Hay una disciplina que debemos erradicar: es el juego de las grandes multinacionales y los individuos más ricos del mundo para eludir 'olímpicamente' el pago de los impuestos que les corresponde. 

La analogía con los Juegos Olímpicos no es caprichosa. La confrontación entre los privilegios versus la justicia fiscal se disputa en una arena en la que los gobiernos del sur global han logrado instalar una discusión tan técnica como política, tanto en la agenda del G20 (el foro de las veinte mayores economías del mundo), durante la presidencia de Brasil, como en las Naciones Unidas.

Gobiernos del sur global han logrado instalar la discusión de la justicia fiscal en el G20 y las Naciones Unidas"

Estamos atravesando un momento auspicioso para la reforma tributaria global progresiva. Luego de 10 años de discusiones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lideradas por las burocracias de los países avanzados, centradas en sus propios intereses, esta es una noticia buena.

En efecto, aunque diez años atrás la indignación pública por la evasión y elusión generalizadas del impuesto de sociedades llevó al G20/OCDE a lanzar una ambiciosa reforma del centenario sistema internacional, los resultados han sido decepcionantes.

La llamada Solución de dos pilares está pensada en garantizar que las grandes multinacionales paguen impuestos allí donde operan. También establece un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% (en Icrit, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas, seguimos abogando por el 25%).

Paralelamente, muchos países en desarrollo han adoptado unilateralmente impuestos sobre los servicios digitales y otros impuestos de similar naturaleza con el objetivo de resolver vacíos normativos. Aun cuando la discusión durante el proceso que se llamó Marco Inclusivo de la OCDE tenía el mandato de encarar este problema, la propuesta final no fue favorable al sur global. 

Desilusionados por la falta de acción de las burocracias de las economías avanzadas durante el proceso de negociación, los países de Unión Africana decidieron llevar el debate a las Naciones Unidas. 

Un comité ad-hoc que se reunió por segunda vez a fines de julio ha propuesto los términos de referencia de la Convención Marco de la ONU, de notable alcance, estableciendo compromisos en materia de progresividad impositiva, incluyendo la asignación justa de los derechos impositivos, una adecuada y equitativa tributación de las multinacionales y un gravamen relevante de los individuos de alto patrimonio, entre otros. 

Los países de Unión Africana decidieron llevar el debate [del impuesto a las grandes fortunas] a las Naciones Unidas".

Sobre el impuesto al patrimonio, cabe recordar que varios países de América Latina lo han implementado en tiempos recientes, siendo el caso más destacado el de Colombia.

A pesar de la oposición abierta de Estados Unidos y de algunas economías avanzadas, se trata de un paso importante hacia una reforma mundial progresiva. 

Por eso, lo que pasó a fines de julio en Nueva York es muy sintomático. En la segunda ronda de negociaciones de los Términos de Referencia, los principales objetores, Estados Unidos, Japón y Corea, persisten en sus intentos de restarle fuerza a una convención que, según fue acordado, ya se instaurará. Algunos países de la Unión Europea insisten en la supuesta duplicación con el proceso de la OCDE.

Pero los países que se oponen, saben en el fondo, que no pueden bajarse de una discusión que eventualmente resultará en una votación en la que participarán todos los países miembros de Naciones Unidas. Por otra parte, no desconocen que un mejor sistema impositivo beneficiaría a todos los países, como explicó el premio Nobel Joseph Stiglitz, copresidente de Icrit, en un artículo publicado en Foreign Affairs. 

El mundo nunca ha sido tan desigual. Por eso se necesita un nuevo sistema de gobernanza. Incluso las naciones económicamente más sólidas se enfrentan al reto de contener la brutal concentración de la riqueza en manos de unos pocos. 

Menos de 3.000 multimillonarios poseen una riqueza equivalente al PIB combinado de Japón, Alemania, India y el Reino Unido, y solo pagan el 0,5% de la misma en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas. Casi la mitad de la población mundial vive en países donde los servicios de la deuda externa superan el gasto social. 

Menos de 3.000 multimillonarios poseen una riqueza equivalente al PIB combinado de Japón, Alemania, India y el Reino Unido"

Por eso, la declaración de los ministros de finanzas del G20 el 25 de julio en Rio de Janeiro que, bajo el liderazgo de Brasil, se han comprometido a “cooperar” para gravar a los ultrarricos es un hito inédito. Es una medalla de oro en el podio de la justicia fiscal. Ya en la última cumbre del G7 en Italia las potencias mundiales se habían comprometido a trabajar con Brasil para avanzar en la cooperación internacional en este tema. 

La propuesta que discutieron los ministros de Finanzas del G20 en Río de Janeiro es sencilla. Un acuerdo internacional para garantizar que todos los superricos que hasta ahora se las han arreglado para aprovecharse de artimañas y complejidades fiscales contribuyan significativamente más al bien común.

El economista francés Gabriel Zucman, mi colega en Icrit, elaboró y presentó una propuesta al G-20 en junio, que plantea que el 2% de la riqueza de los ultrarricos podría aportar 250.000 millones de dólares adicionales a las arcas de los países cada año. Eso es la mitad del dinero que se necesita a nivel mundial para hacer frente a la emergencia climática.

Agobiados por la trampa de la deuda impagable y la fuga de capitales, la dificultad de los gobiernos para responder a las demandas de sus ciudadanos en materia de salud pública, educación y para hacer frente a las consecuencias del cambio climático es un caldo de cultivo para la polarización y el populismo de extrema derecha. 

Un mínimo del 2% de la riqueza de los más ricos podría aportar USD 250.000 millones al año a las arcas de los países".

Este impulso de un acuerdo global para reformar el sistema fiscal internacional en Naciones Unidas y el G20, así como la reforma de instancias regionales como la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria de América Latina y el Caribe, es una oportunidad para volver a encauzar la globalización y arreglar el sistema anacrónico y roto. 

Para que la democracia, y no la subpolítica de las corporaciones y los multimillonarios, mantenga la confianza de los ciudadanos, los gobiernos deben reforzar los servicios públicos y los salarios en lugar de proteger los beneficios extraordinarios de las corporaciones, que acaban siempre repartidos entre CEOs y accionistas. Un sistema de tributación más progresivo para las personas más ricas del mundo y las multinacionales puede recaudar ingresos que son esenciales para abordar los acuciantes retos mundiales. Una medalla de platino, si existiera tal cosa.