Las historias que otros no te quieren contar
Ronald Atencio y Raúl Noblecilla anunciaron que dejarán de ser abogados de Pedro Castillo. Desde el pasado 7 de diciembre, cuando dio su frustrado golpe de Estado, el expresidente ha tenido a cinco asesores legales en total, sin contar con el abogado del Estado que se le designó para su audiencia de prisión preventiva.
Pedro Castillo se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre. Foto: Facebook de Guillermo Bermejo.
Los abogados Ronald Atencio y Raúl Noblecilla anunciaron que no continuarán ejerciendo la defensa legal del exmandatario, quien se encuentra detenido de manera preventiva por 18 meses tras el fallido golpe de estado que dio el último 7 de diciembre.
“Habiendo conversado con nuestro patrocinado Pedro José Castillo Terrones, de forma conjunta se ha decidido que no continuaremos ejerciendo su defensa, reservándonos las razones sobre la misma”, indicaron a través de un comunicado difundido vía redes sociales.
La semana pasada, Atencio y Noblecilla no se presentaron en la audiencia de prisión preventiva que afrontaba Pedro Castillo. Según informaron, fue una decisión conjunta tomada entre los tres, pues consideraban que no había garantías de un debido proceso judicial.
Ambos han trabajado como asesores del congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) en el Congreso de la República. Además, el pasado 4 de diciembre, Castillo nombró a Noblecilla como viceministro de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Desde el pasado 7 de diciembre, Pedro Castillo ha tenido cinco abogados distintos: Benji Espinoza, quien renunció tras conocer el golpe de Estado de Castillo; Aníbal Torres, extitular de la PCM, quien acompañaba a Castillo a la embajada de México cuando este fue detenido; Miguel Pérez Arroyo, quien renunció indicando haber sido víctima de “ataques directos por parte su círculo [de Pedro Castillo] más cercano”. A ellos se suman ahora Ronald Atencio y Raúl Noblecilla.
Durante la audiencia sobre la solicitud de 18 meses de prisión preventiva en su contra, Castillo fue defendido por el abogado de oficio Ítalo Díaz.
El entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, junto al mandatario de México, Andrés Manual López Obrador. Foto: Andina
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó nuevamente su disposición de brindar asilo político al exmandatario Pedro Castillo y su familia.
Lo dicho por AMLO se produce un día después de que la presidenta peruana Dina Boluarte revelara en una entrevista con el programa dominical Panorama, que este país le había otorgado el asilo político a la exfamilia presidencial.
Ante la pregunta de una periodista mexicana, AMLO se limitó a señalar que había un proceso en trámite, pero no confirmó si oficialmente se le había otorgado ya el asilo a la familia de Castillo.
“Va a depender del presidente Castillo, porque él va a aprobarlo, a solicitarlo. Se hizo una solicitud, pero [como] se lleva a cabo un proceso, se le tiene que preguntar. Si él está de acuerdo, si él lo desea, nosotros tenemos las puertas abiertas para el presidente de Perú, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos en Perú, porque esa es nuestra tradición de política exterior”, respondió hoy el mandatario mexicano, durante una de sus habituales conferencias de prensa.
La noche del domingo, Boluarte había señalado que la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, le informó más detalles sobre el asilo político en México para Lilia Paredes, esposa de Castillo, y sus hijos.
“Hace unos días, la canciller [de Perú] me comunicó que el Estado mexicano estaba pidiendo… que ya había dado el asilo político [a la familia de Castillo]. Yo lo que dije le dije a ella es que proceda conforme a ley, todo lo que enmarca el marco legal", dijo en la entrevista con Panorama.
La presidenta Boluarte sostuvo que las investigaciones que tiene Lilia Paredes en su contra no serían impedimento para que se le otorgue el asilo político. "Lo que la Canciller me dice es que la investigación que se está dando en la Fiscalía no tendría por qué inmiscuirse en el tema de un probable asilo político", puntualizó.
Actualmente, la exprimera dama Lilia Paredes es investigada por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos. Por ello, el Poder Judicial ordenó que afronte este proceso con un régimen de comparecencia con restricciones, aunque desestimó el pedido de la Fiscalía para que se le prohíba salir del país durante 36 meses.
De acuerdo con la denuncia constitucional presentada el pasado 11 de octubre por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra Castillo y dos de sus exministros, Lilia Paredes presuntamente participó —como integrante del brazo familiar— en la adjudicación irregular de contrataciones públicas municipales comprendidas en el Decreto de Urgencia 102-2021, del Ministerio de Vivienda.
En su intervención, AMLO señaló que México le daría asilo “a todos los que se sientan acosados o perseguidos en Perú”. La declaración va en tono con la postura adoptada por este país con Castillo, quien afronta investigaciones por corrupción y cuyo entorno cercano se ha caracterizado por eludir las acciones de la justicia: su sobrino Fray Vásquez Castillo y su exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, están prófugos.
En el entorno familiar de Castillo, otros tres hermanos de Lilia Paredes afrontan investigaciones en su contra: Yenifer, David y Walter Paredes se encuentran también con un régimen de comparecencia con restricciones.
Además, Bruno Pacheco —quien se desempeñó como secretario general del Despacho Presidencial de Castillo— también estuvo prófugo, aunque se entregó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en julio pasado.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso encargó al congresista Diego Bazán (Avanza País) la elaboración del informe final de la denuncia constitucional por delitos de corrupción presentada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado.
La designación se produjo tras la renuncia de la congresista Noelia Herrera a la tarea que se le había encomendado inicialmente el 5 de diciembre. Durante la sesión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señaló que el plazo máximo para presentar el informe final es el próximo martes.
Diego Bazán tendrá en sus manos otra denuncia constitucional en contra del exmandatario. El mes pasado, el congresista —que renunció a la bancada de Renovación Popular— sustentó el informe final que recomendaba acusar a Pedro Castillo por infracción constitucional y el delito de traición a la patria. El mismo informe recomendó la inhabilitación de Castillo para ejercer cargo público alguno por cinco años.
El informe final fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero ante un recurso de hábeas corpus presentado por el expresidente Castillo, el Tribunal Constitucional decidió anular la decisión adoptada por dicha instancia del Legislativo.
Como se recuerda, el último 11 de octubre, la fiscal de la nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La denuncia también incluye a Geiner Alvarado, exministro de Construcción, Vivienda y Saneamiento, y Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones.
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