Durante el último Pleno del Congreso, donde se evaluaron los avances del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, la congresista Alejandra Aramayo cuestionó que no se prioricen las necesidades de este grupo etario en casos de violencia, y como parte de sus argumentos dio el siguiente dato: “Tenemos menos de 30 cámaras Gesell operativas”. Tras verificar la información oficial sobre este sistema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.

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Las cámaras Gesell son ambientes especializados para que los fiscales realicen entrevistas a menores de edad que han sufrido hechos de violencia física, psicológica o sexual. Están a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) del Ministerio Público, y su uso y gestión están regulados en la Directiva N° 002-2018, publicada en mayo del 2018.

Según información remitida por el jefe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Juan Víctor Quiroz Mejía, a una consulta para esta verificación, hasta el 29 de abril de este año, la institución contaba con un total de 88 cámaras Gesell a nivel nacional, de las cuales 76 estaban operativas. Si bien el número sigue siendo insuficiente para atender los miles de casos de violencia sexual denunciados en el país (más de 28 mil el año pasado y más de 4 mil en los dos primeros meses del 2019), es más del doble de la cantidad indicada por la congresista Aramayo.

Recuento de la Gerencia de Operaciones del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

El documento elaborado por la Gerencia de Operaciones del Instituto de Medicina Legal da cuenta de la ubicación de este sistema en los distritos fiscales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali, Sullana, Santa, Tumbes, Ventanilla, Lima Este, Lima Sur, entre otros.

Recuento de la Gerencia de Operaciones del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

De hecho, en abril de este año, un informe realizado por RPP -con base en información de la Fiscalía- reveló que existían 75 cámaras instaladas en el país, a un costo de S/97.886 cada una. De ese grupo, 63 se encontraban activas y 12 se encontraban inoperativas por razones que iban desde la falta de equipamiento a la falta de personal.

OjoPúblico solicitó precisiones a la congresista Aramayo sobre su afirmación y le remitió la información actual del Ministerio Público, que difiere notoriamente de sus datos. En respuesta, el área de prensa de su despacho informó que el dato citado por la parlamentaria de Fuerza Popular correspondía a información compartida por el Ministerio de Justicia en agosto del 2018, durante una mesa de trabajo.

Sin embargo, según pudimos revisar en un proyecto de ley presentado por la propia parlamentaria en mayo del 2018, justamente para declarar de interés público la implementación de cámaras Gesell en Fiscalías, el dato de las 37 cámaras fue proporcionado en su momento por el Ministerio de Justicia en una mesa de trabajo realizada el 21 de febrero del 2018.

Exposición de motivos de la Ley Nº 30920 que declara de interés la instalación de cámaras Gesell en las fiscalías. P. 10.

Según cita la información de contexto citada en la iniciativa legislativa, del total de cámaras existentes en ese momento, una se encontraba inoperativa y la otra se encontraba asignada a casos de trata de personas.

Tras lo expuesto en la data actualizada del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público y los antecedentes sobre el número de cámaras Gesell, OjoPúblico concluye que la afirmación de la congresista Alejandra Aramayo respecto a que en este momento existen menos de 30 cámaras Gesell operativas, es falsa.