El jefe territorial del Cuerpo General de los Bomberos para Lima y Callao, el comandante Mario Casaretto, fue consultado sobre las medidas que podían tomarse para prevenir situaciones como el reciente incendio en Mesa Redonda. En la entrevista, realizada en el lugar del desastre, Casaretto comentó que las normas deberían ser más estrictas hacia las casas ubicadas en zonas comerciales, debido a que son utilizadas con otros fines, y precisó: “La norma no permite a la autoridad municipal ingresar a este tipo de inmuebles, verificarlos interiormente”. Tras consultas con especialistas y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), OjoPúblico concluye que esta afirmación es verdadera.

[15:05 - 15:19]

La declaración precisa del comandante Casaretto fue la siguiente: “Yo considero que, para poder corregir esto, las leyes deben cambiar, ser más rígidas, más estrictas, con la finalidad de que los domicilios en zonas comerciales como esta no sean inviolables. Lamentablemente, la norma no permite a la autoridad municipal ingresar a este tipo de inmuebles, verificarlos interiormente. Simulan ser una vivienda, sala, cama, todo en la sala, y el resto de ambientes se convierten en depósito”.

Consultada para esta verificación, la gerenta de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Zuleyka Prado Maza, confirmó que las competencias municipales no permiten al área fiscalizadora verificar el uso que se le da a las viviendas, aun cuando estén ubicadas en zonas comerciales.

“La Municipalidad interviene en todo ambiente al que le haya dado autorización, sea como licencia de construcción, licencia de funcionamiento o certificado de Defensa Civil. Esos son los tres documentos que da [...]. Cuando veo un tema de vivienda, no puedo entrar. Solo puedo entrar a ambientes que tienen otro tipo de usos”, explicó Prado.

Información reciente de la MML da una idea de la dimensión del problema: el área comercial conocida como Mesa Redonda comprende 153 manzanas, divididas en 5 zonas, que ocupan el 30% del Centro de Lima.  En ese espacio existen 2706 lotes y 53,557 unidades catastrales.

En cuanto al uso, la Municipalidad registra 18,217 licencias comerciales en Mesa Redonda y el Mercado Central. El 81% de esos permisos son para negocios del giro de venta de ropa, zapatos y productos de limpieza. Todo esto, sin considerar los predios que transgreden las normas con uso irregular como el denunciado tras el reciente incendio.

La actual gerenta de Fiscalización precisó que, al advertir irregularidades -como el ingreso de productos o actividades que no se condicen con las de un inmueble destinado únicamente a vivienda-, el área de Fiscalización debe solicitar al propietario el permiso para ingresar e iniciar el proceso sancionador. En caso de negativa, solo puede aplicar una multa.

Prado comentó que, a pesar de la existencia de pruebas o quejas previas, lo que puede pasar es que se inicie un proceso administrativo, en que los imputados tienen la posibilidad de apelar las sanciones en distintas instancias. Culminado ese proceso, la Municipalidad tiene que hacer una denuncia ante la Fiscalía, con la posibilidad de que el caso pase al Poder Judicial. “Todo eso puede durar de 9 meses a 3 o 4 años”, indica Prado. Para cuando se llegue al punto en que el juez deba dictar la orden de descerraje, es posible que la falta haya prescrito.

El artículo 14°-D de la Ordenanza N° 984, que señala las sanciones que puede imponer la Municipalidad Metropolitana de Lima -en base al “Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA)”- precisa que los inspectores del Cuerpo de Vigilancia Metropolitano pueden realizar inspecciones con o sin previa notificación en los locales y bienes de personas naturales o jurídicas que son objeto de fiscalización por parte de la municipalidad, pero siempre en el marco del respeto del derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, cuando corresponda.
 

Ordenanza N° 984 que aprueba el “Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA)” de la MML.

El abogado César Castiglioni, especialista en derecho municipal, confirmó a OjoPúblico que los fiscalizadores no pueden ingresar a ningún inmueble calificado como vivienda, porque sería una violación de la propiedad privada, que solo puede ser afectada por mandato judicial o por la policía ante la evidencia de delito flagrante. “No hay manera de que entren, porque si entran es violación de tu domicilio, y, en consecuencia, tú los puedes botar, porque están perturbando la tranquilidad de tu domicilio”.

El especialista en temas municipales, José Tello, coincidió al comentar que, a menos que se trate de un local que tenga licencia de funcionamiento comercial, la municipalidad no puede fiscalizar.

“Lo que ha ocurrido en Mesa Redonda es que hay casas habitacionales que se han prestado para hacer almacenaje, y allí radica el problema, porque son propiedad privada. Por ejemplo, si hay material pirotécnico al fondo de la casa, [los fiscalizadores de la Municipalidad de Lima] no van a poder ingresar para verificar, si no tienen autorización”, declaró.

En opinión de Tello, en casos como estos sería necesario un fiscal de prevención del delito, que trabaje de manera estrecha con los funcionarios de Fiscalización.

En función a lo revisado, OjoPúblico concluye que la afirmación de Mario Casaretto, jefe territorial de los bomberos de Lima y Callao, respecto a que las normas no permiten que la autoridad municipal ingrese de oficio a las viviendas ubicadas en zonas comerciales para verificar su uso internamente, es verdadera.