Las historias que otros no te quieren contar
Verdadero
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Al iniciar su discurso para realizar el pedido de cuestión de confianza ante el Congreso de la República, el premier Salvador Del Solar comentó que existía una crisis de los partidos políticos que se manifestaba en su vulnerabilidad a casos de corrupción, y como ejemplo mencionó lo siguiente: “En los últimos años, 57 gobernadores regionales y más de 2.000 alcaldes y alcaldesas han sido vacados, procesados, sentenciados o se han fugado por abiertos actos de corrupción”. Tras revisar los antecedentes al respecto, OjoPúblico concluye que esta afirmación es verdadera.
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En septiembre del 2018, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a través de su Unidad de Análisis de la Información, publicó el informe temático “La corrupción en los gobiernos regionales y locales”, que identificó 4.225 casos de corrupción ocurridos en los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional, y por autoridades electas entre el 2002 y 2014. De este total, 222 casos tenían sentencias consentidas o ejecutoriadas mientras que 4.003 casos se mantenían en investigación.
Las regiones que tuvieron más incidencia de este tipo de casos fueron Junín (445), Cusco (439) y Lima (411). Les siguen Arequipa (252), Cajamarca (243), Áncash (226) e Ica (210) y luego San Martín (193), Pasco (168), Huánuco (165), Piura (161), Lambayeque (159), Amazonas (155), La Libertad (151), Ucayali (123) y Tumbes (117).
El informe de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción señala que la mayoría de los actos de corrupción se dieron en los procesos de contratación (58%) que efectuaron las autoridades regionales y locales desde sus respectivas instituciones. Específicamente, se encontraron más incidencias en las contrataciones de bienes y servicios (53%) y también de obras (47%).
El documento también reporta que 2.059 autoridades y exautoridades, provenientes de todas las regiones, habrían incurrido en actos de corrupción durante sus gestiones como gobernadores o alcaldes. En detalle, fueron 57 gobernadores regionales procesados o sentenciados por este tipo de delitos y 2.002 alcaldes (344 provinciales y 1.658 distritales).
En resumen, “[...] más de la mitad de los gobernadores regionales, electos en las elecciones de los años 2002, 2006, 2010 y 2014, se encuentran inmersos en procesos por delitos de corrupción”, se lee en la página 9 del documento técnico.
La Procuraduría también reportó que, del total de autoridades involucradas en estos hechos, 205 se encontraban en calidad de condenadas con sentencia firme (3 gobernadores, 22 alcaldes provinciales y 180 alcaldes distritales). Solo este grupo generó un perjuicio al Estado de S/.7´727.744,23.
Con relación al número específico de autoridades involucradas en procesos de corrupción, las regiones más afectadas fueron Cusco (203), Lima (196), Junín (162), Arequipa (152) y Áncash (149).
Así también, se recuerdan casos emblemáticos en los que las autoridades regionales y municipales lideraron redes delictivas desde la administración pública, como ‘La Centralita’, referida a las acciones delictivas del exgobernador César Álvarez en Áncash; ‘Los Topos de Lima Sur’, instalados en la Municipalidad de Villa María del Triunfo; ‘Los Limpios de la Corrupción’, en la Municipalidad Provincial de Chiclayo; ‘San Bartolo’, en la municipalidad del mismo nombre. A su vez el caso ‘Antalsis’, que involucra a los gobernadores regionales de Madre de Dios, Junín y Cusco; y, finalmente, el de Gregorio Santos, exgobernador regional de Cajamarca, acusado de liderar una organización criminal que benefició a empresas con contrataciones a cambio de favores económicos.
Consultado para esta verificación, el procurador público Amado Enco confirmó que las cifras dadas por Del Solar coinciden con el informe publicado por la Procuraduría el último año. El funcionario destacó que los datos eran alarmantes. “Nos llama bastante la atención tener más de 2.000 autoridades locales, entre alcaldes provinciales y distritales, es una cifra que preocupa. Son casos que se encuentran en giro, en investigación fiscal por corrupción, [y es] bastante alta en autoridades locales”, dijo.
“Este informe especial, por ejemplo, es precisamente sobre las implicancias de la corrupción en las gestiones municipales y regionales, en las que están directamente involucradas las máximas autoridades. Esperamos que las autoridades regionales y locales tomen conciencia de que es necesario revertir esta lamentable cifra. [...] La Procuraduría va a actualizar este informe, que seguramente lo presentaremos a fines de año, para ver cómo se han movido [las cifras]. Lo más probable es que los casos se incrementen, porque esa es la tendencia que venimos observando en los últimos tres años [...]”, añadió Enco.
Con relación al número de autoridades vacadas, a una consulta para esta verificación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó que durante el 2018 se declaró la vacancia de un total de 146 autoridades regionales y municipales. De ese grupo, 51 casos se debieron a diversos delitos como nepotismo (16), restricciones a la contratación (8) y condena consentida por delito doloso (27).
Eso se agrega a lo ocurrido en el 2017, cuando fueron vacadas 134 autoridades. En 25 casos, el proceso se debió a hechos vinculados a actos de corrupción, según un informe publicado en la Revista del Jurado Nacional de Elecciones de febrero del 2018 (pp. 14 y 15).
Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación del premier Salvador Del Solar, respecto a que en los últimos años 57 gobernadores regionales y más de 2000 alcaldes fueron vacados, procesados, sentenciados, o se han fugado por abiertos actos de corrupción, es verdadera.
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