Las historias que otros no te quieren contar
Verdadero
Verdadero
El vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública, Humberto Ramírez, alertó en una entrevista sobre la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que declaró fundada en parte una demanda de inconstitucionalidad sobre la capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República. En ese marco, dio el siguiente dato: “Tenemos cerca de 4.500 funcionarios o servidores sancionados de manera definitiva”. Luego de revisar el tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es verdadera.
[1:35- 1:41]
El funcionario dio esa información en alusión al impacto que podría tener la resolución del TC que declara inconstitucional el artículo 46 de la Ley 29622, que estableció un catálogo de cuatro infracciones genéricas, desarrolladas luego mediante un reglamento.
“Al declarar inconstitucional este artículo, ha generado que no tengamos la herramienta con la cual podamos sancionar, porque ya no hay los artículos donde se especificaba cuáles eran las conductas factibles de sanción. O sea, nos dan la facultad sancionadora, sí, nos la dan en el papel; pero al momento de aplicar, ya [no]. ¿Y qué cosa voy a sancionar? ¿Dónde está la conducta que voy a sancionar?”, indicó el vicecontralor.
A una consulta para esta verificación, la Contraloría General de la República, con base en información de su Gerencia de Responsabilidades, precisó a OjoPúblico que desde el año 2013 hasta marzo de este año se impusieron sanciones administrativas a un total de 4.468 funcionarios públicos con suspensiones o inhabilitaciones temporales para ejercer trabajos en el Estado.
La cifra fue confirmada por el propio Contralor General de la República, Nelson Shack, quien en una entrevista con RPP señaló que: "El Sistema Nacional de Control genera más de mil auditorías al año. En esas están involucrados entre 4 mil y 5 mil funcionarios públicos con responsabilidad administrativa".
Shack, indicó que “las que se están generando ahorita corresponden a los periodos de los años 2016, 2017 y 2018”.
La decisión del TC beneficiaría a los funcionarios sancionados administrativamente por irregularidades como las detectadas en las obras del proyecto Chichero, el tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, la carretera Tingo María-Tarapoto o la Variante de Uchumayo, en Arequipa, entre otros casos emblemáticos. “Todas las auditorías de los últimos años de la Contraloría, que han identificado responsabilidad administrativa funcional, están en entredicho hasta que no se resuelva claramente cuál va a ser el alcance de esta situación”, indicó, Shack.
En detalle, 1.409 de las sanciones vigentes se dieron de manera consentida, es decir, los funcionarios aceptaron la falta. Otros 3.059 servidores públicos apelaron, aunque posteriormente su sanción fue ratificada.
Además, existen hasta la fecha 15.246 funcionarios esperando la resolución final de las investigaciones que los involucran en irregularidades, y que se encuentran dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS).
El órgano fiscalizador también precisó que el mayor número de sanciones se dio a partir del 2017 con 1.457 casos, y luego en 2018, con 1.435. A la consulta sobre los motivos de esta variación respecto a los cuatro años anteriores, la CGR precisó que el Procedimiento Sancionador -aprobado por Resolución de Contraloría 100-2018-CG- puede durar hasta 210 días hábiles en primera instancia, y no tiene plazo para resolverse en segunda instancia dentro del periodo de caducidad. Por esa razón, como indicó el contralor, los expedientes evaluados en el 2016 y 2017 recién están quedando firmes a partir del 2018.
Otro de los motivos del incremento es el fortalecimiento de la capacidad operativa para el proceso sancionador: en setiembre de 2016 se conformó la Segunda Sala del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas; en mayo del 2018 se crearon tres órganos sancionadores adicionales que entraron en funciones a partir de octubre de 2018; y desde junio del 2018, entraron en funciones dos órganos instructores adicionales.
Según el Registro de sanciones inscritas y vigentes, publicadas en el portal de la CGR con información a marzo del 2019, la mayoría (39%) correspondían a la sanción regulada en el artículo 7, inciso h, considerada como muy grave y aplicada cuando se identificó que los funcionarios actuaron de manera parcializada en contra de los intereses del Estado en contratos, licitaciones, concursos de precios, subastas u otros procedimientos, dando lugar a algún beneficio ilegal sea propio o de terceros.
Otro 25% son las sanciones tipificadas en la sección 6q, que se refiere al incumplimiento de las disposiciones legales que regulan expresamente la actuación de los funcionarios. Cuando la afectación es económica, a la vida o a la salud pública, se le considera muy grave.
En seguida están las sanciones reguladas en el artículo 7, inciso n (12.5%), que da cuenta de los servidores que incumplen, se niegan o demoran de forma injustificada o intencional en el ejercicio de las funciones de su cargo.
Y luego, con 4% de los casos, están las sanciones del tipo 7b, que castiga la falta a la verdad o cualquier forma de falsedad en los procedimientos propios de los cargos públicos. Esta última incluye también los casos en que se da información falsa en declaraciones juradas de bienes o rentas, o en la declaración de conflicto de intereses, y representan perjuicio al Estado.
Solo en el último, año las entidades que más funcionarios sancionados tuvieron fueron el Gobierno Regional de Cusco (66), el Banco de la Nación (60), el Gobierno Regional de Tumbes (38), el Gobierno Regional de Cajamarca (37) y el Gobierno Regional de Pasco (34).
Tras lo revisado con relación a las sanciones impuestas por la Contraloría, OjoPúblico concluye que la afirmación del vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública, Humberto Ramírez, respecto a existen cerca de 4.500 funcionarios sancionados de manera definitiva, es verdadera.
Se ha añadido un artículo a su lista de lecturas
