Con un simbólico gesto de reconocimiento a los familiares y víctimas del conflicto armado interno –invitados a participar en la ceremonia-, el Presidente de la República Martín Vizcarra ha promulgado el Decreto Legislativo que crea el Banco de Datos Genético dirigido a fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno 1980-2000.

Ha sido un reconocimiento no solo a la problemática de las personas desaparecidas sino un homenaje del Estado peruano a todas las víctimas de la violencia y en ella, al desarrollo de una agencia en las organizaciones que las representan, que se han involucrado en la participación activa y gestión de propuestas para responder al dolor de haber perdido a sus seres queridos. Como ha señalado el jefe de estado “el Banco de Datos Genético es sumamente importante no solo para los familiares, trasciende a todos los peruanos (…). En memoria de los miles desaparecidos y de sus familiares que incansablemente siguen en su búsqueda, firmo este decreto legislativo para compensar en algo este sufrimiento".

Miembros de las organizaciones de víctimas de la violencia tras la promulgación de una ley que esperaron durante años.

Un problema invisibilizado

El marco de este reconocimiento se hace a 15 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003), que nos ha permitido comprender la complejidad de la violencia pero sobre todo, revelar los rostros de las víctimas de la mayor tragedia ocurrida en nuestra historia republicana: más de 69 mil personas asesinadas y desaparecidas y más de 4 mil sitios de entierro a nivel nacional.

A más de 30 años de iniciado el conflicto, resulta fundamental que el Estado empiece a ocuparse de un problema que había sido invisibilizado y que con el paso del tiempo, se ha agravado: el número de personas desaparecidas ha ido en aumento. Según el Renade[1], existen 20.329 personas desaparecidas, de ellas solo 865 han sido halladas y restituidas a sus familiares. La cifra es escandalosa en un país que se enorgullece de contar con un crecimiento económico sostenido. En ese sentido, las asociaciones de víctimas, en especial la ANFASEP, han mantenido un largo proceso de demandas y articulación con el Estado en busca de respuestas para resolver esta problemática.

La agencia de las organizaciones de víctimas

En la región Ayacucho, se reportó el mayor número de víctimas (40%). Fue también en esta región donde apareció la primera organización en defensa de las víctimas de la violencia: la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), creada en 1983 bajo el liderazgo de Angélica Mendoza de Ascarza, junto a mujeres quechua-hablantes, madres o esposas de los primeros detenidos a causa del conflicto. La ANFASEP, junto a otras organizaciones de víctimas, cumplió una labor pionera de denuncia de las violaciones a los derechos humanos en condiciones de temor, inseguridad e indiferencia de parte de la sociedad y las autoridades, en pleno conflicto armado.

La creación de la CVR, en el 2001 trajo consigo una ventana de oportunidad para las organizaciones de víctimas, logrando una participación más activa en un proceso que les hizo ir descubriendo la importancia de su papel en el manejo de una nueva relación Estado-sociedad para la concreción de sus demandas a partir de procesos concretos de política pública: el propio trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003), la formulación de un Plan Integral de Reparaciones (2003-2004), la dación de la Ley de Reparaciones (2005); la implementación de una de sus políticas: el Programa REPARED (2012), dirigido a dotar de becas educativas para las víctimas o la reciente Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia (2016). Esta agenda política ha sido un proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades para la participación, diálogo y negociación desde las trayectorias políticas de sus organizaciones que ha permitido establecer una nueva relación con el Estado, en el ámbito local, regional y nacional.

Para la construcción del banco de genes será necesaria la extracción de muestras biológicas de los restos óseos hallados en las investigaciones del Ministerio Público y de los familiares de las víctimas. 

Alejandro Olazo.

La búsqueda de personas desaparecidas como política pública

En el año 2016, se promulgó la Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia comprendido entre los años 1980 al 2000[2] con un enfoque humanitario, ello ha significado un cambio de paradigma en la intervención del Estado, que antes se había centrado en la búsqueda de los culpables y la judicialización de los casos, antes que en la necesidad de aliviar el sufrimiento, la incertidumbre y la necesidad de respuestas de los familiares. Ahora, esta normativa se complementa con el DL que crea el Banco de datos genético para fortalecer la identificación de las personas desaparecidas. “Algunos familiares ya están falleciendo, cuánto han querido encontrar a sus familiares, con esta ley nosotros vamos a encontrar a nuestros seres queridos” ha señalado la señora Juana Carrión, actual presidenta de la ANFASEP.

Y no se trata solo de una declaración eufemística, la Sra. Juana como otras lideresas de organizaciones de víctimas ha ido construyendo su empoderamiento a partir de reconocerse ciudadanas, como sujetas de derechos en la gestión e incidencia de sus demandas. Así, han señalado su expectativa por particpar activamente en la mesa de trabajo sobre desaparecidos -desde la recién creada organización nacional de victimas de desaparecidos- a la que debe convocar el ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).   

Ambas normativas representan un hito en la lucha de las asociaciones de víctimas y sus familiares, debido a que finalmente se logra  institucionalizar una política para la búsqueda de personas desparecidas al crear una instancia ejecutiva con presupuesto y recursos humanos para ello: la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) en el MINJUS.

La construcción de la Ley muestra la política pública como un proceso donde participan multiactores que confluyen en un espacio de diálogo y alianzas entre organizaciones de víctimas, instituciones técnicas y actores del Estado. No se trata solo de una ley, el asunto es particularmente significativo porque ejerce “un reconocimiento a todas las víctimas: civiles, policías y militares”. En medio de los afanes de actores políticos por negar la historia, las víctimas participan activamente para traer a la memoria colectiva a sus seres queridos; trabajan para que ese recuerdo sea reconocido por el Estado y la sociedad; para que la memoria tenga sentido en las nuevas generaciones y desarrolle una relación de ciudadanía.

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[1] Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro

[2] Ley N° 30470