La organización de derechos humanos Amnistía Internacional presentó, hoy, el informe Racismo letal. Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, sobre las muertes producidas durante la violenta represión a las protestas realizadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. El documento concluye que existió una acción organizada y sistemática de parte del Gobierno contra los manifestantes, principalmente en regiones, y que esta respuesta tuvo sesgo racista.

El organismo internacional, con presencia en más de 150 países, ha documentado que, por lo menos, en 20 de los 49 civiles fallecidos en el contexto de las protestas, hay elementos que pueden configurar la figura de ejecuciones extrajudiciales.

OjoPúblico entrevistó a Agnés Callamard, máxima representante de esta organización, quien expone la gravedad de lo sucedido en el contexto de convulsión social y la enorme responsabilidad de la Fiscalía de la Nación para analizar e investigar “desde el comandante local hasta el Jefe Supremo del Estado”, y señalar claramente a los responsables “para romper con la impunidad”.

En este sentido, Callamard advierte que, hasta ahora, las investigaciones fiscales no han sido exhaustivas al punto de que víctimas, testigos o sus familiares “no han sido entrevistados de manera suficiente o no han sido entrevistados simplemente”. 

En el informe señalan que encontraron patrones en las formas de represión que evidencian una estrategia nacional. Además, mencionan que los reportes reiterados de lesiones graves y muertes por munición letal y la falta de acción de las autoridades para prevenir esto, implicaría cierto grado de dolo u aceptación. ¿Consideran que la responsabilidad de esa estrategia traspasa a los mandos militares y alcanza a ministros y a la presidenta?

El informe de Amnistía Internacional resalta que las muertes y lesiones son resultado del uso de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden, tanto de policías como de militares. Estas se han producido a nivel nacional y en distintos momentos. El hecho de que dichas muertes y lesiones presenten similitudes, desde el punto de vista de cómo estas se han dado, las armas utilizadas, entre otros aspectos, indica que la represión ha sido organizada y sistemática. Y, por eso, también existe responsabilidad política.

El gran número de víctimas [por uso de la fuerza letal] llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a calificar estos hechos de una masacre. Esto también cuestiona la responsabilidad del Estado, [pues] no son solamente muertes resultado de acciones independientes o de oficiales de seguridad que se han salido de la norma. Debido al patrón que existe no podemos concluir que son incidentes individuales o aislados.

Esto significa que el Estado está involucrado. ¿Quién en el Estado? Esa es la gran pregunta y dependerá de la fiscal de la nación investigar cuáles son los niveles y la naturaleza de las responsabilidades, tanto del liderazgo civil como de las fuerzas del orden.

La represión ha sido organizada y sistemática. Y, por eso, también existe responsabilidad política".

Con respecto a los líderes de la autoridad civil, tanto los ministros como la presidenta tienen que estar dentro de una investigación para poder asignar responsabilidades. ¿A qué nos referimos con responsabilidad? Pueden haber dos responsabilidades posibles: la primera y la más grave será la responsabilidad de ordenar las muertes. La segunda, que también es muy importante, sería que no evitaron dichas muertes.

Ambas responsabilidades son responsabilidades penales, ambos son crímenes y necesitan una rendición de cuentas. Depende de la Fiscalía de la Nación investigar todo y cada uno de los niveles. La Fiscalía tiene la responsabilidad de analizar e investigar desde al comandante local hasta al jefe supremo del Estado.

También existe una tercera responsabilidad: de las personas con autoridad moral o política que, a través de sus palabras o acciones, crearon un contexto para facilitar y legitimar estas muertes. Urgimos que la Fiscalía se concentre en los discursos públicos realizados por la presidenta y por los ministros para poder determinar quién, a través de dichos discursos, creó las condiciones que hicieron posible dichas muertes, dichas matanzas.

El informe documenta que en 20 casos, las circunstancias de las muertes tienen elementos para configurar ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuáles son estos elementos?

Hemos documentado 20 casos en los que hemos llegado a la conclusión, con bastante confianza, que todos responden a ejecuciones extrajudiciales porque hubo la intención por parte de los representantes del Estado de matar a un individuo que no representaba un riesgo para la vida de los agentes.

Incluso hemos hallado víctimas que no eran parte de las protestas y que fueron asesinadas con rifles de largo alcance. Esto nos indica que dichas muertes van más allá de matanzas a través del uso indebido de la fuerza letal.

No son el producto de un uso indiscriminado de la fuerza, que ya es un crimen en sí, sino que son el resultado de una intención para matar. Es por eso que le llamamos ejecuciones extrajudiciales.

Sean o no ejecuciones extrajudiciales o matanzas arbitrarias, todas estas muertes demandan una investigación dentro de la cadena de comando. Las ejecuciones extrajudiciales podrían indicar una política para matar, una política de disparar a matar. La fiscal de la nación tendrá que investigar de manera exhaustiva para demostrar quién dio la orden de disparar a matar dentro de las autoridades.

El discurso de la presidenta [Boluarte] y de sus ministros estigmatizaba a los manifestantes".

Entre sus hallazgos señalan que encontraron casos en los que se comprueba la pérdida de evidencia, como proyectiles de arma de fuego, en los hospitales o en el lugar de los hechos, algo que también hemos revelado en OjoPúblico. ¿Cuáles son las principales irregularidades detectadas y cómo evalúan la actuación de los fiscales en la protección de la evidencia?

Bajo el derecho internacional de DD.HH. la investigación de matanzas o lesiones por parte de representantes del Estado tiene que darse con celeridad y de manera efectiva. Tiene que ser, además, exhaustiva.

No hemos encontrado evidencia de esto todavía, al menos en los casos que hemos revisado en detalle. La investigación de parte de las autoridades no se hizo tan rápido como debió ser, y esto significa que la evidencia física en particular, como las balas y otros elementos, se pudieron perder o se han perdido.

No hemos hallado que la investigación haya sido exhaustiva. Las víctimas, testigos o sus familiares no han sido entrevistados de manera suficiente, o no han sido entrevistados simplemente. Entonces, claramente, no ha sido una investigación eficiente al día de hoy, porque las víctimas se sienten abandonadas.

El informe plantea que la estrategia contra los manifestantes, aunque tiene patrones comunes en el ámbito nacional, también tiene un importante sesgo racista que se manifiesta en un accionar diferenciado de las acciones de represión por parte de las fuerzas de seguridad en regiones respecto a la capital del país. ¿Cuáles son los principales hallazgos en este sentido?

Nuestro informe halló que el uso de la fuerza letal por parte de los agentes de seguridad peruanos se hizo de manera exclusiva en regiones, fuera de Lima. Además, el principal objetivo ha sido gente de raíces indígenas y campesinas. Esto sugiere un sesgo racista bien marcado en el uso de la fuerza letal. En otras palabras, las fuerzas del orden sienten que pueden utilizar las armas más letales cuando se enfrentan a protestantes campesinos o indígenas. 

¿Cuál es su evaluación respecto al discurso de las altas autoridades sobre las protestas? ¿Cuáles son los impactos de este discurso?

No hay duda de que el discurso de las autoridades, incluyendo a la presidenta y a algunos ministros, estigmatizaba a los manifestantes, los trataban como terroristas o los vinculaban con grupos armados. Y este es un discurso muy peligroso dentro de un ambiente ya polarizado e inclinado hacia la violencia.

La pregunta para la fiscal sería si es que dichos discursos estuvieron en relación del derecho internacional de derechos humanos, en particular del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe un discurso que se considere como incitación a la discriminación, violencia o el odio. Estos discursos están prohibidos en el derecho internacional.

PROTESTAS. Manifestantes en el aeropuerto de Ayacucho en diciembre de 2022. 

Foto: OjoPúblico / Miguel Gutiérrez

Se acaban de reunir con la fiscal de la nación, Patricia Benavides, ¿qué impresión le dio y qué compromisos asumió?

La delegación de Amnistía Internacional sostuvo una reunión con la fiscal de la nación, y quiero describirla como constructiva, franca y directa. Dentro del contexto de esta reunión, le hicimos llegar nuestras preocupaciones, la preocupación que nos han hecho llegar las víctimas y los abogados, en especial en Ayacucho y Andahuaylas. ¿Cuáles son las preocupaciones? En primer lugar, las víctimas se sienten abandonadas.

Además, sienten que no tienen acceso a quienes realizan las investigaciones, sienten que no tienen acceso a la información. También hay una falta general de entendimiento de cómo es que se llevan a cabo estas investigaciones. Trajimos estas preocupaciones y las presentamos ante la fiscal de la nación. Ella no respondió, pero nos pareció bien cuando nos describió las acciones que habían tomado hasta ahora, incluyendo la creación de la Unidad Especial.

Debido al patrón que existe, no podemos concluir que son incidentes individuales o aislados".

¿Considera positiva la creación de este equipo especial de fiscales que trae los casos de las regiones a Lima?

Amnistía Internacional viene trabajando en Perú durante 40 años. Existe una impunidad sistémica e histórica por crímenes cometidos por parte del Estado en contra de la gente, sobre todo en contra de los campesinos y de las comunidades indígenas, las personas más desprotegidas desde el punto de vista histórico y [que son víctimas] de un régimen de impunidad.

Cualquier propuesta de un nuevo enfoque debería ser bienvenida, probada y, después, podríamos dar nuestra opinión o crítica. Ahora, sería un poco prematuro llegar a algún tipo de conclusión. Tenemos que esperar y ver si es que realmente pueden dar justicia de manera más efectiva y rápida.

Esa es la postura de Amnistía. En términos prácticos significa que asignamos una gran cantidad de responsabilidad a esta unidad especializada o unidad especial [de la Fiscalía].

Tienen que hacer todo lo que sea posible para tener presencia en los distritos, en las comunidades. Tienen que hablar con las víctimas, reunirse con los abogados, demostrar que están presentes a pesar de estar en Lima. Tienen que demostrar que están avanzando las investigaciones de manera cercana y seria, tienen que cerrar la brecha y, también, tienen que recuperar la confianza. Es una enorme responsabilidad para cada uno de los miembros del equipo [fiscal], eso es crucial.

Además, el equipo bajo la autoridad de la fiscal de la nación tienen que demostrar rápidamente que están siguiendo el curso de la justicia, logrando el progreso en todos y cada uno de los casos. También tienen que estar preparados para nombrar a los responsables cuando tengan suficientes evidencias que demuestren la culpabilidad de dichas personas.

Eso es extremadamente importante para romper este régimen de impunidad, ya sean agentes policiales, militares individuales que sean responsables de las muertes. Ellos tienen que ser identificados y ser llevados ante la justicia.

Hay que probar cómo nos va, pero nosotros [Amnistía Internacional] vamos a estar monitoreando de cerca. Y nos concentraremos en la participación de las víctimas, en la capacidad de acceder a la información, de ser escuchadas y también de que la evidencia se recolecte de manera adecuada y apropiada.