A dos semanas de terminar la actual legislatura, en el Congreso se vienen aprobando reformas a la Constitución y cuestionables proyectos de ley, entre ellos, una iniciativa que beneficia al crimen organizado, otra para desaparecer la Junta Nacional de Justicia y aquella que busca la prescripción de delitos de lesa humanidad. Ante esta situación, OjoPúblico conversó con el exdefensor del pueblo Walter Albán, quien analizó la crisis actual y consideró que esos últimos sucesos, sumados al desgobierno que se ha evidenciado de la presidenta Dina Boluarte, podrían ocasionar que su mandato termine antes del 2026.

Para el abogado y magíster en Derechos Humanos, la situación se agrava en el país porque "ya no tenemos un Tribunal Constitucional”. Según consideró, esta instancia ha sido copada por el Poder Legislativo para sus intereses, así como la Defensoría del Pueblo. Además, señaló, ahora también se pretende controlar la sociedad civil. Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube o en este enlace.

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que desaparece a la JNJ y crea, en su lugar, la Escuela Nacional de la Magistratura. Además, plantea que los jefes de ONPE y Reniec sean elegidos por el propio Congreso. ¿Cuáles son los riesgos de esta propuesta?

Lo que ponen en evidencia es que ya no respetan nada. Esto es un engendro, lo que han imaginado y están a punto de concretar. Hablan de crear esta Escuela Nacional de la Magistratura, pero tengo la impresión de que siempre estuvo en la mira de ellos controlar la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lo que pasa es que en su agenda la tenían para un tiempo posterior y primero les interesó el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y eso después de desaparecer prácticamente la Sunedu e iniciar varias contrarreformas. 

Lo de la JNJ se precipitó cuando amenazaba la permanencia en la Fiscalía de la Nación de su aliada, Patricia Benavides. Por eso, adelantaron con cargos absolutamente inventados, fantasiosos, carentes de todo sustento jurídico, pero con la intención evidente de, en ese momento probablemente no desaparecer a la Junta, sino controlarla e impedir que se pudiera sancionar a Patricia Benavides, como corresponde. 

Siempre estuvo en la mira de ellos [del Congreso] controlar la JNJ. Lo que pasa es que en su agenda la tenían para un tiempo posterior"

¿A qué nos podemos enfrentar con esta sensación que nos deja el Congreso de que, si bien son varios espacios los que se está intentando dominar, el electoral es uno de los principales? 

El problema original de esta progresiva manera de debilitar la institucionalidad y coparla sí tiene mucho el impulso de Fuerza Popular, desde la época en que perdió las elecciones con [Pedro Pablo] Kuczynski y no quiso reconocer su derrota Keiko [Fujimori]. 

Pero el problema que tenemos ahora es mucho mayor, porque esto ya dejó de ser político. Hay una alianza mafiosa, como la han calificado muchos, en la que cada quien quiere ganar lo propio. Keiko Fujimori quiere seguir siendo candidata a la presidencia de la República y entonces maneja los intereses de su partido en función de continuar como la primera opción, [también] para responder a ese sector que hoy día la respalda en el país, que tiene mucho que ver con poderes     [fácticos] que no apreciamos, como el económico. 

Pero, otros [grupos políticos] como, por ejemplo, Perú Libre, ¿qué es lo que pueden buscar? ¿Que gane Keiko Fujimori? No me parece. Lo que los une es el poder llegar a acuerdos para respaldarse recíprocamente en lo que a cada cual les interesa, entonces están aprobando normas para la criminalidad organizada, que todos la suscriben; para respaldar y fortalecer todo lo que es economía ilegal en el país; para reducir los plazos de prescripción de crímenes graves [...]. Todo lo que explica esta unión no es la política, es más bien el coincidir en intereses subalternos que muchas veces tienen directa vinculación con el crimen organizado y con actividades ilícitas. 

Esto ya dejó de ser político. Hay una alianza mafiosa, como la han calificado muchos, en la que cada quien quiere ganar lo propio"

¿Cuál es su opinión sobre el actual defensor del pueblo y sus acciones en esta crisis política? [La Defensoría presentó e impulsó dos proyectos de ley en el Congreso que afectan a la JNJ].

El plan de copamiento de instituciones [del Congreso] comenzó hace rato y lo han venido implementando hasta ahora sin mayor dificultad, más allá de que respecto de la JNJ se ha encontrado con un hueso duro de roer y por eso están planteando un plan B. Pero lo primero que hicieron fue copar el Tribunal Constitucional (TC), ahí la mayoría que ellos requieren son servidores del Congreso. Hacen lo que el Congreso les pide, constitucionalizan [sus intereses] y tratan de justificar cualquier atropello, incluso violaciones a la Constitución. Entonces ya no tenemos un TC en el Perú. En todo caso es el TC del Congreso. 

La Defensoría del Pueblo es una institución personalizada, es el defensor del pueblo. Pero claro, si es un [ex] abogado de [Vladimir] Cerrón y militante de varios partidos, [...] entonces es un servidor del Congreso, no un defensor del pueblo ni mucho menos. La Defensoría del Pueblo está secuestrada por el momento, está viendo en qué puede servir al Congreso para inmediatamente actuar. Y para eso no se creó. Pero no debemos permitir que la secuestren permanentemente. Hay que recuperarla y hay que sacar a ese señor que nunca debió llegar, porque para comenzar la Constitución y la ley exigían que se elija una persona que sea de una trayectoria intachable, ética y de independencia.

Lo primero que hicieron fue copar el Tribunal Constitucional, ahí la mayoría que ellos requieren son servidores del Congreso"

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó también una iniciativa para que las ONG estén sometidas a fiscalización, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Algunos organismos han advertido que esto afecta la libertad de asociación. ¿Qué implica esta iniciativa y cómo puede afectar a las organizaciones? 

Esto es gravísimo, porque ahora se hace evidente que en el Congreso ya no se conforman con copar el Estado, también quieren controlar la sociedad civil. Entonces a las organizaciones que durante décadas en este país han cumplido labores importantes en cuestiones en las que se ha tenido que criticar a sucesivos gobiernos por deficiencias en diferentes campos —derechos humanos, defensa del medio ambiente, violencia doméstica o derechos de la población LGBTI— las quieren desaparecer. 

En todas las constituciones del Perú se ha reconocido siempre el derecho fundamental a asociarse y crear organizaciones con fines lícitos sin autorización previa. El Estado no tiene que dar autorización. Esto se ha querido afectar en varias oportunidades en función de las llamadas ONGs que son un tipo de asociación. [...] Pero todos los mecanismos [de control] están puestos, no hay necesidad de modificar nada. De repente, habrá algunas cosas mínimas que podrían mejorar, pero con el funcionamiento de las instituciones que hoy día tienen a cargo la vigilancia de estas ONGs. 

Lo que está detrás [del reciente proyecto aprobado] es más bien buscar el pretexto para desaparecer a todos los que consideran sus enemigos para todas las barbaridades que vienen haciendo. Y eso nos acerca a lo que ocurre en este momento en dos países de la región: Nicaragua y Venezuela. Los mismos que se rasgaban las vestiduras diciendo que [Pedro] Castillo nos iba a llevar a un régimen como el de [Nicolás] Maduro, actúan ahora tal cual Maduro, tal cual actúa [Daniel] Ortega en Nicaragua.

La propuesta también es bien específica al plantear que estas asociaciones no puedan realizar lo que ellos consideran como “activismo político”.

Entre otras cosas, se contempla efectivamente [eso]. [...].Pero [por ejemplo], los únicos que saben cuidar el bosque son los indígenas amazónicos. Ellos ancestralmente han sabido cómo explotar esos recursos sin depredar y sin hacer que eso se convierta en un desierto. Defender eso puede llevar en muchos casos a que las organizaciones respalden movilizaciones ciudadanas para algo que es elemental, porque finalmente eso no solo significa defender el medio ambiente, sino la vida de todos los peruanos. Eso va a estar prohibido si se aprobara una norma de esta naturaleza. 

En el Congreso ya no se conforman con copar el Estado, también quieren controlar la sociedad civil"

Entonces toda reacción que quiera más bien canalizarse y evitar que llegue a violencia ya no va a ser posible. ¿Que están dejando como única salida? ¿La violencia? ¿Quieren que regrese Sendero Luminoso al país u organizaciones que quieran tomar esas opciones? Porque ya no están dejando nada que pueda funcionar dentro de un mecanismo institucional. Esto es peligrosísimo. Esta gente tiene toda la maldad en la mente, pero no tienen ni siquiera un poco de olfato para darse cuenta de lo que están provocando en el país. 

¿Cómo ve el escenario político en un corto y mediano plazo considerando los últimos sucesos y cambios que vienen ocurriendo? ¿Qué nos espera como país?

He venido sosteniendo hace mucho tiempo que ya se nos agotaron los caminos institucionales y lo único que queda es reaccionar. Eso significa en este momento enfrentar a este Congreso y a este gobierno, es decir, salir a las calles con una conducción política. Hay gente que piensa como yo, pero que dicen que mejor hay que esperar hasta el 2026 para poder hacer los cambios. Es una manera de opinar que respeto, pero no comparto, porque el daño que se está produciendo es tan grave que si dejamos que siga así hasta el 2026 puede que ya no haya nada que recuperar, el barco se habrá hundido. 

Pero creo que este debate entre quienes queremos que las cosas cambien para bien ya se vuelve un tanto ocioso, porque no es la voluntad de quienes estamos planteando estos puntos la que va a primar, sino la realidad. Y lo que está ocurriendo ahora en el país, este desgobierno, creo que no resiste más. Creo que [con] una presidenta como Dina Boluarte no hay manera. Es como una persona a la que la están haciendo respirar artificialmente y eso puede durar un poco, pero no tanto. Entonces creo que esto se va a caer mucho antes de lo que piensan en el Congreso y en el gobierno. Entre quienes queremos que las cosas cambien podemos seguir discutiendo, pero los hechos son los que van a primar y creo que no llegamos al 2026 por esta situación.