En el marco de las recientes versiones de colaboradores eficaces obtenidas por la Fiscalía en Brasil, que incluyen el presunto contrato simulado por una conferencia en ese país, el expresidente Alan García aseguró que no le pareció antiético haber recibido dinero de empresas que habían ganado licitaciones durante su gobierno porque “[...] eran empresas, en el año 2012, totalmente limpias”. Luego de revisar los antecedentes del caso Lava Jato, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.

La declaración del expresidente se produjo en una entrevista en la que se le preguntó específicamente lo siguiente:

-¿No le parece antiético recibir dinero de empresas que ganaron licitaciones durante su gobierno?

La respuesta de Alan García fue:

-En absoluto, porque eran empresas, el año 2012, totalmente limpias. El escándalo comienza el 2016.

Si bien en diciembre del 2016 se conocieron detalles de los sobornos pagados por Odebrecht en el Perú a raíz del acuerdo firmado por esa empresa con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos -lo que incluyó el reconocimiento del pago de 29 millones entre el 2005 y el 2014- las evidencias de presuntas irregularidades que involucraban a varias de las empresas comprendidas en el Caso Lava Jato se remontan por lo menos hasta el 2005, cuando la Contraloría General de la República cuestionó que ProInversión otorgara la ejecución de la Interoceánica Sur a las constructoras brasileñas Odebrecht y Queiroz Galvao y la peruana Graña y Montero, a pesar de que estas mantenían procesos judiciales pendientes con el Estado Peruano, algo que contravenía directamente los requisitos señalados en las bases del contrato.

El 4 agosto del 2005, el mismo día en que se iba a firmar el contrato de concesión, la Contraloría alcanzó a Proinversión el oficio N° 262-2005-CG/VC para reportar que las empresas constructoras estaban involucradas en los siguientes procesos judiciales con el Estado por obras mal realizadas o términos incumplidos:

-Cuatro demandas relacionadas a obras de rehabilitación del Proyecto Chavimochic, a cargo del consorcio Chimú (integrado por Odebrecht y Graña y Montero), por lo cual el Estado reclamaba una indemnización por daños y perjuicios de 364,594.54 dólares (más de un millón 200 mil soles de la época).

-Una demanda del Estado contra Constructora Norberto Odebrecht por el incumplimiento del contrato de construcción de un canal para el Proyecto Río Cachi, por lo cual se le reclamaba una indemnización por daños y perjuicios de 4 millones 770 mil dólares (más de 15 millones 741 mil soles de la época).

-Una demanda presentada por la empresa Queiroz Galvao contra la Contraloría por haberse opuesto a que el Estado le pagara la suma de 2 millones 197 mil dólares por obras de rehabilitación y mejora de la carretera Cusco-Juliaca-Desaguadero.

El oficio de la Contraloría -recogido años después en el Informe Pari- señalaba expresamente: “[...] de los reportes que obran en la Procuraduría Pública Adscrita a la Contraloría General, se han identificado que las referidas Empresas tienen procesos judiciales por y en contra del Estado, alcanzando la información, en virtud de lo dispuesto por el literal b) del artículo 15 de la Ley N° 27785, alcanzando la información, para los fines de ley [sic]”.

A pesar de estas advertencias, Proinversión continuó con los procedimientos y pocas horas después, el mismo 4 de agosto del 2005, el contrato de concesión fue firmado por el entonces presidente Alejandro Toledo.

Los entretelones de este episodio, considerados tan graves que podían derivar en la anulación de los contratos y la paralización de las obras, fueron hechos públicos en los primeros días de septiembre del 2005 en dos reportajes realizados por los periodistas Ángel Páez y María Elena Hidalgo, de la Unidad de Investigación del diario La República.

De hecho, en el segundo de los reportajes se consigna un anuncio del propio Alan García acerca de que intercedería ante los gobernadores de las regiones donde se habían ejecutado obras de manera deficiente, para llegar a un acuerdo con las constructoras envueltas en procesos con el Estado.

“Voy a hablar con los presidentes de las regiones Ayacucho y La Libertad para pedirles que hagan todo lo necesario a fin de lograr una solución que permita dejar libre el camino (de la Interoceánica). Esto, mediante una solución que podría ser extrajudicial y que permita el comienzo de las obras”, indicó el pronunciamiento atribuido al exmandatario.

Pero ese no fue el único antecedente que disparó las alertas sobre irregularidades atribuidas a las empresas aludidas por el expresidente. En agosto del 2011 (apenas nueve meses antes de la conferencia de Alan García en Brasil), el medio IDL-Reporteros reveló que al menos cuatro de las obras ejecutadas por consorcios en los que Odebrecht era el socio dominante terminaron con importantes sobrecostos que en total pasaron los 750 millones de dólares. Una de esas obras era el tramo 1 del Tren Eléctrico, que tuvo un costo adicional de 109 millones de dólares.

Fuente: Infografía de IDL-R (2011)

Cabe precisar que -como ha informado IDL-R en su oportunidad- Odebrecht, sola o en consorcio, se situó en el segundo puesto del ranking de los 100 proveedores más importantes del Estado Peruano en el 2009. En el 2011, alcanzó el primer lugar.

En la segunda parte de ese reportaje del 2011, se informó también que Odebrecht ya presentaba problemas en la región: tres años antes, en 2008, había sido multada en Venezuela con 225 millones de bolívares (unos 144 millones de dólares) por una supuesta omisión de ingresos en su declaración de impuestos. Y ese mismo año el gobierno ecuatoriano expulsó a la compañía de su territorio al confirmarse severas fallas en las operaciones de la hidroeléctrica de San Francisco, que la empresa debió reparar, una situación que requirió la intervención del ejército de ese país para evitar una crisis energética.

Dicho esto, volvamos a la declaración de Alan García que estamos verificando. La pregunta del caso fue:

-¿No le parece antiético recibir dinero de empresas que ganaron licitaciones durante su gobierno?

Y García respondió:

-En absoluto, porque eran empresas, el año 2012, totalmente limpias.

Como se recuerda, la semana pasada el colaborador eficaz Marcos de Queiroz Grillo, encargado de generar recursos para el departamento de coimas de Odebrecht, confirmó que el pago de 100 mil dólares por la conferencia ofrecida en el 2012 por García en Brasil se realizó mediante un contrato simulado, firmado con posterioridad, por orden de Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú, una de las empresas que -como se ha visto líneas arriba- ya entonces habían sido cuestionadas por la Contraloría, tenían procesos judiciales contra el Estado, y sobre las que ya se habían disparado las alertas por presuntas irregularidades en Perú, Ecuador y Venezuela.

Según Ricardo Pinedo, secretario personal de Alan García, el propio Barata se reunió con el expresidente para coordinar detalles de la referida conferencia.

En ese momento ya se conocían todos los antecedentes detallados en esta verificación.

OjoPúblico solicitó precisiones al expresidente Alan García acerca de su declaración. A través de su secretario, el expresidente respondió que “se ratifica en todos sus extremos sobre esa afirmación”.

Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación del expresidente Alan García respecto a que las empresas que contrataron en su gobierno y luego le realizaron pagos -envueltas posteriormente en el escándalo Lava Jato- eran totalmente limpias en el 2012, es engañosa.