En el marco de los recientes cuestionamientos a las concesiones de Línea Amarilla y Rutas de Lima debido a sus vínculos con presuntos hechos de corrupción, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, alertó sobre las características de estos contratos que involucran el cobro de peajes, y mencionó el siguiente dato sobre la información que los sustenta: “Estos informes económicos financieros, estos modelos financieros [de los contratos de peajes], son información confidencial [..] por una norma que se dio en gobierno del presidente Humala, que fue ratificada en el gobierno de PPK y también en este gobierno”. Tras revisar la normativa al respecto durante dichos periodos, OjoPúblico concluye que esta afirmación es verdadera.

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Gutiérrez explicó que la importancia de tener esa información radica en que esos modelos económico financieros son los que sirven para justificar ese ese tipo de concesiones, por qué se entrega una concesión a cuarenta años y no veinte o treinta; por qué los peajes van a subir en determinados momentos, así como el motivo de los cobros y sus posibles incrementos a futuro; además de las prestaciones y contraprestaciones a desarrollarse en el vínculo con la empresa privada.

Gutiérrez calificó este nivel de reserva como “insostenible” en vista de los casos de irregularidades conocidos. “Si realmente hay un compromiso de lucha contra la corrupción, tanto el Gobierno como el Congreso deberían, hace rato, derogar esa norma. Porque yo puedo entender que, en el proceso de concesión, en la etapa de la postulación, usted no conozca mis fórmulas. En esa etapa. Pero después, por qué tendría que ser esto un secreto con siete candados. No tiene ningún sentido”, señaló el Defensor.

Al revisar los antecedentes de la normativa, efectivamente, durante el gobierno de Ollanta Humala, en marzo del 2014 se emitió la Ley N° 30167, que modificó el Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de asociaciones público privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada (D.L  N° 1012). Dicho cambio incorporó la confidencialidad de la información económica respecto a las variables de competencia utilizadas en los procesos de inversión privada.

Posteriormente, aún durante el gobierno humalista, en setiembre del 2015, este decreto fue derogado por el Decreto Legislativo N° 1224, que aprobó la Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. La nueva reglamentación mantuvo la confidencialidad sobre las evaluaciones económicas financieras, esta vez en su segunda disposición complementaria final.

En noviembre del 2016, a poco de iniciar el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se incorporaron modificaciones al Decreto Legislativo N° 1224. Sin embargo, se mantuvo la reserva sobre los modelos de negocios empleados, como se puede revisar en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1224 (Decreto Supremo Nº 254-2017-EF) que fue promulgado en agosto del 2017.

De igual forma, en julio del 2018, ya en el mandato del presidente Martín Vizcarra, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N° 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos. Esta norma derogó los anteriores decretos, pero mantuvo la misma calificación de confidencial para los modelos económicos financieros con relación a los contratos de asociaciones público privadas, como consta en la Primera de sus Disposiciones Complementarias Finales. 

A una consulta para esta verificación, la adjuntía de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo explicó que los informes económico financieros son el fundamento de cada contrato, en el sentido de que dan a las partes una conciencia respecto de si las cláusulas son idóneas o no para el tipo de finalidad contractual. El tipo de información que contienen se refiere a la proyección de ese negocio, cuántas inversiones se harán y cuánto se piensa recuperar. En el caso de los contratos de peajes, también los estudios sobre el servicio idóneo que permita una movilidad adecuada y sostenible, condiciones de mantenimiento, la calidad del servicio que va a recibir quien se mueva por esa vía, entre otros aspectos que ameritan sustento.

En ese sentido, desde febrero del 2017, la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso el Proyecto de Ley 947/2016-DP que propuso eliminar el carácter confidencial de las evaluaciones económicas financieras de los contratos de los proyectos de inversión privada en asociaciones público privadas. La iniciativa proponía aprobar una “Ley que promueve la transparencia en la adopción de decisiones públicas”, y en su fórmula legal incluyó de manera explícita, en el artículo 3, hacer pública la información referente a las evaluaciones económico financieras.

Tras revisar los antecedentes normativos al respecto, OjoPúblico concluye que la afirmación del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, respecto a que los informes económicos financieros de los contratos de peajes son información confidencial debido a una norma que se dio en gobierno del presidente Humala, ratificada en la gestión de PPK y también en el actual gobierno de Martín Vizcarra, es verdadera.