Las historias que otros no te quieren contar
El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, a quien se le imputa los delitos de rebelión y conspiración por el fallido golpe de Estado que protagonizó el pasado 7 de diciembre. La Fiscalía solicitó la misma medida para el abogado Aníbal Torres, exprimer ministro de Castillo.
Pedro Castillo durante su primera audiencia judicial. Entonces tuvo como abogado a Aníbal Torres. Captura Justicia Tv
El fiscal supremo Uriel Terán solicitó en la madrugada de hoy 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo y Aníbal Torres por ser presuntos coautores de los delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración. A Castillo también se le denuncia por los presuntos delitos de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
El pedido se realizó a pocas horas de que venciera el plazo de detención preliminar que tiene en su contra Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado frustrado el pasado 7 diciembre, anunció la disolución del Congreso y la reorganización de las diferentes entidades del sistema de justicia, entre otras medidas.
Tras ello, y debido al rechazo de las demás instituciones estatales frente a estas medidas, Castillo se dirigió a la embajada de México para solicitar asilo político, pero en el trayecto fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional del Perú. Desde entonces, se encuentra recluido preliminarmente en la Diroes.
Inicialmente, su salida de prisión estaba programada para hoy 14 de diciembre por la tarde luego de que la Corte Suprema declaró infundada la apelación presentada por la defensa del expresidente para anular la detención preliminar por siete días que tenía en su contra. Sin embargo, ante el pedido de prisión preventiva, permanecerá detenido hasta que se realice la audiencia, la cual se suspendió hasta mañana jueves a las 8:30 a.m.
La solicitud de prisión preventiva se tramitó luego de que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, formalizara la fase de investigación preparatoria en contra de los dos exaltos funcionarios Pedro Castillo y Aníbal Torres. Dicha decisión fue aprobada a su vez por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley.
En la antesala, hace dos días, el Pleno del Congreso de la República decidió levantar la prerrogativa del antejuicio político del expresidente Castillo a través de una resolución legislativa elaborada por la Mesa Directiva del Parlamento.
Este acuerdo permitió que la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación contra Castillo —por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública— sea exonerada de pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente y, posteriormente, al Pleno.
Juez decidirá mañana si Castillo sigue o no bajo detención. Justicia Tv
El Poder Judicial suspendió hasta mañana miércoles a las 8:30 a.m. la audiencia de prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo y el exasesor del Consejo de Ministros Aníbal Torres. Ambos son investigados por los delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración.
Hasta que se desarrolle la audiencia y se emita una decisión judicial, Castillo seguirá detenido en la Diroes. Así lo hizo saber el juez Juan Carlos Checkley, quien citó el artículo el numeral 7 del artículo 264 del Código Procesal Penal.
“Si el el fiscal requiere prisión preventiva, como es este caso, que ha requerido una prisión preventiva de 18 meses, la detención [de Pedro Castillo] se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas”, sostuvo el juez Checkley, quien está a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
La audiencia —que inició hoy a primera horas de la mañana— se tuvo que suspender ante el pedido de los abogados defensores de tener un plazo mayor para leer la solicitud completa del Ministerio Público y poder preparar sus alegatos.
“Nos han notificado solo el requerimiento de la prisión preventiva, pero solicitamos también que se nos adjunten los elementos de convicción”, señaló el abogado Ítalo Díaz, quien asumió hoy la defensa pública de Pedro Castillo en reemplazo de Ronald Atencio.
De manera similar, Wilfredo Robles, quien es abogado de Aníbal Torres, dijo también que no habían sido notificados a tiempo y, por ello, solicitaban un plazo de 48 horas para preparar la defensa.
“Esta defensa solicita que su despacho nos conceda un tiempo prudente y razonable para que esta defensa conjunta pueda organizar su estrategia defensa y pueda estudiar prolijamente este requerimiento que trae aquí el Ministerio Público y sus recaudos”, sostuvo Robles.
Minutos antes, sin embargo, el juez Juan Checkley dijo que a él le indicaron que Castillo se había negado a recibir la comunicación del Ministerio Público. “Me informan que al señor Castillo sí se le ha notificado en el lugar donde está detenido y que se ha negado a recibir esa notificación”, explicó Checkley.
Desde el lado del Ministerio Público, el fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay dijo que sí se había notificado sobre la audiencia a los investigados. “Se ha cumplido con notificar a las defensas”, dijo. No obstante, estuvo de acuerdo con la decisión del juez de suspender hasta mañana la audiencia.
Inicialmente, el plazo de la detención preliminar contra Castillo vencía hoy por la tarde. Pero, según el código procesal penal, y ante el pedido del Ministerio Público de prisión preventiva, Castillo debe permanecer en prisión hasta que se realice la audiencia.
Luego de que el Ejecutivo presentara el lunes pasado un proyecto de ley de reforma constitucional con el fin de convocar a elecciones generales para abril de 2024, la presidenta de la República Dina Boluarte señaló hoy que el plazo puede acortarse aún más y deslizó la posibilidad de que los comicios se realicen en diciembre de 2023.
“Legalmente, los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, esto se puede adelantar a diciembre de 2023. Antes de esa fecha, técnicamente, legalmente, no calzaría”, sostuvo la mandataria.
Actualmente, Dina Boluarte enfrenta un periodo de crisis gubernamental por la convulsión social que vive el Perú, que ha dejado siete fallecidos durante el enfrentamiento con la policía, decenas de heridos y diversos actos de violencia contra entidades públicas y privadas.
La presidenta Boluarte indicó que establecer una fecha para los comicios depende sobre todo del Congreso y de los organismos electorales.
“Como presidenta de la República, tengo que ser responsable y decir: en estos tiempos, que no dependen de mí, sino del Congreso y del ente electoral, se va a llevar a cabo el adelanto de elecciones”, dijo en declaraciones a diversos medios desde Palacio de Gobierno.
#LoÚltimo En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta Dina Boluarte señaló que podrían realizarse elecciones generales en diciembre de 2023. "Legalmente, los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, esto se puede adelantar a diciembre de 2023", indicó. pic.twitter.com/Vfn6xyA5Ef
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 14, 2022
Hace dos días, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, se pronunció al respecto y sostuvo que todo proceso electoral debe seguir, aún en una situación excepcional, las fases necesarias que garanticen la transparencia.
“[Expresamos] nuestra opción por la realización de elecciones, pero dentro de los marcos de la democracia previstas en nuestros documentos nacionales e internacionales”, señaló según una nota de prensa del JNE.
En esa línea, el Ejecutivo remitió inicialmente el lunes 12 de diciembre al Congreso un proyecto de ley para realizar elecciones en abril de 2024. Allí mencionaron, por ejemplo, que la norma vigente requiere que la convocatoria de los comicios se produzca con 270 días de anticipación, además de la necesidad de que haya elecciones primarias.
Esta iniciativa del Ejecutivo es una de las propuestas de adelanto de elecciones que el Congreso de la República debatirá el día de mañana jueves en el Pleno.
Junto a ella, también se tratará como punto de agenda el dictamen de adelanto de elecciones para 2023, aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento el pasado 1 de diciembre, y el cual recoge los proyectos de ley presentados por las congresistas Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) y Digna Calle (Podemos Perú).
Por acuerdo de Junta de Portavoces, se acordó invitar al ministro de Justicia, José Tello, Alfaro, para que participe en dicha sesión.
#LoÚltimo Congreso de la República agendó debatir mañana en el Pleno las propuestas de adelanto de las elecciones generales. Por acuerdo de Junta de Portavoces, se acordó invitar a esta sesión el ministro de Justicia, José Tello Alfaro [@josetelloalfaro]. pic.twitter.com/qdj1V8gfFm
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 14, 2022
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