El 12 de abril, mientras el paro de transportistas y productores agrarios seguía suspendido de manera temporal, el congresista Jorge Montoya Manrique, del partido Renovación Popular, sustentó una propuesta para conformar una comisión investigadora que determine responsabilidades políticas, penales y administrativas por las muertes ocurridas en el contexto de las protestas iniciadas el 28 de marzo al interior del país.

Durante su intervención en el Pleno, el parlamentario refirió que, “como resultado de la represión policial, se han producido lamentables pérdidas humanas: cuatro en Huancayo, uno en Ica y uno en Huánuco”. Es decir, según el congresista, las protestas habrían dejado seis personas fallecidas. Los parlamentarios Elvis Hernán Vergara Mendoza (Acción Popular), Pedro Edwin Martínez Talavera (Acción Popular), Wilson Soto Palacios (Acción Popular), Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular), Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular) y Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) participaron en el debate y sostuvieron, incluso, que eran ocho las víctimas fatales, sin precisar sus nombres ni las circunstancias de sus muertes. 

Antes de la votación de la propuesta, que fue aprobada con 65 votos a favor y 38 en contra, Montoya volvió a intervenir, pero esta vez hizo referencia a ocho fallecidos, como los otros legisladores. A 20 días del inicio de las protestas, las cifras que manejan las entidades oficiales también varían: mientras que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público han identificado a cuatro víctimas fatales, la Oficina de Comunicaciones y Protocolo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) confirmó a OjoPúblico que se habían producido cinco muertes en el contexto del conflicto.

DOLOR. Compañeros de la I.E. San José de Jauja del menor de 13 años fallecido en el contexto de las protestas cargaron su féretro y participaron de su entierro.

Foto: OjoPúblico / Jehfryn Sedado  

 

Este medio contactó a representantes de las bancadas Acción Popular, Fuerza Popular y Renovación Popular para conocer más detalles sobre los fallecidos referidos en el Pleno del 12 de abril, teniendo en cuenta que las cifras mencionadas en el debate no fueron confirmadas por ningún organismo a la fecha. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta. De igual modo, OjoPúblico se contactó con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros y las carteras de Interior, Cultura, Defensa, y Mincetur para solicitar mayor información sobre el tema. 

El 12 de abril, a solicitud de este medio, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público informaron que registran cuatro fallecidos en las protestas ciudadanas realizadas entre el 28 de marzo y el 7 de abril en las regiones de Junín, Ica y Huánuco. Ambas instituciones coinciden al señalar que los fallecidos son: Yhony Quinto Contreras, Alexander Trujillo Nolasco, Candy Magaly Hinostroza De La Cruz y un menor de 13 años de edad. Todos estos casos están en investigación preliminar, indicó el Ministerio Público. 

Según un reporte actualizado al 7 de abril de la Defensoría del Pueblo, en el contexto del conflicto se registraron las muertes de Candy Magaly Hinostroza De La Cruz, quien falleció en un atropello registrado el 28 de marzo en Junín; y un menor de 13 años, que murió ahogado cuando escapaba de bombas lacrimógenas, el 1 de abril en Jauja (Junín). 

Los fallecidos en enfrentamientos, de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, son Alexander Trujillo Nolasco, quien murió el 5 de abril en la toma de un peaje en Ambo (Huánuco); y Yhony Quinto Contreras, cuya muerte ocurrió el 6 de abril durante el bloqueo de la Panamericana Sur, en Ica. 

Días antes, durante una conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) realizada el 3 de abril, los titulares de las carteras del Interior, Cultura y Mincetur indicaron, sin dar nombres ni precisar fechas, que en Junín falleció, además, una persona por no haber recibido oportunamente su tratamiento de hemodiálisis en el hospital de Essalud-Huancayo en el contexto de las manifestaciones.

El viernes 8 de abril, a solicitud de OjoPúblico, la Oficina de Comunicaciones y Protocolo del Mincetur confirmó, a partir de información proporcionada por el Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú, que el Gobierno contabilizaba cinco muertes, e informó la identidad del fallecido no contamplado en el recuento del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo: Jorge Maldonado Landeo. 

Es complicado identificar a las víctimas de los conflictos sociales porque no hay un registro oficial", dijo Jorge Hernández Velarde.

En la conferencia de prensa del 3 de abril, los ministros Alfonso Chávarry Estrada (Interior), Roberto Sánchez Palomino (Mincetur) y Alejandro Salas Zegarra (Cultura) también sostuvieron que dos de las muertes estaban vinculadas a atropellos. Sin embargo, en las manifestaciones de esa región solo se registró un fallecido por atropello: Hinostroza De La Cruz. 

Además de este caso, el Ministerio Público informó que, en Junín, se registró el atropello de Armando Quispe Moscoso y su hijo, Diego Quispe, quienes fueron embestidos en el distrito de Pilcomayo por un conductor que huía de una turba de manifestantes. Diego Quispe ya fue dado de alta y Armando, su padre, sigue internado, pero su estado de salud es estable. El caso está a cargo del Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo. 

Jorge Hernández Velarde, jefe de la Oficina Defensorial de Ica, explicó que es muy complicado identificar a las víctimas de los conflictos sociales y dar seguimiento a los casos porque no existe un registro oficial del Estado. No obstante, la Defensoría del Pueblo cuenta con un lineamiento para la identificación de las víctimas, donde se analizan los reportes de los medios de comunicación y se toma contacto con los dirigentes sociales para identificar a los afectados. Luego, con las Direcciones Regionales de Salud se verifican los datos de las víctimas a partir de los ingresos a los hospitales y con el Ministerio Público, a través de las denuncias.

Cuando los casos están confirmados, la Defensoría del Pueblo verifica que las víctimas reciban atención en salud y justicia a través de los servicios de salud del Estado y la defensa pública. “Los casos en la vía penal son contra las personas que resulten responsables durante el conflicto [...], pero hasta el momento no conozco ningún caso de reparación”, señaló Hernández Velarde. 

LUTO. Amigos y familiares dieron el último adiós al menor de 13 años que murió ahogado en el río Yacus, en Jauja, mientras escapaba de bombas lacrimógenas. 

Foto: OjoPúblico / Jhefryn Sedano

 

 

Candy Hinostroza De La Cruz

 

El 28 de marzo, los gremios de transportistas de carga y agricultores realizaron paralizaciones para exigir la reducción del precio del combustible y de los productos de primera necesidad, entre otras demandas. Esta medida —acatada por las regiones de Junín, Arequipa, Piura, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Apurímac, Puno y Cusco— incluyó bloqueos en las principales vías nacionales.

El primer día de las protestas, Candy Hinostroza De La Cruz, de 35 años, y su esposo, Christian Salazar, se sumaron a las masivas manifestaciones en Junín. Ella fue parte de un grupo de agricultores que bloqueó con piedras y palos el acceso al puente La Balsas para impedir el paso de vehículos o cualquier unidad motorizada. 

Según contó su esposo a OjoPúblico, en horas de la tarde los manifestantes trataban de evitar el paso de la camioneta de placa D1A-472, cuando el chofer arrancó, embistiendo a Candy Magaly, quien falleció mientras era trasladada por una camioneta de la policía al Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo.

Christian Salazar recuerda cargar el cuerpo de su esposa y madre de sus dos hijas. Lo demás le parece incierto".

De aquel día, Christian Salazar se recuerda cargando el cuerpo de su esposa y madre de sus dos hijas, de 5 y 10 años. Todo lo demás le parece incierto. No sabe, siquiera, cómo contarles a sus niñas que su madre ya no está. Sus suegros no podrán ayudarle con la crianza de las pequeñas porque son adultos mayores y no tienen recursos.

El 7 de abril, la madre de Candy, Amanda de La Cruz, de 65 años, llegó a las afueras del Coliseo Wanka, donde el presidente Pedro Castillo y los ministros se reunían con los gremios de transportistas y productores de la región, pero no la dejaron pasar. Tuvo que acudir a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar para pedir justicia por su hija.

“Ahora me deja dos huérfanos a mi cargo. Mi hija me apoyaba, me daba. Tengo 65 años quién me va apoyar, señores. Ahora quién le ha atropellado está libre, para un pobre no hay justicia (...) Por apoyar a los campesinos mi hija ha muerto”, reclamaba Amanda a las afueras del coliseo. Llevaba documentos que quería entregar a las autoridades. Según Christian Salazar, su suegra no logró ingresar a la reunión y descartó haber recibido apoyo del Gobierno hasta el momento. El caso es investigado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jauja y forma parte del registro de fallecidos de la Defensoría del Pueblo.

 

La muerte del hijo de José Pomazunco

 

El 1 de abril, las protestas se agudizaron en Junín y hubo enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. En este contexto un menor de 13 años murió ahogado en las aguas del río Yacus, mientras escapaba de las bombas lacrimógenas que la policía arrojaba a los manifestantes, quienes pretendían tomar el aeropuerto Francisco Carlé, en Jauja.

El día de su muerte, el menor pidió permiso para ir a manifestarse en contra del incremento del precio de los alimentos, contó a OjoPúblico, José Pomazunco Quincho, su padre. "Él fue al paro para poder dar su voz de reclamo, porque todas las cosas están demasiado caras. Están cobrando excesivamente, y el dinero que yo gano día a día no nos alcanza para poder subsistir", contó el padre del menor, quien debido a una lesión en el tobillo tuvo que dejar sus labores como estibador en la feria de Jauja. Además, padece una discapacidad visual. 

La noche del 1 de abril, cerca de las 7 p.m., un vecino acudió a su vivienda y les informó que el cadáver de una persona fue rescatado del río Yacus. "Nos muestra la foto y mi esposa reconoce a mi hijo por su buzo y sus zapatillas", relató José Pomazunco. Para enterrar al menor, la familia pidió ayuda en diversos medios de comunicación locales. 

DESCANSO. Una maestra del menor de 13 años fallecido lo recuerda como un niño valiente, alegre y con ganas de superación. 

Foto: OjoPúblico / Jhefryn Sedano 

 

Al igual que la madre de Candy Magaly, Pomazunco Quincho refirió que no se le permitió ingresar a la reunión en Coliseo Wanka y que no ha sido contactado por ninguna autoridad del Gobierno.

El menor fue despedido el 4 de abril por sus compañeros de la I.E. San José de Jauja, quienes llevaron en hombros su féretro y participaron de la misa para darle el último adiós. Docentes y padres de familia de la escuela también acompañaron a los Pumazunco hasta el cementerio. 

Lucila Carhuaz Marcelo, docente de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, donde el menor cursó su educación primaria, lo recordó como un niño valiente, alegre, con ganas de superación, que anhelaba ayudar a sus padres porque sabía de sus necesidades económicas. 

El viernes 8 de abril, José Pomazunco Quincho llegó a la Oficina de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, en Lima, para exigir que se investigue la muerte de su hijo. Además, visitó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para acceder a apoyo de parte del Estado. El caso es investigado por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Concepción y forma parte del registro de fallecidos de la Defensoría del Pueblo.

 

Jorge Maldonado Landeo

 

Isabel Hurtado Castro, viuda de Jorge Maldonado Landeo, contó a OjoPúblico que su esposo, de 82 años, falleció en su domicilio —ubicado en el distrito de Huaripampa, Jauja—, la madrugada del sábado 2 de abril porque no pudo trasladarse hasta el Hospital Ramiro Prialé de Huancayo para realizar su hemodiálisis y sufrió una infección generalizada. La viuda había contratado un vehículo para trasladar a su esposo al hospital, pero este no pudo llegar porque la Carretera Central y las vías locales estaban bloqueadas por manifestantes. 

“Me he quedado sola y enferma, mi compañero se fue. Necesito apoyo para mantenerme”, dijo. Hurtado Castro señaló que la muerte de su esposo “fue por un hecho circunstancial” y que no tomará acciones legales pues no sabe a quién denunciar o pedir una indemnización. 

Una nota de prensa del 6 de abril del Ministerio Público señala que Jorge Maldonado Landeo habría fallecido por no haber recibido oportunamente su tratamiento de hemodiálisis en el hospital de EsSalud-Huancayo. Este deceso no fue reportado por los familiares al Ministerio Público, según informó esta institución, por lo que el hecho no es investigado ni figura en el registro de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el Gobierno lo considera como una de las víctimas mortales registradas en el contexto de las protestas.  

 

Alexander Trujillo Nolasco 

 

Alexander, de 18 años, trabajaba junto a sus dos hermanos y su padre sembrando papas en un terreno de dos hectáreas, ubicado en el centro poblado de Ramosragra, provincia de Ambo, en la región Huánuco. Su padre, Edgar Trujillo, dice que era un muchacho tranquilo y obediente, que en sus últimos meses de vida tomó la decisión de terminar la secundaria. 

El 5 de abril, cuando se encontraba a la altura del peaje de la provincia de Ambo se registraron enfrentamientos entre la Policía y el gremio de productores de papa. Alexander perdió el conocimiento y fue trasladado al hospital de Ambo, donde se confirmó su muerte. La necropsia practicada detalla que falleció por una hemorragia subaracnoidea que habría sido causada por algún objeto contundente o mecánico que le impactó en el cuello.

Según Edgar Trujillo, el Ministerio Público de Huánuco recibió el testimonio de una mujer que estaba en las protestas, quien señaló que durante un enfrentamiento con la Policía cerca del sector de Isco, en la Carretera Central, los efectivos lanzaron objetos contundentes. Esta versión debe ser corroborada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo, a cargo del fiscal Marco Antonio Acuña Urquizo, que ya abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Alexander. Su caso también figura en el registro de la Defensoría del Pueblo. 

 

Yhony Quinto Contreras 

 

Yhony, de 25 años, fue la última víctima mortal de las protestas. Murió el 6 de abril, mientras caminaba por la Panamericana Sur, en Ica, que entonces estaba bloqueada por manifestantes. El certificado de necropsia emitido por el Instituto de Medicina Legal indica que falleció a causa de un proyectil de arma de fuego, que le produjo una herida perforante en la cabeza, laceraciones contusas de encéfalo y destrucción de centros vitales nerviosos. Tres meses antes de su muerte, había llegado a esta región del sur del país buscando mejores condiciones de vida junto a su esposa, Yonaida Oncebay, y sus dos hijas, de 2 y 5 años.

La familia de Yhony vivía en el centro poblado Ccasccabamba, ubicado en la provincia de Angaraes, en la región Huancavelica. Tras dejar su tierra y llegar a Ica, se instalaron en diversas viviendas. El último lugar donde se establecieron fue la casa de una tía de Yhony y la pareja de esta, Carlos Lozano Cabezas. 

Lozano Cabezas contó a OjoPúblico que Yhony no tenía un trabajo estable, y que vivía del día a día como jornalero en los fundos agrícolas de Ica. Cada mañana salía de su domicilio, ubicado en el sector de Expansión Urbana, y caminaba cuatro cuadras para llegar a un paradero ubicado en el kilómetro 290 de la Panamericana Sur, de donde salen los vehículos que trasladan a los trabajadores hacia los fundos.

La madrugada del 6 de abril, un compañero llamó a Yhony y le dijo que los vehículos que transportaban a los trabajadores estaban saliendo con normalidad del paradero, relató Carlos Lozano. Yhony, entonces, se despidió de su familia y se fue a trabajar. Sin embargo, en el trayecto se encontró en medio de un enfrentamiento entre la Policía y manifestantes, donde perdió la vida.

Un vecino de la familia le avisó a Yonaida Oncebay que su esposo había muerto y el cuerpo se encontraba en medio de la carretera".

Cerca de las 7 a.m., un vecino de la familia le avisó a Yonaida Oncebay, la esposa de Yhony, que el joven había muerto y su cuerpo se encontraba en medio de la carretera. En diversas declaraciones a medios locales y nacionales, la viuda denunció que, cuando encontró el cuerpo de Yhony, fue agredida por policías, quienes se llevaron el cadáver al Hospital Regional de Ica.

La muerte del joven fue un quiebre en las protestas realizadas en Ica. El 7 de abril se estableció una tregua temporal entre el Frente de Trabajadores Agrícolas (Frentagri), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Actividad Agrícola, Similares y Afines del Perú (Sintagri) y representantes del gobierno. Ese mismo día se realizó el velorio de Yhony en la casa de sus tíos. Luego, su familia partió a Huancavelica para enterrarlo.

Carlos Lozano contó que tuvieron que prestarse dinero para correr con los gastos del traslado del cuerpo a Huancavelica y el Gobierno Regional de Ica pagó los gastos generados en el hospital por la atención a Yonaida Oncebay, quien llegó con heridas, y gastos administrativos generados por la recepción del cuerpo de la víctima. 

Este medio intentó en diversas ocasiones contactarse con la viuda, pero no ha sido posible conversar con ella y conocer si ha recibido ayuda del Gobierno. Su familia en Ica no tiene mayor información al respecto ni sobre las investigaciones que inició el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica para determinar la responsabilidad de la muerte del padre de familia. Su caso es parte de la lista de fallecidos en las protestas registrada por la Defensoría del Pueblo.

 

 

Sin un padrón de víctimas 

 

En el Perú no existe una ley específica para la reparación de las víctimas de la represión policial durante una protesta social, ni un registro de muertos y heridos en los paros. Esto ocurre pese a que la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes señala que las víctimas deben ser reconocidas por el Estado y considera apoyos económicos para los heridos y familiares que deja en orfandad. Este tratado menciona que no podrán invocarse circunstancias excepcionales, como la inestabilidad política interna, como justificación.

Mar Pérez Velazco, especialista de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), señala que contar con un registro de víctimas de represión policial en protestas permitiría la identificación oportuna de los afectados y el seguimiento de sus casos para la reparación de sus derechos. Frente a ello, “el único mecanismo que tienen los familiares de las víctimas [de protestas con represión policial] para conseguir una reparación por la pérdida de sus familiares o la interrupción de sus vidas al quedar en mal estado de salud es seguir una demanda judicial. Hasta el momento ninguna persona ha conseguido ese reconocimiento”, asegura Pérez Velazco.

Según la Cnddhh, los familiares de Jordan Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22), quienes fallecieron en la marcha nacional contra el breve régimen de Manuel Merino, en 2020, recibieron un apoyo económico durante la gestión del expresidente Francisco Sagasti. Además, el Ejecutivo reconoció un apoyo económico “excepcional y por única vez” por montos que varían entre S/ 15.000 a S /40.000 a los heridos de gravedad en Lima e Ica durante las movilizaciones registradas entre el 10 y 14 de noviembre de 2020 y el paro agrario en Ica, en diciembre de 2020. 

 

 

La Defensoría del Pueblo ha registrado 114 fallecidos y 3.498 heridos en conflictos sociales desde agosto de 2011 a marzo de 2022. En tanto, la Cnddhh ha contabilizado 166 fallecidos y 2.609 heridos en las protestas de los últimos 20 años, desde el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Esta institución solo registra casos por represión policial durante un conflicto social, mientras que la Defensoría del Pueblo cuenta a los afectados directos e indirectos de las protestas. De acuerdo a la Cnddhh, salvo los casos de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, en ningún otro se entregaron reparaciones económicas por muerte o lesiones. 

La congresista Ruth Luque Ibarra, del partido Juntos Por el Perú, señaló a OjoPúblico que deben ser considerados como víctimas de un conflicto social todas las personas que han recibido “un daño directo por represión policial o indirecto”, cuando, por ejemplo, se bloquean las carreteras y no pueden llegar a un centro médico. Las protestas generan daños con responsabilidad penal, civil y políticas, sostuvo. Luque adelantó que presentará un proyecto de ley que permita una reparación integral de los derechos humanos a las víctimas de los conflictos sociales.