El 25 de enero de 2024, después de la publicación del reportaje de OjoPúblico sobre el tráfico de armas y municiones desde Perú hacia Ecuador, el coronel Jorge Antonio Zapata, gerente general de la empresa Fábrica de Armas y Municiones FAME S.A.C. envió una carta en la que menciona que FAME S.A.C. no tiene ninguna relación con FAME S.A. Publicamos la carta y la respuesta.

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La selva peruana presenta hoy un cuadro deprimido de sus lotes petroleros en producción. Extraer el crudo, sobre todo en aquellos bloques inoperativos, sea porque han vencido sus contratos o porque un conflicto socioambiental motivó su paralización, implica altos costos y pocas ganancias. El Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales acaba de publicar un informe en el que analiza variables económicas, y concluye que es el momento de reducir la producción de petróleo en la Amazonía y optar por una mayor participación de fuentes de energías renovables. Mientras, la alternativa transitoria para el consumo interno es el gas natural, el cual ya tiene una significativa participación en la producción de energía eléctrica.

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A finales del 2023, los periodistas César Romero (La República) y Juan Carlos Tafur (Sudaca), a través de publicaciones periodísticas, aseguraron haber sido objeto de videovigilancia ilegal en el marco de una investigación secreta iniciada por el fiscal Andy Rodríguez y seguida por la fiscal Magaly Quiroz desde abril a noviembre del año pasado. La actual coordinadora del equipo especial Cuellos Blancos habla sobre este caso y los motivos por los que autorizó el seguimiento a la exfiscal Rocío Sánchez y a los miembros de la Diviac.

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A lo largo de sus más de 170 kilómetros de longitud —entre las regiones Lima y Junín— la Carretera Central, que este 2024 cumple 100 años desde el inicio de su construcción, no solo representa la principal vía transversal al centro del país, sino que también es la ruta para distintos tipos de mercadería que provienen de la Amazonía o la sierra central peruana. Sin embargo, en ese paso comercial se han infiltrado el tráfico de madera, de fauna, el narcotráfico y, en menor medida, el contrabando. En los últimos cinco años, en esta vía, se han intervenido productos forestales equivalentes a 70 camiones. En el mismo periodo, también se incautaron más de 700 ejemplares de distintos animales vivos solo en la región Junín. En esta radiografía, OjoPúblico detalla el papel de esta carretera y el control frente al tránsito de productos ilegales, que no se detiene.

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La Contraloría General de la República detectó que, entre enero de 2020 y julio de 2023, siete funcionarios del Ministerio de la Producción (Produce) expidieron, de modo irregular, 35 permisos para la exportación, desde Perú, de más de 24.000 kilos de aletas de tiburón, valorizadas en USD 883.325,51, en beneficio de cuatro empresas: Lamarqocha Inversiones, Angaff Perú, Exportaciones JME y Full Moont. La autoridad de control concluyó que los servidores públicos del Viceministerio de Pesca y Acuicultura deben ser denunciados penalmente ante el Ministerio Público. Estas irregularidades se conocen en un momento delicado para el Perú debido a que, en noviembre pasado, el Comité Permanente de la Cites recomendó que una misión visite el país para evaluar su comercio de tiburones.

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El 20 de diciembre pasado, el director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Luis Alberto Gonzáles Zúñiga Guzmán, le envió un oficio al viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Víctor Hugo Parra Puente, para advertirle que la aprobación de los cambios a la Ley Forestal impulsados por insistencia en el Congreso tendrían un impacto negativo en los compromisos climáticos asumidos por Perú. En el documento, al que accedió OjoPúblico, el funcionario remarcó que las modificaciones generarían “potenciales riesgos de deforestación de los bosques”. Pese a la alerta, el sector agrario no se pronunció.

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El documento que abre investigación preliminar contra la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, al que accedió OjoPúblico, revela declaraciones de testigos que describen la participación directa de Benavides Vargas en los presuntos hechos delictivos. Además, aporta detalles entregados por Jaime Villanueva sobre las negociaciones con, al menos, nueve parlamentarios y con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, así como el presunto rol que tuvo la congresista Patricia Chirinos en el proceso que buscó la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

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El último 15 de enero se cumplieron dos años del derrame de casi 12.000 barriles de crudo en la costa peruana. Desde entonces, la empresa responsable del caso, Refinería La Pampilla, de Repsol, ha presentado 18 planes de rehabilitación al Ministerio de Energía y Minas. Pero, a la fecha, ninguno ha sido aprobado. De los casi S/110 millones en multas que acumula la empresa, S/89’480.000, correspondientes a nueve sanciones, han sido judicializadas. En paralelo, miles de trabajadores de la zona afectada, que dependían de la pesca artesanal, el comercio y otras actividades vinculadas, continúan a la espera de compensaciones económicas por parte de la empresa.

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Para fines de este mes se han programado las últimas audiencias por el cruel asesinato, en setiembre de 2014, de los cuatro líderes ashéninkas que denunciaban tráfico de madera en la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali. OjoPúblico conoció el testimonio del testigo protegido con código 001-60-2019, quien manifiesta haber presenciado múltiples amenazas y ataques previos de los presuntos responsables, principalmente, contra Edwin Chota Valera, y cómo estos narraron el crimen en la comunidad. Esta declaración se ha convertido en la nueva prueba del Ministerio Público en el emblemático caso.

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La denegación de Essalud al pedido de María Benito —una paciente con esclerosis lateral amiotrófica, que planteó su rechazo a continuar con un tratamiento médico que prolonga su vida artificialmente— retomó el debate sobre si el Estado peruano es capaz de garantizar el acceso a una muerte digna. Perú solo cuenta con dos mecanismos para acceder a este derecho: cuidados paliativos y rechazo a tratamientos médicos. Aunque no existen registros sobre la cantidad de personas que recurrieron a estos, OjoPúblico halló que, en los últimos seis años, 11.422 pacientes solicitaron su alta voluntaria en cuatro establecimientos de salud. Pese a estos antecedentes, la paciente, que ha perdido la movilidad de su cuerpo, sigue sin poder acceder a una muerte digna.

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