La Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), encargada de los procesos administrativos en el ámbito policial, informó a OjoPúblico, por medio de una respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, el archivo de once nuevos casos relacionados a las protestas. De esta cantidad de expedientes, cuatro corresponden a fallecidos y siete a heridos que dejaron la represión policial entre diciembre de 2022 y los primeros meses del 2023. 

Esta cifra se suma a los siete expedientes archivados que este medio reveló en agosto de 2023. Por medio de dos reportajes se evidenció que Inspectoría encarpetó los casos sin realizar indagaciones, para las cuales están facultadas por la ley del régimen disciplinario policial. Una práctica que ha mantenido en los nuevos casos a los que accedió OjoPúblico. 

El exministro del interior, Cluber Aliaga Lodtmann, confirmó que en la etapa de acciones previas o preliminares, la Inspectoría está facultada para realizar diligencias exhaustivas como visitas de constatación, entrevistas, verificación documental, entre otras actuaciones tanto a entidades públicas como privadas. “En esta etapa se buscan elementos de convicción, pruebas, para sustentar una acusación, para determinar si hay conducta indebida o no”, sostuvo. 

Inspectoría archivó 11 casos relacionados a las protestas sin realizar diligencias que le faculta la Ley 30714"

No obstante, en tres de los expedientes de fallecidos, por ejemplo, la autoridad policial logró obtener información sobre la cadena de mando de los operativos. Sin embargo, no se realizaron mayores diligencias para profundizar en la búsqueda de evidencias. 

Por el contrario, los documentos revelan que los órganos de disciplina se centran en solicitar información solo a las entidades policiales y, en algunos casos, argumentan el archivo de la investigación sosteniendo que esta también se encuentra en el ámbito penal. 

MUERTOS. La represión policial y militar contra las protestas ciudadanas de diciembre de 2022 y enero 2023 dejó 49 civiles fallecidos. 

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

El archivo de estos casos llama la atención, tras conocerse que el último sábado 13 de abril, Inspectoría suspendió al coronel PNP Harvey Colchado, hasta entonces jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP, por haber compartido una foto de la torta de su cumpleaños por medio de una red social. 

“Es sorprendente que en tiempo récord se constituye un nuevo equipo y al día siguiente se le encarga investigar al coronel [Harvey] Colchado. Hay una excesiva y sospechosa rapidez en este caso, sobre todo después de ver cómo actúa [la inspectoría] en otros casos”, indicó el exministro del Interior Mariano Gonzalez a OjoPúblico.

El coronel Harvey Colchado fue suspendido por haber compartido la foto de la torta de su cumpleaños en una red social"

El exministro del interior Carlos Basombrío señaló que esta entidad en la práctica no cumple una labor realmente autónoma: “La Inspectoría nunca ha sido una institución muy prestigiosa. Está llena de oficiales que se les manda allí como una suerte de castigo. Está muy manipulada. Y el comandante general de la PNP hace lo que quiere con ella, más allá de la formalidad de la autonomía. El caso de Colchado es una venganza política de la presidenta Dina Boluarte”. 

Por su parte, el exministro del Interior y exdefensor del pueblo, Walter Albán, afirmó que la diferencia en el tratamiento de ambos casos [las víctimas y los heridos por las protestas, y la suspensión del coronel Colchado] demuestra la instrumentalización de la Inspectoría de la Policía Nacional al poder político de turno.

Tres civiles y un policía 

Entre los casos archivados por Inspectoría se encuentran cuatro expedientes relacionados a personas fallecidas durante las protestas.

El primero corresponde a Roberto Medina Llanterhuay (16), quien falleció el 12 de diciembre de 2022, tras recibir el impacto de un proyectil de arma de fuego durante las protestas en el distrito de Chincheros, en Apurímac.

La resolución de archivo, al que accedió OjoPúblico, revela que la Oficina de Disciplina de Andahuaylas recibió los planes de operaciones para dicha región, y a partir de esa información, tomó conocimiento que el mayor PNP Carlos César Cuya Campos fue el responsable de la ejecución de las operaciones policiales en la zona. 

Inspectoría identificó la cadena de mando en tres casos de fallecidos, pero igual archivó los expedientes"

En sus descargos, Cuya Campos confirmó que el día de los hechos estuvo al mando de 42 efectivos policiales, y que durante los enfrentamientos realizó disparos disuasivos para poner a buen recaudo al personal policial. 

Pese a esa prueba inicial, el 10 de octubre de 2023, se archivó el expediente. El argumento fue que no se pudo identificar a los responsables de la muerte de Roberto Medina Llanterhuay y que el caso está siendo investigado por la Fiscalía.

Pablo Medina, padre de Roberto Medina Llanterhuay, informó a este medio que no tenía conocimiento del expediente abierto a nivel de la Inspectoría PNP, mucho menos de su archivo. “No tenía conocimiento, solo la Dirincri me llamó una vez para tomar mi declaración, pero me dijeron que era para la investigación fiscal”, sostuvo. 

FACULTADES. La Inspectoría PNP archivó el caso de Roberto Medina Llanterhuay sin realizar las diligencias que le faculta la ley, al margen de la vía penal. 

Documento: Inspectoría General de la PNP

El otro caso archivado corresponde al fallecimiento de Remo Candia Guevara (42) el 11 de enero de 2023 en las inmediaciones de la avenida 28 de julio del distrito Wanchaq, en Cusco, tras recibir un proyectil de arma de fuego. 

La Oficina de Disciplina de Cusco accedió a los planes operativos en que se detalla que el general PNP Javier Helder Vela Arangoitia estaba a cargo del comando general de las operaciones. No obstante, le restaron responsabilidad bajo el argumento de que los planes indicaban que cada zona tenía sus propios jefes operativos. No se menciona mayor indagación al respecto. 

También se pudo conocer que en la zona de Wanchaq estuvieron destacados 88 efectivos policiales y que todos dieron negativo a la pericia de restos de plomo. Este estudio se realiza para confirmar el uso de armas letales. No obstante, la resolución no menciona mayor investigación sobre este punto 

Además, se hace referencia a un documento que evidencia que los efectivos policiales tenían conocimiento del grado de lesividad que podrían causar las armas no letales y sus municiones a cortas distancias. No obstante, el órgano de disciplina no quiso indagar más sobre este punto. 

El 29 de setiembre de 2023, la Oficina de Disciplina de Cusco archiva el caso, argumentando que no ha podido identificar a los presuntos responsables y que también está siendo investigado a nivel fiscal. En tanto, Marilia Candia, hermana de la víctima, sostuvo a OjoPúblico que la familia no tenía conocimiento del expediente policial. “Solo tenemos conocimiento de la investigación penal”, indicó. 

PRUEBAS. La Inspectoría PNP identificó la cadena mando en el caso de Remo Candia Guevara; sin embargo, no realizó mayores indagaciones. 

Documento: Inspectoría General de la PNP

En tercer lugar está el caso Jonathan William Tello Claudio (17), menor de edad fallecido el 15 de diciembre de 2022 en la jurisdicción de la Comisaría Rural de Pichanaki, en Junín, tras recibir un proyectil de arma de fuego.

La Oficina de Disciplina de La Merced pudo conocer, a través de los planes operativos policiales, que el coronel PNP César Felipe Chávez Navarro fue designado responsable del comando operativo y que el jefe operativo en la zona era el comandante PNP Jonny James Vargas Onton. Por ese motivo, el expediente fue abierto contra ambos efectivos. 

La resolución de archivo también menciona que la Municipalidad de Pichanaki y Perenne no entregaron los vídeos de cámara de vigilancia de los hechos, porque habían sido borrados del disco duro de sus centrales de monitoreo. 

Los familiares de los fallecidos no tenían conocimiento del inicio y el archivo de los expedientes en Inspectoría"

Posteriormente, se detalla un documento del Departamento Desconcentrado de Investigaciones de Alta Complejidad Mazamari (DEPDIAC), relacionado al caso “Los intocables de Selva Central”, en la que se menciona que el responsable de la muerte de Jonathan Tello Calvo sería Rodolfo Chirote Flores, presunto miembro de dicha organización criminal. El documento también indica que el suboficial de tercera PNP Raúl Denis Arroyo Magro, de la comisaría de Pichanaqui, habría encubierto el hecho. Dicha información fue obtenida, según se precisó, por medio de una interceptación telefónica. 

El 11 de diciembre de 2023, la Oficina de Disciplina de La Merced decide archivar el caso, argumentando que no encontraron evidencia que comprometa a los investigados. En este caso, el padre de la víctima, Óscar Gonzalez, también señaló que no tenía conocimiento del inicio del proceso policial. 

ABSUELTOS. Hasta la fecha, ningún policía ha sido sancionado disciplinariamente por el uso de la fuerza contra civiles en las protestas.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

Finalmente, está el caso del suboficial de segunda José Luis Soncco Quispe, fallecido el 9 de enero en la zona de Tambopata, en Juliaca, Puno. La necropsia arrojó que la causa de su muerte fue producto de un golpe con un elemento contundente duro. No obstante, su cuerpo fue encontrado calcinado la mañana del 10 de enero. 

La Oficina de Disciplina de Puno inició acciones previas contra el teniente PNP Anthony Herrera Choquehuanca, jefe a cargo de la patrulla en la que iba José Luis Soncco, y contra sus compañeros, el suboficial de primera PNP Esteban Barrientos Chayña y suboficial de tercera PNP Ronald Villasante Toque, con quienes había iniciado su patrullaje el día de su muerte. A todos se les inició proceso por la presunta comisión de faltas graves o muy graves.

Exministros del Interior cuestionan la poca diligencia en estos casos en comparación con el proceso contra el coronel Harvey Colchado"

Las resoluciones dan cuenta que existían disposiciones de unidades superiores en las que prohibieron el desplazamiento de los efectivos policiales de forma individual y la movilización de unidades móviles hacia puntos de concentración o conflicto. 

Finalmente, la Oficina de Disciplina de Puno archivó el caso en abril de 2023 al considerar que no se encontraron evidencias contra los investigados. Sin embargo, sí se sancionó al teniente PNP Anthony Herrera Choquehuanca con 4 a 10 días de sanción simple, por no emitir disposiciones para evitar que un patrullero se exponga a un altercado con la población y por no mantener el control en la comunicación con los efectivos policiales a su mando. 

El padre de José Luis, Eulogio Soncco, señaló que no se le informó sobre la investigación policial realizada por la Inspectoría PNP sobre la muerte de su hijo. “No tengo información al respecto”, indicó a OjoPúblico. 

Los expedientes de 35 heridos 

La Inspectoría PNP también informó el archivo de siete expedientes relacionados a 35 civiles heridos durante la represión a las protestas. 

Entre ellas se encuentra un expediente abierto en la Oficina de Disciplina de Arequipa por lesiones ocasionadas con proyectiles de arma de fuego contra seis personas durante el enfrentamiento entre manifestantes y la policía de la Comisaría PNP El Triunfo, en el distrito La Joya, en Arequipa. 

Durante la indagaciones, el órgano de control recibió información sobre la presencia de restos de disparo de armas de fuego en seis efectivos policiales involucrados: el suboficial de primera PNP José Zapana Chullo, suboficial brigadier PNP Edwin Candela Cervantes, suboficial de segunda PNP Jesús Gomez Becerra, suboficial de tercera PNP Jonayker Velasquez Guerra, suboficial de tercera PNP Fredy Pampa Chura y el suboficial de segunda PNP Orlando Quispe Mamani. No obstante, se concluyó que dicha prueba no era suficiente para determinar a los responsables. El caso se archivó el 24 de octubre de 2023. 

El segundo expediente, a cargo de la Oficina de Disciplina de Arequipa, fue por las lesiones contra Gilbert Ccaza Tunquipa (50), tras haber sido impactado por perdigones, y Abner Solano Peña, alcanzado por una lata de gas lacrimógeno. Ambos hechos ocurrieron el 19 de enero de 2023 en la zona del Puente Añashuayco, en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

Hasta la fecha ningún efectivo policial ha sido sancionado por las lesiones causadas a civiles durante las protestas"

La investigación administrativa se centró en el suboficial de tercera PNP Miguel Ángel Mamani Pachapuma; no obstante, se comprobó que dicho oficial se encontraba hospitalizado el día de los hechos. Finalmente, se archivó el caso el 24 de noviembre de 2023. 

Otro expediente se refiere al caso de José Saldívar Condori, herido con un proyectil de arma de fuego, el mismo 19 de enero, cuando transitaba por el puente Añashuayco, en Cerro Colorado, Arequipa. La Oficina de Disciplina archivó el expediente el 21 de setiembre de 2023, tras argumentar que no se pudo identificar a los responsables del disparo. 

El cuarto corresponde al expediente por las lesiones contra Diego Salcedo Ramos (26), Ronald Vasquez García (28) y Edwin Suarez Pillco (23) durante el enfrentamiento entre manifestantes y policías en el Óvalo Pachacutec, en el distrito de Wanchaq, en Cusco. Fueron heridos en el muslo con un cuerpo extraño.

La Oficina de Disciplina de Cusco identificó al mayor PNP Roel López Zamudio y al teniente PNP Saúl Cancela Marquina en la zona donde se produjeron los hechos. No obstante, este caso también fue archivado argumentando que no se pudo identificar a los presuntos responsables. 

HERIDOS. La represión policial y militar contra las protestas ciudadanas dejó un salgo de 955 heridos.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

El quinto caso corresponde a un expediente por las lesiones, sobre todo con proyectiles de gases lacrimógenos, contra siete personas en la jurisdicción de la Comisaría San Sebastián, en Cusco. Este caso fue archivado porque supuestamente no hallaron evidencia sobre los responsables de dichas lesiones.

Lo mismo ocurrió en Pucallpa con el expediente que investigó las lesiones por proyectil de arma de fuego contra cinco personas en las movilizaciones del 17 de diciembre en el caserío Huipoca, en Ucayali. Si bien se logró identificar la cadena de mando en la zona, se archivó el caso por presuntamente no hallar evidencias de los responsables.

Finalmente está el expediente que indagó las lesiones con proyectiles de arma de fuego contra once personas durante la represión a las protestas en la localidad de Chao, Virú, La Libertad, el pasado 15 de diciembre de 2022. Este caso se archivó el 29 de julio de 2023 y el argumento fue que no se había identificado a los responsables de las lesiones. 

OjoPúblico solicitó una entrevista con representantes de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, pero solo desde el área de prensa de la PNP señalaron que los casos están siendo investigados a nivel fiscal. Ante la insistencia, no volvieron a responder. 

“A la institución policial la están usando de la peor forma. No hay respeto a la institucionalidad, no hay respeto a las reglas, a los valores que debiera tener una institución de esta naturaleza, porque todo está manipulado, instrumentalizado, en función de servir a quienes tienen por el momento el control político del país. Esto es gravísimo”, puntualizó Walter Albán.