Los recientes trágicos sucesos con huaicos, desbordes e inundaciones en nuestro país nos muestran una realidad que por muchos años no hemos querido ver: no estamos preparados, no hemos previsto, y, en general, no hemos aprendido nada de nuestra historia y de nuestra compleja geografía. Dentro de una maraña de normas, superposiciones y falta de claridad, el Gobierno ha logrado por lo menos armar una respuesta medianamente ordenada a la emergencia más dura y complicada. En el camino aún queda mucho por hacer, por aprender y por cambiar, y no parece que nuestra clase política esté muy preparada y dispuesta a ello.  

Vengo a proponer un cambio que creo es impostergable: el de la Ley de Recursos Hídricos, que pese a ser relativamente nueva (29338 del 2009), está ya totalmente desfasada y es poco efectiva para enfrentar los temas de gestión del agua en el Perú. Esta ley creó la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como máxima instancia nacional, pero la redujo a ser una dependencia del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Esta ha sido una falla garrafal de la norma, que asignó la autoridad a una entidad de segundo orden dentro de uno de los sectores usuarios (y no el más eficiente precisamente).

En este contexto, tenemos una ANA, sin la capacidad y legitimidad para encarar los enormes retos de la gestión multisectorial y por cuencas de un recurso tan complejo. Así, de arranque, nuestra institucionalidad pública para la gestión del agua “se hace agua”, y debe ser reformada inmediatamente.

Ley de Recursos Hídricos del 2009 ya está desfasada y la ANA no tiene legitimidad

El segundo problema grave de la ley de recursos hídricos es que no apuesta seriamente por generar reales autoridades a nivel de las cuencas. Los concejos de cuenca de la ley son más bien decorativos, “consultivos”, sin mayor capacidad para tomar decisiones importantes, dirigir recursos, planificar y atacar los problemas estructurales de las cuencas.

En este contexto, sin una autoridad fuerte a nivel central, y sin reales autoridades de cuenca, lo que queda es un cascarón débil y vacilante de funcionarios que no tienen real capacidad para gestionar y ordenar el agua en el país, un esquema totalmente inadecuado para lo que necesitamos, como lo demuestra el desastre nacional que hoy afrontamos.

Mi propuesta es algo audaz, pero creo que hoy más que nunca podría ser parte del debate: elevar a la autoridad de aguas a un estatus similar al que tiene el Banco Central de Reserva. El agua es tan o más importante que la moneda para el funcionamiento de nuestra sociedad y economía, y es un recurso cuya gestión requiere autonomía, autoridad, capacidad técnica e ingentes recursos.

ANA debe tener el mismo estatus que el Banco Central de Reserva

Nuestro país no puede seguir pensando que puede enfrentar los enormes retos del agua con una muy débil autoridad sectorizada, que tiene un presupuesto de apenas US$70 millones anuales (a comparación con los US$2,000 millones de la autoridad de aguas de México), y que carece de los instrumentos básicos para realmente gestionar el recurso en su sentido amplio, como es regular, planificar, prevenir e invertir.

Esperamos que este y otros temas relacionados a la prevención, planificación y gestión de nuestro territorio sean revisados en los próximos meses, y se inicie una urgente reforma de toda nuestra precaria y mal enfocada institucionalidad para la gestión de los recursos naturales.  Es momento de que nos quede bastante claro que nuestro problema no es una geografía y clima difíciles, ni que “la naturaleza supere a la ingeniería”.  

Nuestro problema somos nosotros, nuestra clase política, tecnocrática y empresarial, que no ha sabido desarrollar las instituciones y los mecanismos sociales y técnicos apropiados para planificar, prevenir, gestionar y desarrollar adecuadamente nuestro territorio, y dentro de esto, de un recurso tan valioso e insustituible como el agua.

*Investigador Principal de GRADE

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