Durante una entrevista televisiva, César Vásquez, titular del Ministerio de Salud (Minsa), fue cuestionado respecto al incremento de las cifras de pobreza que recientemente dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Al respecto, Vásquez intentó explicar los motivos de esta situación y, como parte de sus argumentos, dijo lo siguiente: “Venimos de un país donde han [habido] 500 manifestaciones totalmente violentas”. Tras revisar informes sobre las protestas que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y consultar con un especialista, OjoPúblico concluye que esta versión es falsa.

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Como se recuerda, tras el frustrado golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, y la posterior asunción de mando de la presidenta Dina Boluarte, se iniciaron distintas protestas en el país. Distintos reportes e informes de organizaciones nacionales e internacionales analizaron los hechos, pero ninguno señaló que se hubieran producido 500 protestas “totalmente violentas” como aseguró el ministro de Salud.

Consultado para esta verificación, el adjunto de la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Luis Alvarado, precisó que –de acuerdo con una actualización hasta el cierre del 2023–, en el periodo que va del 7 de diciembre del 2022 al 28 de febrero del 2023, se contabilizaron 1.716 acciones de protestas, que incluyeron movilizaciones, paralizaciones, concentraciones, plantones, vigilias y marchas por la paz. De ese total, en 312 (18,2%) se presentaron actos violentos.  

Alvarado explicó que las cifras de la Defensoría sobre acciones de protesta continúan en constante actualización, debido a que aún reciben información de entidades como la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran); la Policía Nacional del Perú (PNP), entre otros.

“Nosotros tenemos un sistema de monitoreo que recoge principalmente información a través de las supervisiones que ha realizado la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional, de las protestas que ocurrieron entre diciembre de 2022 hasta marzo de 2023. También hacemos pedidos de información a las instituciones públicas [y realizamos] un monitoreo de los medios de comunicación y redes sociales, verificando y contrastando esa información”, explicó el adjunto.

En marzo de 2023, el documento “Crisis política y protesta social: Balance defensorial tras tres meses de iniciado el conflicto”, publicado por la Defensoría del Pueblo, detalló que desde el 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023, se realizaron 1.327 acciones de protesta, entre movilizaciones, paralizaciones, vigilias y concentraciones. En ese sentido, la Defensoría señaló que “algunas de las acciones que se han dado durante la protesta se han caracterizado por el uso de la violencia”

En específico, 153 de esas acciones incluyen hechos de violencia relacionados con la toma de instalaciones, destrucción o daño a la propiedad pública o privada y enfrentamientos con las fuerzas del orden. La entidad precisó que la agenda de los protestantes, aunque diversa, tenía objetivos o motivaciones políticas: el cierre del Congreso, elecciones generales, una asamblea constituyente, la renuncia de la presidenta de la República y la liberación del expresidente Pedro Castillo.

Meses después, en mayo de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su reporte de los hechos titulado “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”. 

Según este documento, y con base en datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023 –un periodo algo más corto que el analizado por el organismo peruano–, hubo 477 manifestaciones a nivel nacional. De ese total, 323 fueron movilizaciones, 80 paralizaciones, 68 concentraciones y plantones, y 6 vigilias. 

Contra lo afirmado por el ministro Vásquez, la CIDH señaló que, además, se presentaron 45 marchas por la paz y 68 hechos de violencia, de diverso tipo. 

“El Estado informó que la gran mayoría de manifestaciones se llevó a cabo de forma pacífica. Sin embargo, expresó que, a partir del 9 de diciembre, se empezaron a registrar bloqueos, desmanes y ataques sincronizados a sedes de instituciones estatales y otros puntos críticos de infraestructura en varias provincias, así como a empresas privadas”, se lee en el informe de la CIDH.

En abril de 2023, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó el informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, basado en entrevistas a más de 140 personas, entre testigos, deudos, policías, abogados, entre otros, así como en la revisión de autopsias e informes de balística, registros médicos y otros documentos.

“Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, algunos manifestantes cometieron actos de violencia. Las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluso disparando fusiles de asalto y pistolas contra manifestantes”, refiere el reporte de HRW.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también emitió un reporte sobre las protestas en nuestro país en octubre del 2023. Su análisis incluyó el origen del estallido social, pero se enfocó en los primeros cuatro meses del 2023.

Cabe precisar que una misión técnica de esta entidad se encargó de visitar diferentes regiones del país para recoger un conjunto de informaciones, como los testimonios de 280 ciudadanos, entre víctimas, familiares y testigos; también sostuvo reuniones con autoridades locales y regionales, representantes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y autoridades de Salud; además, revisó evidencias audiovisuales, documentos y expedientes judiciales, e informes médicos y autopsias. 

Con esa base, la “OACNUDH observa que la mayoría de las manifestaciones en Perú se llevaron a cabo pacíficamente. Sin embargo, también se produjeron actos de violencia por parte de manifestantes y otras personas que causaron heridos, incluidos agentes de policía y miembros del ejército, así como la destrucción de bienes públicos y privados”.

En resumen, tras el estallido social ocurrido a raíz del golpe fallido y la caída del expresidente Pedro Castillo, diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales analizaron los hechos y señalaron que en algunas de las protestas se produjeron actos de violencia. Pero ninguno de los informes que son de público conocimiento –como los cuatro señalados en este chequeo– señala que se haya producido medio millar de protestas violentas. 

OjoPúblico intentó comunicarse con el ministro de Salud a través de sus redes sociales, su contacto personal y la oficina de prensa del Minsa, con el fin de obtener precisiones sobre su declaración; sin embargo, al cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.

En función a lo expuesto, OjoPúblico concluye que es falsa la versión del ministro de salud, César Vásquez, según la cual hubo más de 500 manifestaciones violentas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a las que atribuyó parte de la crítica situación económica que vive actualmente el país.