Las historias que otros no te quieren contar
El Legislativo agendó un paquete de propuestas controversiales. Destacan las relacionadas a la contrarreforma electoral, universitaria, entre otros temas como leyes con gastos tributarios. A estos se suman proyectos que debilitan la colaboración eficaz y buscan la remoción de los miembros de la JNJ. Por otro lado, esta tarde se conoció que la fiscal Marena Mendoza dejó el cargo de coordinadora del Equipo Especial Lava Jato.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció, esta tarde, sobre una posible remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de que el Congreso agendara, en el Pleno de este miércoles, el debate de una nueva propuesta que busca la destitución de los integrantes del organismo, sin mayor investigación y sin el debido proceso.
En este contexto, la CIDH le recordó al Legislativo que los controles políticos a los operadores de justicia —jueces y fiscales— basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas “resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad”.
El comunicado del organismo hace referencia a la moción legislativa 9525, presentada por el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, bajo el argumento de que los miembros de la JNJ suspendieron a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, sin alertar sobre un supuesto caso de conflicto de interés.
A diferencia de la anterior investigación sumaria, que llegó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para la elaboración de un informe, en este caso, el Congreso no ha respetado su propio antecedente procedimental y, ahora, van por la vía de destitución inmediata.
#LoÚltimo 🔎Ante un nuevo intento del Congreso por destituir a la JNJ, la @CIDH recordó al Estado peruano que los controles hacia operadores de justicia basados en discrecionalidad o razones políticas "resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad". pic.twitter.com/IGD9NzAEFM
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) December 13, 2023
El pasado 11 de diciembre, la fiscal Marena Mendoza Sánchez, funcionaria cercana a la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides, presentó su renuncia al cargo de coordinadora del Equipo Especial Lava Jato, al que fue designada el pasado 24 de noviembre, tras la suspensión del fiscal Rafael Vela.
El pasado 10 de diciembre, en entrevista con OjoPúblico, el fiscal provincial del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, había señalado que, hasta esa fecha, la fiscal Marena Mendoza Sánchez no había tomado posesión del cargo ni había convocado a ninguna reunión al equipo especial. “No sabemos su ubicación”, dijo en ese momento.
Tras la revelación de la Operación Valkiria, que involucra a Patricia Benavides como líder de una presunta organización criminal, las cámaras de seguridad del Ministerio Público revelaron que, un día antes del operativo, la suspendida fiscal suprema se había reunido con su personal más cercano hasta la madrugada. En la lista se encontraba la fiscal titular civil, Marena Mendoza Sánchez.
De acuerdo a la resolución 3428-2023-MP-FN de fecha 12 de diciembre, a la que accedió OjoPúblico, Marena Mendoza Sánchez deja el cargo del Equipo Especial Lava Jato, pero se mantiene como coordinadora del Equipo de Fiscales para casos de víctimas de las protestas.
Asimismo, en el documento, firmado por el fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena Campana, se le encarga el despacho de la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales a la fiscal Elssie Salette Garavito Chang, quien ya venía trabajando en el despacho del suspendido fiscal Rafael Vela.
Esta tarde, el Congreso aprobó por insistencia la autógrafa del Proyecto de Ley 3678, que “sincera los intereses por devoluciones de pagos de tributos en exceso o indebidos, por retenciones o percepciones no aplicadas del Impuesto General a las Ventas y actualización de multas”.
Esta autógrafa, observada por el Ejecutivo, busca aumentar de 0,42% a 0,9% los intereses que paga la Sunat para la devolución de impuestos, cuando el exceso del monto declarado “fue error del contribuyente”.
El sustento del presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, fue que se busca igualar la tasa de interés de devolución de impuestos con la que cobra la Sunat en el pago de deudas tributarias en mora, que asciende a 0,9%.
Sin embargo, especialistas señalan que, actualmente, el interés es de 0,9% cuando el error es responsabilidad de Sunat. Mientras que, cuando es ocasionado por el contribuyente, asciende a 0,42%. En otras palabras, es en este último punto dónde aplica el ajuste aprobado por el Legislativo.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calculó que, con ello, se duplicará el monto de los intereses a devolver, que implica S/280 millones adicionales de manera anual.
Para los últimos tres días de la actual legislatura, el Parlamento también tiene en la agenda del Pleno la votación de otros tres dictámenes que generan impacto negativo en la recaudación tributaria.
Uno de ellos es el del Proyecto de Ley 6473, que prorroga hasta 2026 la exoneración del pago de impuesto a la renta a las ganancias de capital en la bolsa de valores. Esta propuesta fue dictaminada recién ayer en la Comisión de Economía del Congreso.
Sobre este caso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había recomendado al Perú, en un informe publicado en el año 2022, no renovar dicha exención. Esto teniendo en cuenta que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) no presentó un desempeño destacado con el beneficio tributario.
El Legislativo también busca aprobar el Proyecto de Ley 3676, que ordena a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) brindar capacitación a las empresas que cometan infracción por primera vez, en lugar de cobrarle la multa correspondiente o pedirle que subsane su falta.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que la medida genera un impacto negativo de alrededor de S/2.950 millones en la recaudación tributaria.
También está en agenda el Proyecto de Ley 2404, que promueve la inversión privada en conservación ambiental a través del mecanismo de ambiente sano por impuestos.
Estos dictámenes y la iniciativa aprobada hoy se suman a las otras seis leyes que ya había aprobado el Parlamento este año, con un costo fiscal de S/8.100 millones, tal como informó OjoPúblico en un reciente artículo.
Con 69 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó la admisión a debate de la moción que propone la remoción inmediata de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Tras la votación, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, suspendió la sesión y convocó a la Junta de Portavoces para definir el mecanismo y el tiempo del debate.
De acuerdo a una sistematización realizada por El Comercio, los congresistas que votaron a favor pertenecen a las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Podemos Perú, Acción Popular, Somos Perú, Unidad y Diálogo y no agrupados.
Cinco de esas bancadas (Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y Podemos Perú) tienen miembros implicados en la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder por una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público.
Según la tesis fiscal, los asesores de la suspendida fiscal de la nación realizaron coordinaciones con legisladores de dichos grupos parlamentarioss para destituir a la exfiscal Zoraida Ávalos, nombrar a Josue Gutiérrez como defensor del pueblo y cesar a los integrantes de la JNJ.
Minutos después del receso, el presidente del Congreso informó que la Junta de Portavoces acordó citar a los miembros de la JNJ para el viernes a las 3:00 p.m., para que ejerzan su defensa. El debate tendrá una duración de dos horas y, luego, se procederá con la votación.
Esta tarde, el Pleno del Congreso de la República aprobó, con 84 votos a favor, ampliar hasta el 30 de diciembre de 2025 el plazo para que los docentes de universidades públicas y privadas obtengan su grado de maestro (maestría), como lo exige la Ley Universitaria.
La norma, aprobada en 2014, exige que los docentes universitarios cuenten, al menos, con el grado de maestro para enseñar en pregrado y con el de doctor para enseñar en postgrado.
En el 2015, el Tribunal Constitucional fijó un periodo de cinco años para cumplir con la exigencia. Sin embargo, el plazo, que vencía en noviembre de 2020, fue prorrogado nuevamente por el Ejecutivo y el Congreso.
En mayo de 2020, el gobierno de Martín Vizcarra, a través del Decreto Legislativo 1496, amplió por un año más el periodo para la obtención de la maestría dada la crisis sanitaria por la covid-19.
Posteriormente, el Congreso aprobó un proyecto para que se extienda el plazo hasta diciembre de 2023. Ahora, el Pleno aprobó la tercera extensión, hasta diciembre de 2025.
Esta tarde, antes de la admisión a debate de la moción que propone la remoción inmediata de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Congreso, las organizaciones internacionales Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el debido proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) advirtieron que la remoción inmediata de los integrantes de la JNJ implicaría un ataque institucional y generaría un quiebre del orden constitucional.
“Ante el intento por parte del Congreso de la República del Perú de ‘remover de forma inmediata’ a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la supuesta comisión flagrante de actos contrarios a la ley, las organizaciones internacionales DPLF, CEJIL y WOLA expresamos nuestro más enérgico rechazo”, se lee en el comunicado que emitieron.
Además, las organizaciones recordaron que diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenan directamente los ataques sistemáticos y masivos por parte de órganos políticos a las altas cortes y otros órganos del sistema de justicia.
De igual modo, señalaron que el Derecho Internacional establece que el control político de sus autoridades debe respetar las garantías del debido proceso, así como aquellas que se derivan del principio de independencia judicial.
“Dada la importancia de las funciones de la JNJ respecto del sistema de justicia y los titulares de los organismos electorales en el Perú, la remoción arbitraria de sus miembros tendría efectos directos sobre el equilibrio de poderes, la integridad del sistema electoral y el régimen democrático en el país”.
Finalmente, las mencionadas organizaciones hicieron un llamado directo al Congreso a ejercer sus facultades respetando la independencia del sistema de justicia y a honrar los compromisos asumidos por el Estado peruano en la Carta Democrática Interamericana ante la comunidad internacional.
#Peru: Organizaciones internacionales alertamos riesgo de ruptura del orden constitucional ante posible remoción masiva del pleno de la @JNJPeru por parte del @congresoperu
— Due Process of Law Foundation (@DPLF_info) December 13, 2023
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