En el marco de la discusión sobre el pedido de confianza para aprobar las reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo, la congresista Marisa Glave señaló que algunas de estas propuestas tienen antecedentes de larga data que no han avanzado por falta de voluntad política. Como parte de sus argumentos, dio el siguiente dato: “El debate de inmunidad no se le ha ocurrido al presidente hace poquito porque odie al Parlamento, es un debate que está en nuestro país y en el Legislativo desde hace, por lo menos, siete años”. Tras revisar los antecedentes sobre el tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es verdadera.

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Según información pública del Congreso de la República, en los dos periodos legislativos recientes, 2011-2016 y 2016-2021, que abarcan los últimos ocho años, existieron más de 20 iniciativas legislativas referidas a modificar, limitar o hasta eliminar esta prerrogativa congresal que se encuentra establecida en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso.

En la anterior legislatura se presentó un total de 10 proyectos relativos al tema. Sin embargo, ninguno fue aprobado, según da cuenta el Informe Temático 16/2016-2017, titulado “La inmunidad parlamentaria: Antecedentes, marco normativo nacional y legislación comparada”, del Área de Servicios de Investigación del Congreso.

Informe Temático 16/2016-2017, titulado “La inmunidad parlamentaria: Antecedentes, marco normativo nacional y legislación comparada” del Congreso de la República.

En efecto, tal como señaló la congresista Glave, en noviembre del 2011 -es decir, hace siete años- se presentó el primer proyecto de ley, de ese periodo, relacionado a regular la inmunidad parlamentaria. La propuesta fue planteada por el grupo Concertación Parlamentaria, integrado entonces por Mauricio Mulder, Nicolás Elías Rodríguez, Javier Velásquez Quesquén, Luciana León y Carlos Bruce. Esta buscaba modificar el reglamento del Congreso para que la inmunidad no se aplicara “en los casos de, hechos, investigaciones o procesos abiertos por autoridad competente con anterioridad a la elección del congresista”. No fue aprobada con el argumento de que el reglamento del Congreso ya regulaba este criterio.

Tiempo después, el excongresista Marco Falconí presentó dos proyectos sobre inmunidad parlamentaria (1062/2011-CR y 1058/2011-CR) mientras fue miembro de la bancada Alianza Parlamentaria. Estos tenían por objeto establecer el inicio de la inmunidad a partir de que los congresistas fueran proclamados, y ya no desde su elección. Sin embargo, las propuestas fueron retiradas y nuevamente presentadas por el propio autor, pero esta vez con los números 1589/2012-CR y 1582/2012-CR y como parte de Perú Posible.

En la misma época, en agosto del 2012, el congresista Javier Diez Canseco, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio, presentó la iniciativa 1438/2012-CR, que tenía como fin precisar en la Constitución que los congresistas no podían ser procesados ni arrestados, únicamente en lo que respecta a “opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones”, acciones de fiscalización o funciones referidas a su actividad parlamentaria. En caso de cualquier otro delito imputado, sería la Corte Suprema la única instancia para autorizar el procesamiento o detención de los parlamentarios, y en el plazo máximo de 60 días.

Por otro lado, en octubre del 2013, el entonces congresista Yehude Simon, del Grupo Parlamentario Especial Humanista, propuso la iniciativa 2817/2013-CR, que planteaba eliminar la inmunidad parlamentaria de proceso. En términos del propio documento, el fin era que el “Ministerio Público y el Poder Judicial puedan investigar y procesar sin limitación alguna a los congresistas de la República [...]”.

Un mes después, la bancada Concertación Parlamentaria presentó la iniciativa 2941/2013-CR, que buscaba incorporar el silencio parlamentario positivo en el procedimiento de la inmunidad parlamentaria. Esto quería decir que, si en el plazo de 60 días el Congreso no se pronunciaba respecto a un pedido de levantamiento de la inmunidad, este se entendería como consentido. Esta iniciativa legal provino de la actualización de otro proyecto de ley presentado por el Partido Aprista Peruano en 2008, como se detalla en sus antecedentes.

En junio del 2016, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, entonces miembro del grupo parlamentario Acción Popular-Frente Amplio, presentó el proyecto 5358/2015-CR, que planteó modificaciones a los artículos 8 y 16 del Reglamento del Congreso, con el fin de que aquellos congresistas electos que tengan procesos penales y acusación fiscal antes de haber postulado, no puedan juramentar en tanto no se sometan a la justicia.

El proyecto también recomendó que los casos en que se imputen delitos de narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, traición a la patria, espionaje o agravio hacia el Estado, el Pleno del Congreso evalúe el levantamiento de la inmunidad de proceso y/o arresto en el plazo máximo de 24 horas. Este proyecto de ley volvió a ser presentado por García Belaunde durante el actual periodo legislativo bajo el número 2803/2017-CR, y, según precisa el documento, la fórmula legal estaba basada en un antecedente parlamentario que se remonta al 2010.

Además, en el actual periodo congresal se han presentado 11 propuestas referidas a la inmunidad de los congresistas. A partir del 2017 ingresaron al parlamento iniciativas relacionadas a reducir el alcance o incluso eliminar la inmunidad, como el proyecto 980/2016-CR presentado por Alberto Quintanilla y otros congresistas entonces agrupados en el Frente Amplio. Su propuesta legal, presentada en febrero de ese año, recogió el anterior proyecto presentado por el parlamentario Javier Diez Canseco en 2012.

Este primer proyecto tuvo dictamen negativo al igual que otros presentados en 2018 y 2019, como el de la congresista Patricia Donayre, que planteaba la eliminación de la inmunidad; la iniciativa 4085/2018 del Frente Amplio, y la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo como parte de la reforma política.

En el último mes, en el marco de las reformas enviadas por el Ejecutivo, proliferaron los proyectos de ley que modificaban la inmunidad congresal. Estos provinieron de las bancadas de Fuerza Popular, Frente Amplio, Cambio 21 y también de la no agrupada Yesenia Ponce, sobre quien pesa precisamente una solicitud de levantamiento de la inmunidad para ser procesada por el delito de falsedad genérica.

Consultada para esta verificación, la congresista Marisa Glave refirió que hizo su afirmación recordando el proyecto de ley presentado por el entonces congresista Javier Diez Canseco en el anterior periodo legislativo, al que consideró el más completo de los presentados en la época.

“En el contexto en el que estaba en ese entonces el Congreso, era una propuesta más avezada, porque las otras propuestas lo que hacían era incluir el plazo [para levantar la inmunidad] en la Constitución, que era lo que quería hacer originalmente el dictamen que propuso Bartra, y otros proponían solamente una modificación al reglamento, que es en teoría lo que van a hacer ahora en el Congreso”, explicó.

La parlamentaria recordó que dicha iniciativa legal planteó una reforma constitucional al artículo 93 de la Carta Magna, con el fin de que se mantenga la inmunidad congresal, pero únicamente por actividades vinculadas a la función.  “[Solo] cuando sea algo que tiene que ver con sus opiniones, comunicaciones, representación, requerimiento, interpelaciones, propuestas expresiones, o cualquier acto de fiscalización. Cualquier otro delito que se impute a los congresistas, ocurrido con anterioridad, se conocería en forma privativa por la Corte Suprema Justicia”, comentó.

Por su parte, José Elice, exoficial Mayor del Congreso y director de Reflexión Democrática, confirmó a OjoPúblico que el debate sobre esta prerrogativa parlamentaria se encuentra presente desde hace más de dos legislaturas. “Es un tema polémico que reaparece por tiempos. Sobre todo debido a la presencia de congresistas que tienen faltas a la ética, a la moral, o que arrastran delitos desde antes que iniciaran la gestión parlamentaria. Siempre aparecen proyectos relativos a su desaparición o regulación [...]. Es una prerrogativa que ahora se ve más por la actual lucha contra la corrupción, pero siempre ha estado presente”.

Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de la congresista Marisa Glave respecto a que el debate de la inmunidad parlamentaria está en nuestro país y en el legislativo desde hace por lo menos siete años, es verdadera.