La congresista Karina Beteta, integrante de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, criticó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sea investigada en prisión por los supuestos aportes ilícitos para su campaña electoral por parte de la constructora brasileña Odebrecht, y para reforzar su argumento, dijo lo siguiente: “Keiko Fujimori [es la única líder de la oposición] que está privada de su libertad [mientras se investiga aportes de Odebrecht]”. Tras revisar los antecedentes del tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa. 

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La frase literal de Beteta, editada con fines periodísticos, fue la siguiente: “Los miembros del Tribunal Constitucional tienen que actuar respetando la Constitución. Y es evidente que se ha vulnerado su derecho principal de la señora Keiko Fujimori de poder ejercer su defensa de manera libre como lo están haciendo todos los demás líderes políticos que han sido cuestionados o acusados de haber recibido aportes de campaña, incluso algunos siendo gobierno, que están siendo acusados de coimas, pero se están defendiendo de manera libre. A diferencia de que la única persona por ser líder, en este caso, la señora Keiko Fujimori, de la oposición de este gobierno, es la que está privada de su libertad” [sic].

Esta declaración fue realizada tres días antes de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva por 18 meses que Keiko Fujimori cumplía en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Resoluciones judiciales de líderes políticos y exautoridades regionales implicados en presuntos aportes ilícitos de campaña y en la trama de corrupción ‘Lava Jato’, demuestran que lo dicho por Beteta es incorrecto. 

El caso más evidente es el que involucra a Susana Villarán, exalcaldesa de Lima (2011-2012) y presidenta del extinto partido político Fuerza Social. En mayo pasado, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 18 meses de prisión preventiva contra Villarán y el exgerente municipal, José Miguel Castro, quienes fueron sindicados de integrar una organización criminal encargada de ingresar dinero ilícito de la Caja 2 al sistema legal, mediante “pagos de servicios de marketing para sus campañas políticas por la ‘No Revocatoria’ y su reelección al municipio”, según se lee en las imputaciones específicas que resuelven encarcelarlos. Los cargos que pesan sobre los exfuncionarios de la comuna limeña son lavado de activos, asociación ilícita y cohecho pasivo propio. 

De acuerdo con la resolución judicial, la exalcaldesa Villarán solicitó y obtuvo el financiamiento de las empresas Odebrecht (US$ 3 millones) y OAS (US$ 7 millones) por un total de US$ 10 millones, a cambio de beneficiarlas con obras públicas de transporte como ‘Vías Nuevas de Lima’ (Odebrecht) y el proyecto de Línea Amarilla (OAS). En la campaña de reelección a la alcaldía en el 2014, las empresas brasileñas cuestionadas también aportaron al partido político Diálogo Vecinal -encabezado por Villarán-. Estos fondos fueron presuntamente entregados en efectivo y, para ocultar el origen ilícito se declaró una lista de aportantes falsos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales.  

Tras la reclusión de Villarán, la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios decidió ampliar el plazo de prisión preventiva a 24 meses. La Sala advirtió del peligro obstaculización de los acusados, tras detectar contradicciones en la versión de la exalcaldesa: Villarán negó conocer la asociación ‘Amigos de la Municipalidad Metropolitana de Lima’, destinada a recaudar los fondos ilegales de las compañías brasileñas; sin embargo, en el allanamiento realizado en vivienda, se halló un acta de constitución y las actas de asamblea de la asociación. A la fecha, Villarán permanece en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos mientras es investigada por el Equipo Especial para el caso Lava Jato.  

En el 2018, según reportes del medio digital IDL-Reporteros, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró ante el Equipo Especial para el Caso Lava Jato que la empresa financió con fondos ilícitos las campañas presidenciales de los principales líderes políticos del país: Ollanta Humala (US$ 3 millones de dólares), Alejandro Toledo (US$ 700 mil dólares), Pedro Pablo Kuczynski (US$ 300 mil dólares) y Keiko Fujimori (un millón 200 mil). De este grupo, dos exmandatarios están privados de su libertad. 

Por ejemplo, el expresidente y fundador del partido político Perú Posible, Alejandro Toledo, está en una prisión estadounidense desde hace poco más de cinco meses, a la espera de su extradición al Perú. El cuadernillo de extradición remitido al Departamento de Estado de ese país indica que Toledo es procesado por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos a raíz de los supuestos sobornos de Odebrecht para obtener la buena pro de la construcción del tramo II y III de la carretera Interoceánica Sur. La acusación fiscal señala que Toledo habría solicitado un monto ascendente a US$ 35 millones a la constructora brasileña, la cual finalmente desembolsó US$ 20 millones a través de depósitos a las empresas de Josef Maiman, un personaje cercano al expresidente. 

En julio último, el expresidente fue arrestado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en su domicilio en California con motivo de la extradición solicitada por las autoridades peruanas. Según reportó El Comercio, Toledo pasó a ser recluido en la prisión de Santa Rita en California. Dos días después, en la audiencia que evaluó su detención o libertad bajo fianza, el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, precisó que el exmandatario debía permanecer en la cárcel durante todo el proceso de extradición. 

Actualmente, Toledo purga prisión en la correccional de Maguire, en Redwood City, California. 

El otro caso es el del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), líder del partido político Peruanos por el Cambio. En abril 2019, PPK recibió una pena de 36 meses de prisión preventiva por haber incurrido en el presunto delito de lavado de activos "en modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento", de acuerdo a la resolución judicial de la Corte Superior contra el Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. 

El juez Jorge Chávez Tamariz fundamentó esta decisión debido al riesgo de fuga y 
obstaculización de la investigación que Kuczynski había denotado: se negó a entregar y exhibir información sobre sus domicilios, no tiene arraigo familiar (su esposa vive en Estados Unidos) e intentó viajar a ese país, pese a que contaba con impedimento de salida. Respecto a la obstrucción, el magistrado indicó que Kuczynski brindó datos falsos sobre el domicilio de su contadora. 

No obstante, la Corte Superior de Justicia en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios revocó la medida por el arresto domiciliario en favor del expresidente, bajo ciertas restricciones: la prohibición de comunicarse con los coimputados en el caso como Gloria Jesús Kisic Wagner (exsecretaria de Kuczynski), José Luis Bernaola Ñufflo, y el empresario Gerardo Sepúlveda Quezada; evitar apariciones públicas y entrevistas; y la imposibilidad de realizar actividades políticas.   

Otras exautoridades regionales que habrían recibido aportes ilegales de campaña electoral por parte de la empresa Odebrecht también están en prisión. Está el caso de Félix Moreno, exgobernador del Callao y líder del Movimiento Independiente Chim Pum Callao, cuya campaña electoral habría recibido financiamiento de Odebrecht. De acuerdo a IDL-Reporteros, el exsuperintendente de la compañía y predecesor de Barata, Ricardo Boleira, declaró que Moreno pidió un soborno de US$ 2 millones, que “deberían ser pagados a Luis Favre por servicios que serían prestados para la coordinación de la campaña electoral de 2014”.

Hace unas semanas, Moreno fue capturado en una vivienda en Cieneguilla tras permanecer varios meses prófugo y con dos sentencias efectivas por el Caso Fundo Oquendo (la venta subvaluada de un terreno del Estado por S/ 10 millones de soles) y el caso Corpac (concertación de un proyecto de construcción inconcluso). Además, es investigado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos a raíz de acuerdos irregulares con la empresa Odebrecht para adjudicar el proyecto vial Costa Verde-Callao a cambio de un presunto soborno de US$ 4 millones de dólares.  Precisamente por este último caso, la Primera Sala Penal de Apelaciones le impuso una pena de 18 meses de prisión preventiva por los delitos de lavados de activos y tráfico de influencias, en enero del 2019.

Un caso adicional es el del exgobernador Regional del Cusco, Jorge Acurio, quien es investigado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Desde el 2017, Acurio purgó prisión preventiva por más de 18 meses a raíz del presunto soborno por US$1.2 millones que habría recibido de la empresa Odebrecht para ceder la concesión de la Vía de Evitamiento en Cusco. En noviembre del 2018, la prisión preventiva fue ampliada por 10 meses, hasta septiembre del 2019. Poco antes de que se cumpliera el plazo, la Fiscalía solicitó una ampliación de la medida, pero el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria desestimó el pedido y ordenó su libertad para 15 de noviembre último. En el mismo acto dispuso su arresto domiciliario por 12 meses más, que se cumplirán en noviembre del 2020.  

Consultada para esta verificación, la congresista Beteta precisó que en específico se refería al presunto financiamiento ilegal de campaña que habría efectuado la constructora Odebrecht a varios partidos políticos: “ante ello yo manifestaba que por esos mismos hechos se atribuyen a muchos líderes políticos de haber recibido dinero de aportes de campaña, que muchos han reconocido; sin embargo, la única que está privada de su libertad por esos temas es la señora Keiko Fujimori”. A la repregunta de casos que contradicen los extremos de su afirmación original, como el de Susana Villarán, Beteta respondió era distinto porque “la señora Villarán fue alcaldesa, fue gobierno, que sí se habría concretizado el aporte dado a la campaña [del] ‘No’, donde se firmó la adenda del peaje”.

Sin embargo, la afirmación de Beteta no hizo una distinción en ese sentido, sino que, por el contrario, incluyó a todos los personajes en el mismo criterio, como se desprende de la declaración transcrita literalmente líneas arriba.

En función a lo revisado, OjoPúblico concluye que la afirmación de la congresista Karina Beteta, integrante de la Comisión Permanente, respecto a que Keiko Fujimori es la única líder política de oposición que está privada de su libertad mientras se realiza la investigación por los presuntos aportes electorales ilícitos de Odebrecht es falsa.