Desde hace años presenciamos la penosa degradación de nuestra democracia por parte de las más altas autoridades. En sus actos, en su lenguaje, en su manera de negociar favores recíprocos, autoridades ejecutivas, congresistas y magistrados parecen decir cotidianamente a la ciudadanía que si el Perú llega a ser alguna vez una sociedad democrática eso tendrá que ocurrir a pesar de las autoridades, derrotándolas mediante el empeño y la tenacidad de la sociedad civil.

La decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de poner en libertad a Alberto Fujimori no solo consagra la impunidad para delitos que tienen el estatus de crímenes de lesa humanidad; además de eso constituye un muestrario grotesco de los peores usos de la política peruana.

Se ha fraguado una comisión evaluadora integrada, entre otros, por alguien que fue médico personal de Fujimori y viejo postulador del indulto.

En primer lugar se encuentra el desprecio por la palabra empeñada y el abandono de todo sentido del honor. Kuczynski fue elegido por un estrecho margen de ventaja por una razón general: porque ofrecía garantías de respetar las instituciones democráticas, cosa que no cabe esperar del fujimorismo. Dentro de ello cabía su promesa expresa de no indultar a Fujimori sin causa justificante. No la hay. Kuczynski se ha burlado de sus electores.

En segundo lugar, están la alevosía y la perfidia como principio de conducta. Durante los días previos al indulto los representantes del gobierno afirmaron que el indulto no estaba en marcha. Mientras decían eso se redactaba el texto del indulto. Y para justificarlo se ha fraguado una comisión evaluadora integrada, entre otros, por alguien que fue médico personal de Fujimori y viejo postulador del indulto.

El país ha recibido una aplastante lección de oportunismo y de espíritu de componenda.

En tercer lugar, se reedita el tradicional desprecio de los poderosos hacia los ciudadanos humildes. Desde hace mucho tiempo las víctimas de Fujimori habían pedido una cita a Kuczynski para expresar su punto de vista sobre el indulto. El Presidente jamás les concedió ni un minuto de su tiempo. El gobierno habla de una presunta reconciliación –y hay que recordar que también para el Movadef la impunidad es un requisito para la reconciliación—, pero esta decisión no es otra cosa que ofensa, marginación y burla a las víctimas.

En cuarto lugar, el país ha recibido una aplastante lección de oportunismo y de espíritu de componenda. Kuczynski ha sido acusado de realizar negocios turbios a costa del Estado. Esa era la motivación de la demanda de vacancia. Y si bien esa demanda era un ardid del fujimorismo para hacerse del gobierno, no cabe desconocer la gravedad de las imputaciones. El Presidente aún no ha respondido sobre eso de manera convincente.

Pero se lo sostuvo en el cargo porque se trataba de impedir un maltrato mayor a la democracia. Hoy es patente que lo único que Kuczynski tenía en mente era su interés personal, pues el indulto negociado es, precisamente, la negación de esa democracia. El Presidente ha canjeado nuestras instituciones y la fe democrática de la ciudadanía por el apoyo para su permanencia en el cargo.

Poco o nada queda del espíritu de la transición democrática. Corresponde a la ciudadanía, sin embargo, resistir moralmente y no dejarse derrotar por esta conspiración de los peores.

*Félix Reátegui es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asesor del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDHPUCP). Fue director del comité editorial y responsable del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es asociado senior del Programa de Verdad y Justicia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).