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Engañoso
Engañoso
En una reciente sesión de la Comisión de Constitución en la que se debatían los criterios para la inscripción y cancelación de las organizaciones políticas, el congresista Gilbert Violeta alertó que existía una ausencia de supervisión oficial a las organizaciones políticas regionales, a diferencia de la que se hace a los partidos nacionales, y en ese marco, dijo lo siguiente: “¿A quiénes no se les controla el dinero que ingresan para la actividad política? A los movimientos regionales”. Tras revisar los antecedentes y la normativa al respecto, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.
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En el mismo debate, el congresista Violeta precisó su afirmación en los términos siguientes: “Hay un dato que es objetivo: la información que no se tiene, es precisamente porque los organismos de supervisión, los organismos electorales, no pueden entrar a mirar las cuentas de los movimientos regionales porque son cientos. Entonces, al tener una enorme dispersión electoral a nivel de los movimientos regionales, dificulta que esa labor que se hace con los partidos políticos se pueda hacer con los movimientos regionales”.
Según la Ley de Organizaciones Políticas, que comprende a las organizaciones de alcance nacional, regional o departamental y también a las alianzas electorales, estas se encuentran sujetas a acciones de verificación y control por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como precisa el artículo 34, referido a la Verificación y control.
La norma indica que seis meses después del cierre del ejercicio anual, todas las organizaciones políticas deben presentar ante la ONPE un informe sobre sus actividades económico-financieras, que debe contener los nombres de los aportantes, sus donaciones, y todo tipo de ingresos y gastos.
Con relación al desarrollo de las campañas políticas para las elecciones regionales y municipales, las organizaciones deben presentar también sus informes sobre ingresos y gastos en un plazo no mayor de 15 días hábiles posteriores a la conclusión del proceso electoral, ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Onpe.
La Resolución Jefatural N° 25-2018-JN/Onpe, que aprueba la actualización del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la Onpe, establece a su vez de manera explícita que las organizaciones políticas con alcance regional son pasibles de supervisión y sanción, con relación a sus fuentes de financiamiento.
Este reglamento también precisa que la información financiera debe estar suscrita por el representante legal y el tesorero de la organización política (partido o movimiento regional), así como contener un balance general con las cuentas detalladas, estado de ingresos y egresos, diferenciando las fuentes de financiamiento privadas y públicas. Así también, debe incluir notas a los estados financieros e información complementaria sobre estos.
Según esta normativa, la Onpe puede sancionar en el plazo de 4 meses después de vencido el plazo a las agrupaciones que no hayan presentado su informe económico. En el caso de que se cometan otro tipo de infracciones referidas a la información brindada, la Onpe tiene hasta dos años desde que se cometió la infracción para imponer una sanción.
El sistema de información ‘Claridad’, ubicado en el portal web de la Onpe, permite visualizar de manera detallada los ingresos y gastos de las organizaciones políticas según cada proceso electoral, diferenciando si se trata de partidos políticos, movimientos regionales o alianzas electorales.
En específico, para las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2018, de un total de 113 organizaciones políticas regionales, el 93.81% (106) cumplió con presentar su informe de ingresos y gastos de campaña. En relación al nivel de cumplimiento, 84 de estos movimientos entregaron la información económica dentro del plazo establecido, mientras que 22 organizaciones lo hicieron fuera del plazo.
Las primeras cinco organizaciones políticas regionales que registraron mayor nivel de ingresos para la campaña electoral del 2018 fueron Fuerza Chalaca (S/ 726.942), Todos Somos Ucayali (S/ 361.918), Movimiento Integración Loretana (S/ 242.842), Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna (S/ 237.835) y Sentimiento Amazonense Regional (S/ 205.000).
En relación a los informes anuales exigidos por la Ley de Organizaciones Políticas, el documento denominado “Procedimientos administrativos sancionadores contra organizaciones políticas y candidatos a cargos de elección popular”, preparado por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Onpe, da cuenta de que 24 organizaciones incumplieron su obligación de presentar información financiera a tiempo en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Tumbes.
Esta lista incluye a otras 11 organizaciones regionales que también fueron sancionadas por no presentar sus informes financieros, pero impugnaron la resolución.
El documento registra 11 organizaciones políticas regionales que cometieron otras infracciones detectadas en sus informes de financiamiento anual correspondiente al año 2017. Entre estas se encuentran entidades políticas como Arequipa Renace, Amazonas Siglo XXI, Movimiento Esperanza Región Amazónica, Súmate (La Libertad), Fuerza por Madre de Dios, Movimiento Independiente Amor por Madre de Dios, Pasco Verde, Selva Nuestra San Martín y Unidos por San Martín, que fueron sancionadas por no llevar libros y registros de contabilidad.
Así también, la organización Todos Somos Ucayali infringió el inciso 7, del Artículo 36 (Cuando los aportes en especie, realizados a la organización política, que no superen cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias no consten en el recibo de aportación correspondiente).
El documento de la Onpe registra 10 organizaciones políticas regionales que no presentaron información financiera sobre la campaña electoral de las últimas elecciones regionales y municipales 2018. En este último grupo se encuentran organizaciones de los departamentos de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Moquegua, Tumbes y Ucayali.
La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Onpe precisó a OjoPúblico que hasta la fecha se han elaborado 23 informes técnicos sobre fondos de organizaciones políticas, entre partidos y movimientos regionales, y que se encuentran pendientes de verificación 104 informes para completar la supervisión de todos los participantes en las últimas elecciones regionales y municipales.
Consultado para esta verificación, el congresista Violeta señaló que se refería a la reducida capacidad de la Onpe para fiscalizar a todos los movimientos regionales. “La Onpe ha demostrado que no tiene capacidad operativa real para abocarse a la fiscalización de los movimientos regionales, pues dado sus limitados recursos se tiene que concentrar fundamentalmente en los partidos nacionales”, explicó.
A la consulta de si estas organizaciones son pasivas de fiscalización, comentó que la ONPE podría supervisarlos, sin embargo, indicó que en más del 90% de casos la Onpe no tenía capacidad para identificar el origen del dinero de las campañas de los movimientos regionales. OjoPúblico pidió precisiones al congresista Violeta para conocer las fuentes en que basaba su afirmación, pero respondió que no tenía el dato exacto ni los documentos que lo sustenten. Añadió que la Onpe era la responsable de responder sobre el número de movimientos regionales que ya tenían informes de supervisión, con relación a las últimas elecciones regionales y municipales.
OjoPúblico extendió la consulta a Fernando Tuesta, especialista en temas electorales, quien confirmó que los movimientos regionales sí son fiscalizados por la Onpe, aunque con dificultades. “Los movimientos regionales son tan numerosos, que son más difíciles de poder controlar, pero eso no quiere decir que no se les controle”, precisó.
Consultado respecto a si estas agrupaciones también debían rendir cuentas sobre sus actividades anuales, refirió que también estaban obligadas, aunque muchas de estas solo estaban activas para los procesos electorales. “Sí lo tienen que hacer pero [pueden] decir que tienen cero ingresos y cero egresos, lo cual puede ser real, porque no tienen actividad [durante el año]. En cambio, el partido político [...] en época de no campaña tiene dinero público y lo gasta mensualmente; en consecuencia, debe haber una supervisión”, comentó.
Tuesta coincidió en que la Onpe tiene poca capacidad operativa debido a la ausencia de recursos. “En principio la Onpe sí se pronuncia, [...] pero tienen poco recursos [para trabajar]. Los partidos tienen que entregar los informes que la ley señala, pero el último año, el Congreso modificó la ley para que entreguen informes tanto los candidatos como los partidos. Eso significó cerca de 14 mil expedientes, cuando antes eran 200”.
Al respecto, el abogado especialista en temas electorales, José Tello, confirmó a OjoPúblico que los movimientos regionales deben rendir cuentas, según la Ley de Organización Políticas. “Los movimientos están fiscalizados, tienen que rendir gastos de campaña. Deben entregar sus reportes hasta 15 días después de haberse cerrado el proceso electoral”, explicó.
“Entiendo que el congresista se refiere a que la labor de la Onpe, desde el punto de vista de fiscalización, puede ser un campo demasiado amplio. [...] Yo particularmente veo que el trabajo es a cuenta gotas. [...] La Onpe aún no ha procesado toda esta información, está en un proceso de [...] validación de los datos. [Pero] sí lo está haciendo, habría que entender las declaraciones del congresista Violeta en el sentido de que esta es una labor titánica y amplia”, explicó.
Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación del congresista Gilbert Violeta acerca de que no se controla a los movimientos regionales sobre el dinero que ingresa para la actividad política es engañosa.
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