Los crímenes contra defensores ambientales en Perú continuaron durante la pandemia: en este período nueve líderes amazónicos fueron asesinados, una cifra muy superior respecto al 2019, cuando se registró el homicidio del joven indígena kukama Cristian Jara Ríos, monitor ambiental en la comunidad La Petrolera, en Loreto, y protegía su territorio de invasores ilegales.

Desde 2013 hasta la fecha, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha reportado 17 asesinatos de defensores ambientales, 11 de los cuales eran indígenas y, en su mayoría, fallecieron por disparos de armas de fuego. Las investigaciones para esclarecer esas muertes avanzan de manera muy lenta -ninguno de los nueve crímenes ocurridos durante la pandemia ha sido resuelto aún-, mientras las organizaciones indígenas solicitan justicia para los deudos y una adecuada protección.

En junio de este año ocurrió el último atentado contra un defensor ambiental: Mario Marcos López Huanca, secretario de la organización indígena EcoSira, que coadministra la Reserva Comunal del mismo nombre, recibió un disparo de perdigón en la cabeza cuando mantenía una conversación con colonos de la zona. El hombre falleció luego de cuatro días de agonía. 

En ese contexto de violencia, OjoPúblico entrevistó al representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab. El funcionario señaló que en Perú la situación de los líderes amazónicos es crítica y planteó la necesidad de que el futuro Gobierno mejore la implementación del Mecanismo de protección de los defensores para salvaguardar su integridad. 

Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, nueve líderes considerados defensores ambientales han sido asesinados en Perú. ¿Cuál es la lectura de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos frente a este aumento de violencia?

La situación de los defensores de derechos humanos es dramática en América Latina. A inicios del 2020, en su visita al Perú, el exrelator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forest, explicó que los protectores [indígenas] de la tierra y del territorio son, entre las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, la categoría más amenazada en toda América Latina. Perú y otros países de la región, como Colombia y Brasil, tienen una larga lista de personas defensoras de la tierra y del territorio asesinadas. Este fenómeno se puede atribuir a actividades ilegales, como el narcotráfico, la tala ilegal y la minería ilegal. Pero, también, a un contexto más amplio, por la presión [que existe] en los territorios indígenas, donde se ejerce el modelo extractivista y agroindustrial. Ambos [factores] -la actividad legal y la ilegal- son parte del problema. En cuanto a los defensores ambientales asesinados durante la pandemia en Perú, habían recibido amenazas de estructuras criminales por solicitar la titulación de sus tierras durante años, incluso décadas. 

Cuando un defensor ambiental es asesinado, ¿qué implica esto para el resto de la comunidad? 

Un homicidio [de este tipo] es muy grave para la víctima y para su familia, pero también para la comunidad, el pueblo al que pertenece, pues las amenazas y estos crímenes tienen un impacto tremendo en otras personas que quieren defender sus territorios de la tala ilegal, la minería, el narcotráfico. Los ilegales mandan un mensaje de terror, de amedrentamiento; que se suma a la impunidad que se siembra desde el Estado, porque las investigaciones por estas muertes no avanzan. Uno de los defensores dijo [en una reunión entre líderes indígenas y la ONU] que es más riesgoso ser protector de tierra y de territorio [indígena] que otro tipo de defensor porque se exponen a la estigmatización y a la criminalización. Pero no solo eso. Los autores de estos crímenes escapan y no avanzan las investigaciones por diversos motivos, entre estos que los crímenes suceden en zonas alejadas, con poca presencia del Estado. Aunque hay otro factor, relacionado con los intereses económicos de las autoridades locales, quienes muchas veces presionan a los defensores [ambientales] y desconocen sus derechos.

Los ilegales mandan un mensaje de terror, de amedrentamiento, que se suma a la impunidad".

¿Qué evaluación hace del trabajo de las instituciones encargadas de investigar este tipo de crímenes y amenazas contra defensores de derechos humanos?

Es muy preocupante. Cuando ocurre una tragedia de este tipo es importante que la justicia llegue y rápido, para dar el mensaje de que estos crímenes no quedarán impunes. En el caso de las amenazas, no se tiene que esperar a que se concrete el homicidio. Si eso sucede, llega la impunidad y es como invitar a que ocurran nuevos homicidios.

Siete de los nueve defensores ambientales asesinados eran líderes indígenas que vivían en territorios donde no hay señal telefónica y sus comunidades son acechadas por el narcotráfico. ¿Tiene el Estado peruano alguna responsabilidad en estas muertes?

Tenemos que admitir que es difícil garantizar la presencia del Estado en territorios remotos, como la Amazonía. Debería ser prioridad del Estado la investigación [fiscal] y la protección de los deudos y de la comunidad que perdió a su líder.

El Gobierno peruano ha activado el Mecanismo  intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. ¿Cómo evalúa esta medida estatal?

Podemos decir que el Gobierno peruano, paulatinamente, está construyendo una forma de protección de personas defensoras de derechos humanos, que hay una voluntad. Pero falta mucho para que este mecanismo sea eficaz.

Hay interesantes ejemplos en la región sobre la protección de defensores en cooperación con nuestra oficina. Son los casos de Colombia y México. En cuanto a Perú, nosotros brindamos asistencia, pero queda claro que es una tarea pendiente para el próximo Gobierno: hacer que este mecanismo se vuelva más tangible y rápido, a nivel policial. También se deben realizar intervenciones de carácter político, a través de pronunciamientos entre las autoridades locales, nacionales e internacionales para respaldar el trabajo de los defensores amenazados.

Falta mucho para que el mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos sea eficaz".

¿Qué se debe mejorar en este mecanismo peruano para que sea eficaz, teniendo en cuenta la lejanía y poca comunicación entre las ciudades y los pueblos indígenas?  

Para un mecanismo eficaz de protección de defensores de derechos humanos se necesita un presupuesto que permita activar con rapidez acciones inmediatas, así como el liderazgo del gobierno nacional. En México, por ejemplo, hay un mecanismo de protección de defensores y periodistas, [que cuenta] con una comisión encargada de discutir cada caso para saber qué medida aplicar. Algunas veces es un botón de pánico, una cámara o acompañamiento policial. Se pueden desplegar estas medidas de manera eficaz y rápida. No digo que sea un modelo sin problemas, pero se mejora con recomendaciones y acompañamiento. 

Otro factor importante es que el gobierno manifieste públicamente que apoya el trabajo de los defensores de derechos humanos, que consideran ese trabajo esencial en un Estado democrático. Sabemos que muchas veces no es así, sobre todo a nivel local, donde hay una tendencia a estigmatizar a los defensores indígenas como personas que están en contra del desarrollo, que obstaculizan proyectos extractivos. Se tiene que cambiar el discurso público referido a la protección de defensores de los derechos humanos.

¿Qué acciones podrían realizar las organizaciones indígenas para defenderse de estos ataques? 

Nuestro rol [de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] es visibilizar las voces auténticas de las comunidades, para que las autoridades escuchen cuáles son los verdaderos problemas allí: acoso, narcotráfico, minería ilegal, invasión y tala ilegal. Buscamos ser facilitadores para que los mismos pueblos realicen las acciones pertinentes. Es importante que las comunidades se movilicen y permanezcan unidas ante los intentos de actores legales e ilegales de dividirlas. En muchas ocasiones esas fuerzas externas generan conflictos internos para romper la fuerza comunal. Desde las Naciones Unidas estamos para apoyarlos [a las comunidades indígenas] y sumar esfuerzos.

¿Considera que la pandemia ha agravado la vulnerabilidad de los defensores ambientales indígenas en la región?

Soy consciente de la buena fe de muchos interlocutores del Gobierno [peruano], pero también de las limitaciones que tienen como gobierno de transición y por la emergencia sanitaria que eclipsó casi todo. Esto no solo sucede en Perú, también en Brasil y en otros países de la región. La vulnerabilidad de los defensores ambientales se agravó en este tiempo [de pandemia]. Esto ocurrió, probablemente, porque las actividades ilegales continúan y el Estado peruano ha reducido su presencia en las zonas rurales, pues ahora sus esfuerzos se concentran en combatir la pandemia. 

En Perú, la situación de los defensores [ambientales] es crítica".

En el caso peruano, ¿hay algún otro factor adicional detrás del incremento de la violencia contra los defensores ambientales?

En Perú, la situación de los defensores [ambientales] es crítica. Los asesinatos han aumentado desde abril de 2020. Esta ola de violencia podría agravarse si se prioriza la recuperación de la economía, pues puede constituir un riesgo para las comunidades indígenas abrir sus territorios a las actividades extractivas. Existen propuestas para acelerar las consultas indígenas, hacerlas en línea [de manera virtual], que es una medida inapropiada culturalmente hablando, con el fin de permitir la entrada de varios intereses económicos a territorios indígenas. Esto sería muy peligroso: sacrificar las comunidades indígenas por la recuperación económica. Debemos insistir en lo que el secretario general de las Naciones Unidas, António Manuel Guterres de Oliveira, describe cómo “reconstruir mejor” para que el modelo de desarrollo futuro sea más sostenible.

¿La crisis política que atraviesa el Perú también ha contribuido al incremento de la violencia en la Amazonía?

Estoy de acuerdo con que la inestabilidad política del país, en los últimos años, también dificulta -aunque sean buenas las intenciones- el actuar del Estado en cuanto a la protección de los defensores de derechos humanos. Nosotros estuvimos en una misión después de las protestas de noviembre del año pasado, cuando se vacó al expresidente [Martín Vizcarra]. Por un lado, los testimonios eran que lo que ocurrió en la capital, en ese contexto, fue excepcional para Lima. Sin embargo, la violencia no es tan excepcional en las zonas rurales, donde muchas personas de las comunidades indígenas viven en constante riesgo por las actividades ilegales. Está claro que la combinación de todos estos factores: la inestabilidad política y la pandemia debilitaron la respuesta del Estado frente a las amenazas que sufren las personas defensoras de derechos humanos, que al estar en zonas remotas no son una prioridad. 

¿Qué prioridades considera que debe contemplar el próximo Gobierno para proteger a los líderes indígenas que defienden la Amazonía peruana?

Sin duda, la situación va seguir siendo difícil, pero se necesita una sinergia de actores locales, nacionales y el acompañamiento internacional. [En este contexto] expresamos nuestra admiración y solidaridad a los defensores ambientales porque su trabajo es heroico; y seguiremos acompañándolos. Al nuevo Gobierno [peruano] le decimos que estamos para ayudarles a mejorar sus prácticas [de protección a los defensores de derechos humanos] y seguiremos acompañándolos.