La congresista Rosa Bartra declaró que las sanciones impuestas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) contra su hermana por haber contratado con el Estado, a pesar de tenerlo prohibido por ser pariente de una funcionaria pública, eran evidencia de una persecución política en su contra. Y como parte de sus argumentos, dijo lo siguiente: “¿A cuántos [parientes de] funcionarios ha sancionado el OSCE? Solamente a mi hermana”. Tras consultar con dicha entidad y acceder a documentación de otros casos similares, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa. 

La congresista Bartra sostenía que se trataba de una represalia contra su familia por su rol como presidenta de la comisión investigadora del caso Odebrecht: “¿[Con] algún pariente de algún otro congresista o de algún otro funcionario están haciendo esto? No. Lo están haciendo con Rosa Bartra porque ha presidido la Comisión que descubrió lo de Odebrecht con respecto a Rutas de Lima, con respecto al gasoducto, con respecto a Chaglla, Chavimochic, Olmos”, señaló en referencia a diversas obras de infraestructura sobre las que se sospecha irregularidades o actos de corrupción.

Sin embargo, tras consultar con el OSCE y contrastar con información del Tribunal de Contrataciones del Estado, OjoPúblico identificó que existen por lo menos otros cuatro casos de proveedores del Estado que fueron sancionados por dicha entidad debido a que tenían vínculos familiares o económicos con congresistas de la República o funcionarios del Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, el caso más reciente, de abril del 2019, corresponde a la empresa Arqueo Andes S.A.C., que fue sancionada con 10 meses de inhabilitación para contratar con el Estado por presentar información inexacta para la adjudicación de un proyecto para el Ministerio de Cultura referido a evaluación arqueológica y elaboración de expedientes técnicos de monumentos arqueológicos en el marco del evento Rally Dakar.

Según la resolución N° 0739-2019-TCE-S3, la infracción se debió a que Arqueo Andes declaró que no tener ningún impedimento para contratar con el Estado, a pesar de que solo seis meses antes de ganar la buena pro, el entonces viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Luis Felipe Villacorta Ostolaza, fue su gerente general y el dueño del 99% de acciones.

El documento explica que las empresas en las que los viceministros han tenido participación superior al 30% del capital no pueden ser postores dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria. Por este hecho, se dejó sin efecto la adjudicación ganada por esta firma, que ascendía a S/ 359.337.

En marzo de este año, la empresa Cloudware 360 S.A.C. también fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado con una inhabilitación temporal de 6 meses, debido a que en febrero del 2017 contrató con el Ministerio de Economía y Finanzas a pesar de que el presidente del directorio era el entonces viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Jack Zillberman Fleischman, quien a su vez era poseedor del 25% de las acciones.

De igual forma, en marzo de este año, la empresa Red Medical Dental & Business E.I.R.L, cuyo gerente era Segundo Wilfredo Becerril, hermano del congresista Héctor Becerril, fue sancionada con 6 meses de inhabilitación. Según la resolución N° 0361-2019-TCE-S2, el caso se remonta a diciembre del 2015, cuando la empresa firmó con la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle (Huánuco) un contrato por el valor de S/1.506.562 para proveer equipos, mobiliario e instrumental médico.

La empresa fue encontrada responsable de dos infracciones por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La primera: haber contratado con una entidad pública a pesar de que lo tienen prohibido las personas jurídicas representadas por parientes de congresistas hasta el segundo grado de consanguinidad. La segunda: haber presentado información inexacta para lograr dicho contrato.

Esta no fue la única infracción que cometió la empresa Red Medical Dental & Business, vinculada al hermano del congresista Becerril. En enero de este año se le impuso una primera sanción de 12 meses de inhabilitación para brindar servicios al Estado por haber cometido las mismas dos infracciones. Esta vez, el contrato cuestionado se realizó en enero del 2018 por el monto S/. 198.548 para proporcionar equipos médicos al Gobierno Regional de Apurímac.

La empresa no presentó sus descargos hacia el OSCE en ninguno de los procesos. De modo que, en ambos casos, el Tribunal dispuso que se informe al Ministerio Público sobre los hechos, ya que brindar falsa declaración en procedimientos administrativos constituye un ilícito penal, según lo explican las respectivas resoluciones.

Según información brindada por el OSCE para esta verificación, la hermana de la congresista Bartra, Tania Bartra, tiene hasta 7 expedientes de aplicación de sanción. En cinco de ellos fue encontrada responsable de infracción y por tanto sancionada con entre 5, 6 y 7 de meses de inhabilitación para contratar con el Estado; en otro de los casos fue absuelta; y el séptimo, se encuentra aún en trámite. En al menos 3 de los casos, las inhabilitaciones contra Tania Bartra se extienden hasta enero del 2020.

Es importante destacar que anteriormente, en 2017, fueron sancionados por hechos similares empresas vinculadas a los hermanos de los congresistas Cecilia Chacón y Kenji Fujimori. En el primer caso, MEC Asociados S.A. fue inhabilitada por 10 meses por dar servicios al Gobierno Regional de Ucayali, aun cuando su apoderado y director era el hermano de Chacón, Juan Carlos Chacón De Vettori.

Con relación a Fujimori, la empresa que tenía como socia y representante a su hermana Sanchie Fujimori, SF Arquitectos, tuvo una sanción de 5 meses de inhabilitación. Ese año también fue encontrada como infractora la Escuela de Altos Estudios Jurídicos, que tenía como presidenta del Consejo Directivo a Ana Calderón Sumarriva, cónyuge del exconsejero Nacional de la Magistratura, Guido Aguila. 

Consultada para esta verificación, la congresista Rosa Bartra comentó que todos los casos antes reseñados se refieren solo a empresas. “El caso de mi hermana es de una persona natural víctima de la desnaturalización del contrato de locación de servicios para encubrir una contratación laboral”.

Bartra señaló que sus contrataciones con el Estado iniciaron en 2015, cuando ella aún no era parlamentaria.

“El Minedu fraccionó deliberadamente los procedimientos administrativos sancionadores para impedir que el Tribunal de Contrataciones del Estado pudiera pronunciarse sobre la desnaturalización del contrato de locación de servicios de que fue víctima mi hermana. [Ella] está recurriendo al Poder Judicial para defenderse”, añadió.

La congresista no comentó sobre los vínculos parentales entre otras personas y funcionarios públicos que originaron las sanciones arriba mencionadas.

Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de la congresista Rosa Bartra acerca de que del grupo de parientes de funcionarios que contratan con el Estado, el OSCE solo ha sancionado a su hermana es engañosa.