En redes sociales circula la versión de que el partido Perú Libre habría pagado medio millón de soles por concepto de tasas de impugnación de actas para favorecer a su candidato, Pedro Castillo, en el conteo de votos de la segunda vuelta electoral. Tras revisar la evidencia, los antecedentes históricos y consultar con las autoridades a cargo del proceso, Ama Llulla concluye que esta versión es falsa. 

La afirmación original fue vertida en Twitter por el periodista Carlos Paredes, quien señaló literalmente lo siguiente: 

La versión de Paredes fue replicada poco después por el excongresista Víctor Andrés García Belaunde: 

En principio, la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) aclaró poco después que la versión del número de actas impugnadas no es correcta, pues al momento de emitidos ambos mensajes de redes, solo había 461 actas con votos impugnados, como debe decirse correctamente. 

La diferencia es importante, porque las impugnaciones se resuelven voto a voto y no por actas, de manera que en un acta observada se puede descartar uno o varios votos impugnados (si la impugnación es declarada válida), pero el resto, emitidos correctamente, se cuentan como todos los votos de este proceso electoral. 

Ahora bien, al cierre de esta verificación, solo existen 494 actas con votos impugnados. 

Además de eso, existe otro grupo de actas -sumadas erróneamente en la versión original de Paredes- que fueron enviadas al JNE por conceptos como error material (412), ilegibilidad (66), por estar incompletas (114) por solicitud de nulidad (1), por estar sin firmas (129), y por tener más de un tipo de observación (205). Todo eso da un total de 927 actas remitidas al Jurado. 

Cabe precisar que los miembros de cada mesa consignan los resultados e incidencias del proceso en cinco (5) actas que se envían respectivamente a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, al Jurado Electoral Especial, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al Jurado Nacional de Elecciones y la quinta a las organizaciones políticas.

A una consulta para esta verificación, el JNE explicó que el procedimiento de observar un acta no tiene costo alguno. El procedimiento para estos casos es el siguiente:

Cuando estas actas electorales presentan alguna inconsistencia numérica, ilegibilidad o no han sido firmadas por los miembros de mesa, son observadas en los centros de cómputo. Entonces, las oficinas descentralizadas de procesos electorales las remiten a los jurados electorales especiales (JEE), que son los órganos de primera instancia del JNE. 

“El Jurado Electoral Especial, luego de realizar el cotejo de su ejemplar con el de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, emite una resolución”, de acuerdo a una explicación de María Alexandra Marallano Muro, asesora del despacho de la Presidencia del JNE, en un video publicado por la entidad para esclarecer las versiones de redes. “Esta resolución es debidamente publicada en el portal electrónico [del JNE] y puede ser materia de apelación”.

Esta apelación, que debe ser realizada en el plazo de 3 días, sí tiene una tasa oficial para que sea elevada en el plazo de 24 horas al JNE. Según Resolución Nº 0412-2020-JNE, el monto es “9.5% [de una UIT] por cada acta observada”. Solo así pasa al pleno del Jurado, que debe resolver la apelación en segunda y definitiva instancia en el plazo de 3 días. 

En resumen, es incorrecto decir que hay más de mil actas impugnadas, porque hasta el momento existen menos de 500 actas con votos impugnados, que se resolverán voto a voto. Y del grupo de actas observadas, solo se paga una tasa en los casos en que se realiza una apelación a lo que resuelva en primera instancia el respectivo Jurado Electoral Especial, con miras a elevar el caso al pleno del JNE. 

A una consulta para esta verificación, el periodista Carlos Paredes, indicó que usó la expresión ‘actas impugnadas’ de manera genérica y no jurídica, para referirse a todas las actas que no se han podido contar porque han sido enviadas al JNE. También precisó que, en efecto, no hay un cobro a pagar cuando se produce la observación, sino cuando el que impugna no está de acuerdo con el fallo del Jurado Electoral Especial y dedice llevar su queja a la última instancia electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones. 

Paredes admitió que la afirmación de que el partido Perú Libre ha pagado medio millón de soles para impugnar actas electorales no es correcta. “No ha sido pagado, es un cálculo que yo hago. Si es que ellos apelan, por todas las actas impugnadas, tendrían que invertir ese dinero. Allí [en el tuit original] hay una impresión”.

Sin embargo, se ratificó en su posición. “Estoy casi seguro de que la mayoría de actas que cuestionan votos de mesas van hasta la última instancia”, indicó. Según el periodista, “simplemente estoy aplicando sentido común periodístico. Si esta es una elección muy cerrada, donde se está disputando voto a voto, acta por acta [...], obviamente no se van a quedar contentas ninguna de las dos partes. Van a segunda y última instancia para que revise el Jurado Nacional de Elecciones. Eso pasó en el 2016”.

Sin embargo, esta última explicación tampoco es precisa. De acuerdo al informe “Actas observadas en las elecciones generales 2016 y elecciones congresales extraordinarias 2020”, preparado por la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE, en el 2016 se registraron 484 apelaciones en la primera y segunda vuelta, lo que equivalió apenas al 1.54% del total de actas observadas en esa ocasión.

En función de lo revisado, la red Ama Llulla concluye que la versión -difundida por el periodista Carlos Paredes y recogida por el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, acerca de que el partido Político Perú Libre ha pagado medio millón de soles en la impugnación de actas para favorecer a su candidato en el conteo de la segunda vuelta, es falsa.