Durante una entrevista, el virtual congresista por el Partido Morado Daniel Olivares se refirió a la agenda legislativa del próximo parlamento, y en ese marco dio el siguiente dato: “No se ha aprobado en el Congreso pasado ni una iniciativa en seguridad ciudadana”. Tras revisar los antecedentes y consultar con especialistas, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.
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Según da cuenta el portal del Congreso de la República, la mayoría de modificaciones normativas sobre seguridad ciudadana fueron dadas por el Poder Ejecutivo luego de que el Congreso le otorgara facultades legislativas. Sin embargo, el Parlamento también aprobó proyectos de ley relacionados a la seguridad ciudadana.
Por ejemplo, en mayo del 2017 fue publicada la Ley N° 30558, que modificó la Constitución Política con el fin de ampliar el plazo de detención policial en caso de flagrancia para los delitos contra el patrimonio, la violación de la libertad sexual y los delitos relacionados al crimen organizado. Según detalla la iniciativa, el objeto de esta modificación es salvaguardar la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de la población. La norma fue producto de tres iniciativas agrupadas provenientes del Partido Aprista Peruano, Fuerza Popular y del Poder Ejecutivo.
En septiembre del 2019 se promulgó la Ley N° 31001, que dispone beneficios a favor de los integrantes de las juntas vecinales y establece el día de las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Lo importante de esta norma es que a partir de su entrada en vigencia los miembros de las juntas vecinales, actores locales en la lucha contra la inseguridad, pueden recibir atención del Seguro Integral de Salud, siempre que estas organizaciones estén acreditadas por la Policía Nacional del Perú y se hayan constituido según la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El proyecto de ley fue presentado por el grupo parlamentario de Fuerza Popular en noviembre del 2017.
Otro proyecto de ley referido a seguridad ciudadana que fue aprobado por el Congreso disuelto fue la Ley de Protección Policial. La iniciativa buscaba dar asesoría y defensa legal gratuita al personal policial que afronte un proceso penal o civil por haber hecho uso de sus armas de forma reglamentaria. Cabe indicar que organizaciones de derechos humanos alertaron de que la modificación eliminaba el principio del uso proporcional de la fuerza que debía cumplir la Policía. En todo caso, esta norma fue aprobada por el Congreso en julio del 2019, y dos meses después fue publicada su autógrafa, quedando pendiente la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, en septiembre del 2016, el Congreso a través de la Ley Nº 30506 otorgó facultades legislativas al Ejecutivo en una serie de temas; entre ellos, seguridad ciudadana. Respecto a esta agenda, el gobierno fue autorizado para legislar en los siguientes puntos: mejoras en el marco normativo penal, procesal y de ejecución penal para los delitos de crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y delincuencia común; reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; modificaciones de las medidas de prevención social de la delincuencia; políticas migratorias internas y externas; fortalecimiento del sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; reestructuración organizacional del Ministerio del Interior, entre otros.
Al respecto, el exministro del Interior Carlos Basombrío comentó a OjoPúblico que se debe diferenciar las normas aprobadas a través de comisiones dentro del Parlamento y aquellas aprobadas con facultades legislativas cedidas por el Congreso al Ejecutivo. El exalto funcionario dijo que no era preciso afirmar, como hizo Olivares, que no se aprobó nada en materia de seguridad ciudadana en el último Congreso, pues se emitieron normas en las dos modalidades antes citadas.
“Sí hubo [leyes] por parte de iniciativa del Congreso, de dudosa calidad, pero hubo”, dijo Basombrío.
Por su parte, Stefano Corzo, investigador en Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, dio cuenta de que en el último periodo parlamentario (2016-2019) se presentaron 287 proyectos de ley sobre seguridad ciudadana. Del último año, destacó iniciativas como la Ley N° 3101, para dar beneficios a las juntas vecinales, y las autógrafas referidas a la Ley de Protección Policial y la Ley de Ciberdefensa. Estas dos últimas fueron aprobadas por el Congreso, pero están pendientes de promulgación por el Ejecutivo.
Corzo explicó que sí se ha elaborado material legislativo en temas de seguridad, aunque no hay leyes orgánicas que destaquen, excepto la Ley de Ciberdefensa y la Ley de Protección Policial, que sí tuvieron aprobación del Congreso.
OjoPúblico solicitó precisiones a Daniel Olivares, quien indicó que en su afirmación estaba haciendo referencia a las iniciativas legislativas que presentaron en el anterior Congreso sus colegas de bancada Gino Costa y Alberto De Belaunde, respecto al trabajo conjunto entre la Policía y los municipios.
“Tengo entendido que la mayoría de iniciativas sobre seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y lucha contra el lavado de activos, [...] se aprobaron vía delegación de facultades desde el Ejecutivo, y no tanto desde iniciativas del Congreso”, agregó Olivares.
Como se ha explicado líneas arriba, la aprobación se realizó en ambas modalidades.
En función a la normativa revisada, OjoPúblico concluye que la afirmación de Daniel Olivares, virtual congresista por el Partido Morado, respecto a que no se ha aprobado en el Congreso pasado ni una iniciativa en seguridad ciudadana es falsa.
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