Las historias que otros no te quieren contar
En una primera verificación de los planes de gobierno presentados al Jurado Nacional de Elecciones, OjoBiónico ha podido establecer que varios candidatos presidenciales con opción de ganar las elecciones incluyeron propuestas y afirmaciones inexactas o abiertamente falsas con relación a las medidas que implementarían en un eventual gobierno a iniciarse en julio próximo. Estas propuestas corresponden a diversos ejes temáticos, de la economía a los derechos humanos, la administración de justicia o las políticas sociales.
Una muestra de esas inexactitudes, que podría dar una idea equivocada a los electores, es una afirmación del candidato Alejandro Toledo (Perú Posible) en materia de lucha contra el terrorismo. En su plan de gobierno se propone crear una unidad de élite para luchar contra el terrorismo internacional, a pesar de que la Policía Nacional ya cuenta con una división de esas características, como se explica líneas abajo.
La misma imprecisión se evidencia en la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio) sobre establecer la obligación de que los miembros de la Policía Nacional presenten declaraciones juradas de sus bienes o ingresos, y en la oferta de Alan García (Alianza Popular) para crear la figura de la colaboración eficaz en casos de delitos contra la administración pública. Ambas propuestas aparecen como si fueran soluciones novedosas, aunque ya existen y se ejecutan en la práctica.
En algunos casos, los planes de gobierno revisados incluyen propuestas que en realidad no dependen del Ejecutivo, sino de otros poderes del Estado, por lo que su implementación no está directamente relacionada al plan de gobierno y resulta una afirmación genérica. Incluso se ha detectado casos en que la propuesta tiene poco o nada de original, sino que es parte de una política en curso, y otros en que el planteamiento está fundamentado en datos erróneos.
OjoBiónico, el espacio de verificación de Ojo-Publico.com, revisó los 19 planes de gobierno presentados por todos los aspirantes a gobernar el país en el periodo 2016-2021. El resultado puede verse en las 13 frases detectadas que se explican a continuación.
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA INTERNA
Agrupación política: Alianza para el Progreso del Perú.
Candidato: César Acuña.
Propuesta: "Crear los juzgados sumarios adscritos a las comisarías, para el juzgamiento de delitos menores y otros delitos en caso de flagrancia. Al 2021 se tendrá el 100% de comisarías con jueces y fiscales".
Explicación: La disposición de asignar labores a los jueces y fiscales no depende del Poder Ejecutivo. Ya existe la Ley Nº 27939, coordinada con el Poder Judicial, que dispone la instalación de Juzgados de Paz Letrados en comisarías para resolver faltas e ilícitos penales menores. A la fecha existen 14 de estos juzgados en todo el país, aunque tienen carencias logísticas y de infraestructura.
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Agrupación política: Perú Posible.
Candidato: Alejandro Toledo.
Propuesta: “Crear una unidad de élite especializada en terrorismo internacional, con niveles de coordinación con pares en la región y el mundo”.
Explicación: Desde los años noventa existe una unidad especializada con estas características en la Dirección Ejecutiva contra el Terrorismo: la División de Investigación de Terrorismo Internacional (llamada Diviter, según el organigrama oficial de esta institución), ubicada en el centro de Lima, que cuenta con dos secciones encargadas de rastrear a grupos subversivos islámicos, células terroristas procedentes de Europa e incluso de países vecinos. Durante la última década, esta división ha sido responsable de detener a militantes de las FARC, narcotraficantes vinculados al tráfico de armas en Perú o a personas buscadas por la Interpol por acciones terroristas en el extranjero.
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Agrupación política: Alianza para el Progreso del Perú.
Candidato: César Acuña.
Propuesta: "Implantar progresivamente la exclusividad en el servicio policial (...). Al 2021 (la exclusividad debe) llegar al 100%".
Explicación: Ni la propuesta ni su ejecución son originales de César Acuña. Desde el 1 de enero de este año el gobierno puso en vigencia la ley que elimina el régimen del 24 x 24, el cual permitía comprar los días de descanso de los policías para dar seguridad a instituciones privadas o públicas. Jaime Reyes, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior (Mininter), indicó que su puesta en marcha es progresiva hasta terminar de nivelar los sueldos que recibían los agentes.
LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y LAVADO
Agrupación política: Peruanos Por el Kambio.
Candidato: Pedro Pablo Kuczynski.
Propuesta: “Establecer la obligatoriedad de todo el personal policial de hacer declaraciones juradas de bienes e ingresos anuales. La Inspectoría General verificará de manera aleatoria estas declaraciones”.
Explicación: La Ley Nº 27482 que regula la publicación de la declaración de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos ya obliga a los oficiales de la Policía Nacional a presentar sus declaraciones juradas desde el 2002. Además, en agosto del 2014, el director general de la policía, Jorge Flores Goicochea, dispuso que todo el personal de su institución presente este documento.
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Agrupación política: Perú Posible.
Candidato: Alejandro Toledo.
Propuesta: “Difundir en la web de las entidades públicas la relación de sancionados por corrupción”.
Explicación: Durante el gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Justicia (Minjus) creó el “Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por delitos en agravio del Estado por delitos de corrupción”, en donde está la lista de las personas sancionadas con condenas de prisión en instancia final a consecuencia de dicho tipo penal. Según la información del Minjus, este registro es administrado por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en base a la información entregada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. A través del mismo se busca garantizar el cobro de las reparaciones civiles que se deben al Estado.
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Agrupación política: Alianza Popular.
Candidato: Alan García.
Propuesta: “Establecer el mecanismo de 'colaboradores eficaces' en la acción y control de la administración pública”.
Explicación: Esta frase del plan de gobierno de Alianza Popular es engañosa y redundante, ya que el Código Procesal Penal establece desde el 2004 el mecanismo de la colaboración eficaz para combatir cualquier tipo de ilícito, incluido el delito de corrupción en la administración pública. La norma dice lo siguiente: el Ministerio Público puede “celebrar un acuerdo de beneficios y colaboración con quien se encuentre o no sometido a un proceso, así como con quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración que presten a las autoridades para la eficacia de la justicia penal”.
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Agrupación política: Todos por el Perú.
Candidato: Julio Guzmán.
Propuesta: “La UIF liderará el sistema de control anti-lavado en general. Esto además fortalecerá la imagen internacional en EGMONT… y obligará a cumplir criterios de UIF de otros países y se podrá contar con información de esas UIF”.
Explicación: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende actualmente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), ya comparte información (recibe y brinda) de otras 150 organizaciones similares en el mundo al ser parte del grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera desde el 2005. Es más, Sergio Espinoza Chiroque, actual jefe de la UIF, fue elegido el año pasado como presidente de dicha entidad mundial para el período 2015-2017. Egmont tiene como objetivo “mejorar la cooperación y el intercambio de información entre ellas para luchar de manera coordinada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
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JUSTICIA Y MEMORIA
Agrupación política: Fuerza Popular.
Candidato: Keiko Fujimori.
Afirmación: “No se ha considerado la reparación a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a los Comités Autodefensa”.
Explicación: En el periodo presidencial que termina se han presentado diversas iniciativas para hacer efectivas las reparaciones a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional afectados por el terrorismo. En abril del 2012, el grupo Alianza Parlamentaria presentó un proyecto de ley que creaba la "Comisión Especial para la Reinvindicación y Reparaciones a los Defensores de la Nación en la Lucha contra el Terrorismo". Aunque la ley tuvo un largo camino y fue finalmente observada en diciembre del 2015 por el Ejecutivo, hasta el año anterior el Gobierno ya habìa indemnizado a unos 2 mil miembros de las FF.AA. y la PNP, parte de las 72 mil vìctimas indemnizadas por un monto que bordeaba los 88 millones de dólares. Además, el Registro Único de Víctimas (RUV) reconoce como una de las fuentes preexistentes, el Registro de víctimas de la Policía Nacional y el Registro de víctimas de las Fuerzas Armadas y Comités de Autodefensa.
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Agrupación política: Alianza por el Progreso del Perú.
Candidato: César Acuña.
Propuesta: "Reestructurar el sistema de control interno que actualmente realiza el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que lo ejecute en su totalidad el Consejo Nacional de la Magistratura".
Explicación: La implementación de esta propuesta no depende del Poder Ejecutivo: La fiscalización y sanción de los magistrados está en manos de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), órgano disciplinario del Poder Judicial, que goza de autonomía funcional. El CNM, en cambio es un órgano independiente de los poderes del Estado que nombra a los jueces y fiscales.
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Agrupación política: Fuerza Popular.
Candidato: Keiko Fujimori.
Afirmación: “En total, nuestra Corte Suprema tiene una carga procesal equivalente a 42,649 casos o expedientes. Esta enorme carga procesal viene de años atrás y para enfrentarla se decidió crear temporalmente salas transitorias porque era humanamente imposible que 14 o 15 jueces supremos puedan atender semejante carga”.
Explicación: El informe “La Justicia en el Perú: Cinco grandes problemas”, de la revista Gaceta Jurídica, estableció que la carga procesal de la Corte Suprema alcanzó los 42.649 casos en el 2014. De ese conjunto 10.579 procesos fueron de años anteriores y 32.070 ingresaron como nuevos expedientes. La publicación destaca que en ese año la Corte Suprema resolvió 30.674 casos; es decir, 7 de cada 10 litigios fueron resueltos. En promedio, cada una de las siete salas que conforman la Corte Suprema resolvió el 71 % de su carga procesal. A pesar de una abultada carga de expedientes, el organismo judicial tiene una labor que no puede considerarse deficiente. Cabe reconocer que en el 2014 la institución estuvo formada por tres salas permanentes y cuatro salas transitorias que albergaron a 35 magistrados.
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ECONOMÍA Y DESIGUALDAD
Agrupación política: Peruanos Por el Kambio.
Candidato: Pedro Pablo Kuczynski.
Propuesta: “Las trabas burocráticas se han incrementado de manera alarmante. Es cierto que necesitamos mejores controles ambientales, especialmente en minería, en los sistemas de alcantarillado, y en el control de emisiones de vehículos y fábricas. Pero al mismo tiempo se ha complicado sobremanera la tramitología: una inversión en una mina grande hace 15 años requería 9 permisos de las instancias de Gobierno, mientras que hoy los permisos requeridos superan los 200”.
Explicación: Los indicadores de inversión en el sector minero no bajaron con la aprobación de la Ley General del Ambiente. El ex adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, sostiene lo siguiente: "No es cierto. Hace 15 años ya estaban vigentes las normas del código del ambiente y los estándares ambientales. No entiendo qué trámites cuenta el plan de gobierno de PPK para llegar a los 200. Los proyectos mineros, como otras actividades extractivas, deben cumplir con los EIA, CIRA, y la Consulta Previa si se requiere, pero después tienen los mismos trámites que cualquier otra industria".
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EDUCACIÓN Y SALUD
Agrupación política: Alianza Electoral Solidaridad Nacional.
Candidato: Nano Guerra García.
Propuesta: "Todos los peruanos tendrán derecho de atenderse en caso de una urgencia o emergencia en un establecimiento de salud público o privado".
Explicación: Desde el 2009 ya existe la Ley 29414 que establece los derechos de los usuarios de los servicios de salud públicos y privados, y entre estos se incluye la atención obligatoria de cualquier persona en situación de emergencia. Su reglamento y plena aplicación entró en vigencia en agosto del año pasado.
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Agrupación política: Partido Nacionalista.
Candidato: Daniel Urresti.
Afirmación: “Es claro que el aseguramiento universal es un fenómeno procesal, de manera tal que alcanzar una cobertura a los veintiocho millones de peruanos es una visión de largo plazo”.
Explicación: De acuerdo al plan de gobierno nacionalista, el indicador de cumplimiento de esta propuesta es la cobertura del “total de la población peruana”, con un plazo final a diciembre de 2019. El pequeño detalle es que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ya en el 2015 la población peruana alcanzó los 31 millones 151 mil 643 personas. La propuesta no hace distinción entre aseguramiento privado o público para delimitar el alcance, aunque según la Ley 29344 de Aseguramiento Universal en Salud, promulgada en el 2010, el sistema de aseguramiento universal solo puede entenderse con la inclusión del sistema público y el privado. La única referencia para definir a los beneficiarios indica: “Las premisas para el aseguramiento universal giran en relación a una cobertura de atención a toda la población residente en el territorio nacional”. Lo más probable es que la cifra de la frase sea un dato desactualizado, pero, en cualquier caso, significa que este plan de gobierno excluye a por lo menos 3 millones 151 mil 643 personas.
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NOTA:
Los criterios de verificación de OjoBiónico son los siguientes:
Verdadero: cuando el dato o la afirmación tiene sustento verificable en una base de datos oficial o fuente alternativa calificada (academia, think tanks, sociedad civil).
Engañoso: cuando el dato o afirmación es aparentemente válido o cierto, pero ha sido sacado fuera de contexto o no corresponde a la realidad.
Discutible: cuando la información tienen sustento en un tipo de fuente, pero también existe evidencia en sentido contrario de fuente alternativa calificada.
Insostenible: cuando el dato o información carece de evidencia sólida, sea oficial o alternativa, para ser comprobado.
Falso: cuando el dato o información es desmentido de manera concluyente por la propia evidencia oficial o, en su ausencia, de fuente alternativa calificada.
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