La crisis sanitaria que venimos atravesando se ha convertido ya en una crisis alimentaria que requiere urgente atención por parte de las autoridades. La acertada decisión inicial del gobierno de paralizar la economía en sectores no vitales para reducir lo más posible la tasa de contagio, fue matizada luego por graves errores cuyas consecuencias fueron la inadecuada protección de millones de familias que se quedaron sin ingresos, y el descuido de la seguridad sanitaria de los mercados de alimentos a nivel nacional.

En una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a familias de Lima Metropolitana y Callao, entre el 5 y 7 de mayo de este año, un 14% de hogares declaró no haber podido comprar alimentos con contenido proteico como carnes, pescado y huevos; y un 9%, de alimentos con contenido de carbohidratos. En el 73% de los hogares con dificultades para adquirir alimentos con proteínas la causa fue la carencia de medios económicos.

Estamos hablando de por lo menos un millón de personas en Lima y Callao que ya a principios de mayo enfrentaba un problema directo de inseguridad alimentaria, básicamente por no tener dinero. Si extrapolamos estas cifras al Perú urbano, podríamos estar llegando a 3,5 millones de personas con inseguridad alimentaria a nivel nacional; sin contar con lo que viene pasando en zonas rurales, duramente golpeadas por la paralización económica.

Los mercados se están cerrando sin un plan integral para enfrentar un problema sistémico.

Otros indicios del problema son las masivas migraciones de Lima hacia el interior del país. Se estima en decenas de miles las familias que han decidido regresar de una u otra forma a sus lugares de origen. Una buena parte de esta migración de retorno tiene que ver con el hambre y la carencia de alternativas para conseguir alimentos en el contexto de la pandemia y la debilidad del aparato público para atender a los más vulnerables. 

Según la FAO la seguridad alimentaria se basa en cuatro pilares: disponibilidad, acceso, inocuidad y estabilidad, todos relacionados al consumo de alimentos nutritivos y seguros por parte de la población. Los problemas en cualquiera de estos frentes implican inseguridad alimentaria, y esta puede ir desde una situación leve en la que hay reducción de algunos alimentos, pero se come todos los días; intermedia, donde las personas se saltan alguna comida al día; a una muy grave donde dejan de comer completamente por un día o más.  Cabe la pregunta sobre en qué situación está nuestro país en el contexto de la pandemia.

Las cifras de la encuesta del INEI indican que varios millones de personas en Perú están en situación de inseguridad alimentaria entre intermedia y grave. No poder adquirir alimentos por falta de medios económicos es una de las principales causas de inseguridad alimentaria en el mundo, y ha sido uno de los factores detrás de grandes hambrunas en diferentes escenarios de guerra y enfermedades. La carencia de una red de apoyo directo o indirecto a las familias en inseguridad alimentaria en el Perú puede ya considerarse como una de las causas por las que este problema aparece tan rápidamente y sin reflejos por parte del Estado.

No existe una red de apoyo directo o indirecto a las familias en inseguridad alimentaria.

Y con las semanas la situación tiende a empeorar. En este mes se han detectado focos de infecciones en diversos mercados de alimentos, tanto mayoristas como minoristas en Lima y el interior del país. En el caso de Lima, los mercados que inicialmente se han evaluado arrojan tasas de contagio de más del 50% de los comerciantes, y en el caso de los dos mercados mayoristas más importantes, el de Frutas en la Victoria, y el Gran Mayorista en Santa Anita, las cifras han superado el 70%. 

Este descontrol en los mercados está generando una importante disrupción en los canales de abastecimiento de alimentos en la ciudad en Lima y Callao, así como en ciudades importantes del interior. Varios mercados están siendo cerrados por la autoridad sanitaria o municipal, y esto se está haciendo sin un plan integral y articulado para enfrentar un problema que es sistémico y requiere mucha coordinación y autoridad legitimada.  

Si la situación de descontrol de los mercados sigue como hasta ahora, al problema ya señalado de acceso a alimentos por carencia de medios económicos habrá que agregarle un inmediato problema de falta de inocuidad y caída en la disponibilidad de éstos. En este último caso no será porque la agricultura no esté produciendo lo necesario para alimentarnos (lo está haciendo y muy bien, especialmente la agricultura familiar), sino por la total incapacidad de nuestras ciudades para regular y modernizar sus sistemas de comercialización de alimentos para consumo interno. 

Por lo menos un millón de personas en Lima y Callao en mayo ya enfrentaba un problema de inseguridad alimentaria.

Curiosamente el Perú ha logrado ser líder en exportación de frutas y hortalizas a nivel mundial gracias a sistemas sanitarios muy sólidos, pero está a la cola en cuanto a la sanidad e inocuidad de su comercio interno de alimentos.

¿Y cómo estamos respecto a la estabilidad en la provisión de alimentos? La propia encuesta del INEI consulta a los hogares de Lima y Callao sobre qué tan seguros se sienten de poder pagar los alimentos que necesitan durante las próximas cuatro semanas. Un 30% declaró que se sentía nada seguro y un 47% poco seguro. 

Es decir, un 77% tiene inseguridad sobre su capacidad de acceder a alimentos por razones económicas entre la primera semana de mayo y la primera semana de junio. El desorden y la lentitud del gobierno en la entrega de bonos de apoyo económico a las familias nos está pasando una enorme factura a los peruanos, y esto se refleja en estas cifras asociadas a alta inseguridad alimentaria.

El gobierno recién ha empezado a reaccionar en torno al problema, pero sin mucha claridad ni estrategia coherente. El presidente Martín Vizcarra anunció la semana pasada que se “reactivarán comedores populares” desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). De hecho es una idea importante y que viene siendo apoyada por expertos y dirigentes, pero que requiere un enorme esfuerzo de movilización social y coordinación multisectorial.

Es urgente reconstruir tejido social y organizativo en plena pandemia y con el reloj en contra.

Llevamos ya muchos años desdeñando a las organizaciones populares que antes gestionaban problemas colectivos (clubes de madres, comedores, redes de salud, comunidades campesinas, juntas vecinales, rondas campesinas) y que son ninguneadas por la política pública en nombre del individualismo neoliberal. Hoy es urgente reconstruir tejido social y organizativo en plena pandemia y con el reloj en contra.

Mirando otra vez al tema de la estabilidad en la oferta de alimentos, es importante mencionar el casi absoluto abandono de la agricultura familiar que muestra el gobierno en medio de esta grave crisis. Los gremios agrarios fueron de los primeros en plantear la necesidad de un bono agrario de carácter productivo para ayudar a millones de pequeños agricultores que enfrentaban una caída drástica de ingresos agrarios y no agrarios. No obstante, el gobierno no recogió la propuesta y siguió insistiendo en bonos dizque focalizados en familias en pobreza, lo que ha llevado a una cobertura muy limitada de la ayuda, y peor aún, ha generado demoras en la elaboración de “padrones de beneficiarios” que nadie conoce.

Estos problemas ya están pasando factura a cientos de miles de pequeños productores que han perdido sus cosechas, casi no han recibido ingresos por sus cultivos, y han empezado a sacrificar ganado por no poder alimentarlo. Esta descapitalización agraria tendrá consecuencias para la próxima campaña agrícola, poniendo otra vez en riesgo la seguridad alimentaria en términos de disponibilidad y estabilidad en el futuro.

Cientos de miles de pequeños agricultores han perdido sus cosechas y han empezado a sacrificar ganado por no poder alimentarlo.

Hay que mencionar que la solicitud de 5.000 millones de soles para financiar la próxima campaña agrícola debe ser atendida con la mayor atención por el gobierno para darle al país un mínimo de garantía de que tendremos alimentos suficientes para el próximo año. Seguir jugando a la “incapacidad de colocación” de Agrobanco en este contexto es similar a la errada focalización de hogares en medio de una crisis generalizada de ingresos del 70% de la población.

Así como la crisis sanitaria ha develado las fallas del modelo neoliberal de las últimas tres décadas al no haber invertido seriamente en los sistemas públicos de salud, la crisis alimentaria también refleja la incapacidad de los sucesivos gobiernos en prestarle atención a la seguridad alimentaria. 

El Perú ha aprobado formalmente varias veces “estrategias nacionales y regionales” de seguridad alimentaria, las que siempre terminan en documentos de escritorio o colgados en páginas web sin mayor aplicación práctica en la toma de decisiones gubernamentales. Hoy se hace evidente que al no tener una autoridad clara en este tema (¿Ministerio de Agricultura, Midis, Producción, Ministerio de Salud, Presidencia del Consejo de Ministros?), tampoco tenemos cómo atacar el problema de forma integral y articulada.  

Desde mi punto de vista creo que hemos llegado al punto en que se debe crear una instancia al más alto nivel presidencial para la seguridad alimentaria en nuestro país (como la tiene Brasil, aunque ahora sin utilidad bajo el gobierno de Jair Bolsonaro). Una instancia que realmente tenga capacidad de decisión y de asignar recursos para fortalecer todos los aspectos relevantes de las cadenas agroalimentarias que son claves para la alimentación.

Esta es una medida clave no solo para enfrentar la crisis sino también para empezar a gestar un futuro distinto para los millones de peruanos y peruanas en términos de seguridad alimentaria y nutricional. Esperamos que en las próximas semanas el gobierno muestre mayores reflejos y capacidad de acción al respecto.