El Ministerio Público y la Policía investigan si los dos jóvenes que quedaron atrapados en el incendio de la galería Nicolini, en el emporio comercial Las Malvinas, son las primeras víctimas de esclavitud en el Perú, delito recién incluido en el Código Penal en enero de este año, dijeron fuentes judiciales a Ojo-Publico.com.

El delito de esclavitud y otras formas de explotación se creó gracias al Decreto Legislativo 1323 que dictó el Ejecutivo para frenar el feminicidio, la violencia familiar y de género. Se encuentra en el artículo 153-C y condena a prisión "al que obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas condiciones".

La esclavitud, que se cree extinta, está presente en 167 países, principalmente en India, China, Pakistán, Uzbekistán y Rusia.

Esta actividad delictiva, que se cree extinta en el mundo, persiste en 167 países, principalmente en India, China, Pakistán, Uzbekistán y Rusia, según la ONG australiana Walk Free, especializada en el tema. En nuestro país solo estaba considerado como una consecuencia de la trata de personas, pero no todas las formas de explotación y servidumbre derivan de este flagelo.

A raíz del incendio en Las Malvinas se conoció que Jovi Herrera Alania (20) y Jorge Huamán Villalobos (19) eran encerrados bajo llave en un contenedor metálico mientras empacaban fluorescentes durante 12 horas al día, por un pago de 20 soles. Hoy ambos se encuentran desaparecidos. Si la acusación prospera por ese hecho, los empleadores podrían recibir de 25 a 30 años de cárcel, pena máxima señalada por la nueva ley si la víctima fallece.

ESCLAVOS MODERNOS. El Índice Global de Esclavitud (IGE), realizado por Walk Free Foundation, estima su incidencia en el mundo. La mayor parte de este delito está vinculado a la trata de personas.

Hasta el año pasado, el Ministerio Público se veía forzado a probar que la explotación tenía vínculos con el delito de trata de personas, de lo contrario, el caso quedaba impune y las víctimas regresaban al sometimiento. “No teníamos otra opción que procesar a los responsables por el delito de exposición de personas al peligro, sancionado con penas de 1 a 4 años, sin prisión efectiva”, dijo un fiscal especializado en trata de personas al ser consultado sobre el tema.

Luis Aguilar, subdirector de CHS Alternativo, dijo que el delito de trata de personas sanciona una cadena de acciones que incluyen la captación, traslado y retención, por ello los operadores de justicia quedaban desarmados si no podían probar esta etapa previa. “Lo más viable es que el caso de Las Malvinas sea formalizado como esclavitud, pero de todas maneras se debe analizar si se completa el círculo de la trata”, indicó.

“Si bien los jóvenes iban a casa al término de la jornada laboral, luego volvían a los contenedores porque hay un grado de dependencia con su explotador. El tratante identifica las vulnerabilidades de su víctima, en este caso económicas, y esas podrían ser sus cadenas”, agregó Aguilar.

Las autoridades están analizando si esta esclavitud deriva de la trata de personas, considerado como agravante en el nuevo artículo 153-C. El coronel PNP Fredy Castillo, jefe de la División contra la Trata de Personas (Divintrap), dijo que están reuniendo información para saber cómo obtuvieron el trabajo los jóvenes, qué les ofrecieron y qué características adicionales tenía su jornada laboral. “Esta semana recogeremos el testimonio de los familiares y testigos. Ayer debieron acercarse los padres, pero no lo hicieron”, indicó el oficial.

CÓMPLICES. Los esposos José Fabián Fabián y Rocío Paz Páucar son acusados de haber instalado contenedores y de arrendarlos a terceros / TVPerú

De acuerdo con la policía, la cadena de responsabilidad aún no es clara. Si bien José López Ramírez y Juan Polar de Rivera son representantes de la empresa JPEG S.A.C, en cuya azotea estaban los contenedores, ellos vendieron parte de la propiedad a los esposos José Fabián Fabián y Rocío Paz Páucar, quienes serían los que instalaron los contenedores este año y, a su vez, arrendaron el espacio a un comerciante que está en proceso de identificación.

“La explotación laboral es un delito invisible en el Perú. Las estadísticas y denuncias son ínfimas porque las víctimas no se identifican como tales, pues el desconocimiento de sus derechos y libertades los hace creer que su condición es normal.

La Comisión de Trabajo del Congreso citó para hoy al ministro de Trabajo Alfonso Grados.

El nuevo Plan Nacional contra la Trata, aprobado hace unas semanas, se ha fijado metas para reforzar la educación y prevención de este delito en la sociedad”, dice Miguel Huerta, jefe de la Dirección General para la Seguridad Democrática del Ministerio del Interior que preside la Comisión Multisectorial contra este flagelo.

La Comisión de Trabajo del Congreso citó para hoy al ministro de Trabajo, Alfonso Grados, y a la superintendenta de fiscalización laboral, Sylvia Cáceres, para que expliquen las condiciones laborales que se registran en Las Malvinas.