esta ha sido derivada para su debate a las comisiones de Constitución y Reglamento y Transportes y Comunicaciones. 

La organización especializada en derechos digitales, Hiperderecho, ha alertado que esta propuesta legislativa es imprecisa, debido a que plantea que el Internet sea considerado como un derecho fundamental a través de una ley ordinaria, aún cuando esto no es posible de acuerdo al orden constitucional peruano: el Tribunal Constitucional ha señalado previamente que el reconocimiento de nuevos derechos corresponde a una competencia de los jueces constitucionales, y no a una labor legislativa. 

En función a lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de la congresista Arlette Contreras, acerca de que los países con la mejor calidad de educación como Finlandia, España y Costa Rica brindan el servicio público de Internet, es engañosa.