Las congresistas Martha Moyano Delgado (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) han sido incluidas en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder como presuntas coautoras del delito de organización criminal. Este medio accedió a las disposiciones fiscales que revelan nuevos detalles sobre su participación en los hechos investigados. Entre ellos, una reunión en la casa de Chirinos Venegas donde supuestamente se negociaron votos y una coordinación de Moyano Delgado que, según el exasesor Jaime Villanueva Barreto, buscó dilatar los tiempos de una votación en el Pleno con el mismo objetivo.

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El año pasado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 66 denuncias de violencia sexual contra menores indígenas de 12 pueblos de la Amazonía. Los Bora y Asháninka registran el 56,84% del total de estas denuncias. Ambas etnias viven azotadas por el narcotráfico, que invadió sus territorios, ubicados en Junín y Loreto. Esta actividad delincuencial da paso a otras economías ilícitas, como la trata de personas. Pese a que las denuncias contra agresores externos se visibilizan, aún se desconoce el impacto de la violencia sexual ejercida por familiares y miembros de la propia comunidad, pues muchos de estos casos no son denunciados.

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Como parte de las actividades iniciales por los diez años de nuestro medio, lanzamos un manual que plantea una reflexión sobre el impacto causado por la tecnología más disruptiva de la historia, los debates sobre su aplicación y las mejores herramientas para afrontar un fenómeno global que pone en riesgo la democracia.

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El 7 de marzo pasado, en una jornada de casi 10 horas, que incluyó múltiples reconsideraciones a las votaciones que se hicieron por cada magistrado, el Congreso acusó por infracción constitucional e inhabilitó de la función pública por 10 años a Aldo Vásquez Ríos, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y a Inés Tello de Ñecco.

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Mientras el Ejecutivo se encuentra en pleno proceso para aprobar el reglamento de la Ley que reconoce a la pesca tradicional ancestral y artesanal, la congresista Lady Camones Soriano, de Alianza para el Progreso (APP), ha presentado una propuesta que busca dejar sin efecto las principales reformas implementadas en la actividad artesanal, entre ellas las limitaciones para la extracción de especies dentro de las primeras cinco millas marítimas. Los cinco coautores de la iniciativa, todos de la misma bancada, habían votado a favor de la ley que ahora pretenden modificar.

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Economista casado con la sobrina del hasta hoy jefe de gabinete ministerial obtuvo contratos en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entre febrero del 2023 y enero del 2024, por más de S/76.000. Comenzó a contratar con esta entidad con órdenes de servicio y luego ganó un proceso de contratación para laborar en la oficina de Recursos Humanos, en un cargo que no existía en esa área.

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El sector agropecuario cerró en rojo en 2023: con -2,91%, registró su peor resultado en tres décadas. Tras un año marcado por la recesión económica y el aumento de la pobreza, los impactos de esta caída en la inseguridad alimentaria persisten. Especialistas y productores agropecuarios resaltan que la crisis del agro se arrastra desde hace, por lo menos, tres años. En este contexto, solicitan una respuesta concreta del Gobierno para evitar mayores perjuicios en la agricultura familiar y en otras poblaciones vulnerables.

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El pasado 20 de febrero, el magistrado José Ávila Herrera presentó su renuncia a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de manera sorpresiva. Poco después, se conoció que Jaime Villanueva, el exasesor de Patricia Benavides Vargas, había declarado ante la Fiscalía que, cuando fue asesor del exministro de Justicia Félix Chero Medina, negociaron favores con Ávila Herrera. OjoPúblico accedió al registro de visitas de la institución y pudo corroborar que Villanueva Barreto se reunió con el renunciante magistrado en su despacho de la JNJ en dos fechas muy cercanas a los eventos que narró en su testimonio: la devolución de un terreno en Marcona al Ministerio de Transportes para presuntamente beneficiar a una empresa china, y el nombramiento de Benavides Vargas como fiscal suprema titular.

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Un informe de la Organización Internacional del Trabajo revela que las pensiones en nuestro país equivalen al 33% del salario promedio, cifra por debajo de lo establecido por los convenios internacionales de seguridad social, que fijan esta tasa de reemplazo en por lo menos el 40%. Países de la región están por el 50%, mientras que los miembros de la OCDE registran un promedio de 62% e incluso otros alcanzan el 80%. El sistema público peruano adeuda hace décadas el correcto aumento de la pensión mínima a los jubilados, mientras que el sistema privado está debilitado y ya no cumple su rol de otorgar prestaciones en la vejez de sus afiliados. En tanto, el debate de una reforma integral de pensiones sigue estancado.

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La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley para reorganizar al Ministerio Público, mientras Renovación Popular alista una iniciativa similar. Actualmente, el Congreso analiza 21 proyectos de ley que plantean reformas en el modo de elección, la composición y los mecanismos de remoción de los órganos directivos de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia. La mayoría fueron presentados por legisladores de Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Renovación Popular.

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