Verificación: Carla Díaz
 

En una entrevista, el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, fue consultado sobre la acusación que ha hecho el Ministerio Público en su contra por el caso de esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori. En su defensa, Aguinaga desestimó los cargos y añadió lo siguiente: “En el Perú no ha habido esterilización forzada”. Tras revisar los informes y resoluciones legales que existen al respecto, Ama Llulla concluye que esto es falso. 
 

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Si bien hasta el momento la justicia peruana no ha emitido una sentencia que determine las responsabilidades individuales por el caso de esterilizaciones forzadas, el Estado ya ha reconocido su responsabilidad por este tipo de hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mamérita Mestanza Chávez. 

Mestanza Chávez fue una mujer de 33 años que murió en el año 1998 por una infección generalizada, ocho días después de que le realizaran una ligadura de trompas en el Hospital Regional de Cajamarca. Sus deudos han señalado que Mestanza aceptó someterse a la intervención luego de haber sido asediada desde 1996 por personal de salud. De acuerdo al testimonio de su viudo, Jacinto Salazar Suárez, les dijeron que por tener cinco hijos serían encarcelados si no aceptaban la anticoncepción definitiva.

En 2003, a través de un acuerdo amistoso entre el Estado peruano y la defensa legal de la familia de Mestanza, el país admitió su responsabilidad internacional por los hechos descritos y se comprometió a reparar a los deudos, así como a impulsar una investigación administrativa y penal. El compromiso incluyó una revisión de las políticas públicas sobre planificación familiar con el fin de eliminar contenido que sea discriminatorio o no respete la autonomía de las mujeres en el uso de métodos anticonceptivos.

La Defensoría del Pueblo desarrolló entre 1998 y 2002 hasta tres informes que documentaron las denuncias de oficio y de parte sobre la vulneración de derechos de mujeres y hombres bajo la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.  

En enero de 1998, la Defensoría publicó su primer informe sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica, donde detectó “una tendencia compulsiva en la aplicación del programa”, así como alertó de la existencia de campañas exclusivas para realizar ligaduras de trompas y de metas numéricas para el uso de ciertos anticonceptivos.

Posteriormente, en el Informe Defensorial N° 27, titulado “La  aplicación  de  la  anticoncepción  quirúrgica  y  los derechos reproductivos II: casos investigados por la Defensoría del Pueblo”, publicado en 1998, se documentaron 157 quejas recogidas entre junio de 1977 y mayo de 1999.. 

“Los hallazgos suponen la vulneración de los derechos constitucionales a decidir libremente,  a actuar de conformidad con los dictados de la propia conciencia y de la religión, a  la integridad  personal,  a  la  salud, y en última instancia a la vida, es pertinente exigir que el Ministerio de Salud adopte las disposiciones necesarias para prevenir y evitar futuras violaciones a tales derechos”, se lee en el documento.  

El último informe de la Defensoría del Pueblo recogió 773 denuncias hechas entre junio de 1999 y septiembre de 2002, donde 473 quejas fueron calificadas como fundadas. De este grupo, en 221 casos no se respetó el obligatorio plazo de reflexión de 72 horas entre el consentimiento y la operación. Otros 61 casos fueron calificados directamente como esterilizaciones que no tuvieron consentimiento. Se alertó también de casos en los que las mujeres dieron su autorización a ligarse las trompas en momentos de estrés como el parto.

En 2002, la Comisión Especial sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) del Ministerio de Salud (MINSA) publicó su informe final que recogió el testimonio de 507 personas esterilizadas de las regiones de Cusco, Ancash, San Martín, Piura y Puno. De estas, solo el 10 por ciento aceptó haber accedido al procedimiento de manera voluntaria.

“La naturaleza voluntaria de las esterilizaciones se pone en duda al constatarse la existencia de presiones, incentivos, acosos y amenazas. Asimismo, la libertad de quienes no desean esterilizarse se vio atropellada”, precisa el informe.

Según cifras del MINSA, en el año 1997, las ligaduras y vasectomías se elevaron a más de la  mitad con respecto al año 1996, para después disminuir en los años posteriores a un cuarto de lo registrado en 1997. Tanto los datos del MINSA como otras investigaciones del caso coinciden en que ese año se dio un incremento abrupto de la aplicación de ligaduras y vasectomías. 

Fuente: Ministerio de Salud.   

En 2015, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró de interés nacional la atención prioritaria de las víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001, a través del Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS. Esta normativa incluyó también la creación del Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO). Por entonces, la Defensoría del Pueblo saludó la creación de un registro oficial de víctimas de anticoncepciones quirúrgicas involuntarias realizadas entre 1996 y 2000. 

Actualmente se encuentra en evaluación la acusación presentada por el Ministerio Público contra Aguinaga, contra el expresidente Alberto Fujimori; los exministros de Salud, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer, y otros exfuncionarios, por los delitos de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones en agravio de 1.307 mujeres, entre ellas, el ya mencionado caso de Mamérita Mestanza.  

A una consulta para esta verificación, Milton Campos, abogado de la familia de Mamérita Mestanza y otras denunciantes, explicó que los casos de esterilizaciones forzadas que están judicializados se dividen en tres grandes procesos de investigación, y cada uno recoge a cerca de mil mujeres que afirman haber sido esterilizadas sin su consentimiento. 

Campos añadió que el Estado peruano ya ha registrado a cerca de 7 mil víctimas en el REVIESFO, las cuales han sido inscritas luego de presentar documentación que acredita su condición. 

Por su parte, el parlamentario Alejandro Aguinaga dijo que con su declaración se refería a que existió fue un Programa de Planificación Familiar o de Salud Reproductiva y Salud Familiar, y no de esterilizaciones forzadas. No obstante, reconoció que sí existen casos de personas que no dieron su consentimiento para ser esterilizadas. 

“Hay casos aislados, que por supuesto que tienen que atenderse. Pero ¿puede creer alguien que diga, a mí me metieron en una carretilla amarrada a la fuerza y amanecí operada? Eso no existe, ningún médico se va a prestar para todo ello, porque los centros quirúrgicos tienen salas de asepsia, donde hay tanto personal, eso no existe”, dijo.  

Según Aguinaga, el Informe N°69 de la Defensoría del Pueblo concluyó que solo el 4% de métodos anticonceptivos fueron ligaduras de trompas.

“Que hay casos que ameritan, estos casos que no han tenido conocimiento informado, por supuesto, esos tienen que ser indemnizados, pero eso no traduce la política del Estado.”, añadió. 

Consultado sobre las conclusiones de la comisión del Ministerio de Salud, dijo que este era un documento que tuvo un gran sesgo religioso y político.

Cabe señalar que, las primeras investigaciones que alertaron sobre la vulneración de derechos durante la aplicación del programa de planificación familiar provinieron de la sociedad civil. Entre ellas destaca el reporte de derechos humanos realizado por la investigadora Giulia Tamayo, que documentó los casos de 243 personas que fueron afectadas entre 1996 y 1998.  

Aguinaga también compartió con este medio notas periodísticas y columnas de opinión para reforzar su postura. Sin embargo, las notas reconocían, al igual que Aguinaga, que existieron casos de esterilizaciones involuntarias durante el periodo 1996-2000.  

En función a lo expuesto, Ama Llulla concluye que la afirmación del congresista Alejandro Aguinaga, acerca de que en Perú no hubo casos de esterilización forzada, es falsa.