La red de trata de personas que fue desarticulada este martes en la región Arequipa había creado todo un sistema para lucrar con la desesperación de mujeres que no querían continuar  sus embarazos: si las contactaban durante las primeras semanas de gestación se ofrecían a realizarles un aborto, pero si su estado era más avanzado las convencían de vender a los recién nacidos y darlos en adopción.

Como se sabe, en el operativo realizado por 200 policías y 19 fiscales de Lima y Arequipa se rescató a un bebé de 5 meses de edad y se detuvo a 14 personas que ya se encuentran cumpliendo prisión preliminar por 10 días, entre ellos el exdirector de la Policía Nacional, Raúl Becerra Velarde.

Según la historia que pudo reconstruir Ojo-Publico.com, los miembros de esta organización delictiva buscaban y adquirían los niños a pedido. La hipótesis del Ministerio Público es que el destino de este tráfico humano era la venta de menores a parejas extranjeras o la comercialización de sus órganos para otros bebés que esperan un trasplante.

El primer nivel de captación lo realizaban Kathy Quinteros Quispe (35) y Gonzalo Chirinos Yanque (41). Ellos merodeaban los exteriores del Hospital Goyeneche, la institución de salud pública más grande de la región, hasta encontrar a mujeres en situación de vulnerabilidad o extrema pobreza que necesitaban realizarse ecografías o controles prenatales.

ECOGRAFÍAS. En esta galería, a media cuadra del Hospital Goyeneche, los tratantes tenían dos consultorios de análisis clínicos. Allí captaban a mujeres que no querían ser madres y no podían acceder a un aborto seguro. 

Foto: Google

Ellas eran llevadas a dos consultorios que la red había alquilado en la Av. Jorge Chávez N° 110, a media cuadra del hospital. Una vez allí, Maricela Quispe Coila (28), Mery Arrosquipa Ramos (32) y Brenda Cama Viza (26) las sometían a exámenes clínicos y, de acuerdo a lo que les confesaban las víctimas, les ofrecían sus servicios. Ambos locales ya habían sido intervenidos tiempo atrás por realizar abortos clandestinos. La última incursión de la policía fue el 26 de octubre pasado y en la lista de detenidos estuvo Brenda Cama, pero fue liberada.

Según fuentes vinculadas al caso, la segunda fase de la trata de personas estaba a cargo de Roque Florentino Yañez Quispe (46), trabajador de una clínica de cirugía estética que tenía la función de conseguir compradores finales para los recién nacidos, y de su hermana Sharo Yañez Quispe (33), quien custodiaba a los menores hasta el momento de la venta. Ambos son personajes muy cercanos a Cinthia Carolina Tello Preciado (32), conocida organizadora de certámenes de belleza, pareja del exgeneral PNP Raúl Becerra (61) y sindicada como líder de esta red criminal.

Cinthia Tello es amiga cercana y jefa de Sharo Yáñez en la compañía de organización de eventos “Caroline Preciado”, y tenía contactos en común con las clientes que acudían a la clínica estética donde trabajaba su hermano Roque Yáñez. El equipo que investiga el caso confirmó que Tello fue quien pagó S/4.000 por el bebé de 5 meses que fue rescatado durante el operativo, pero su intención nunca fue quedarse con el menor.

FINANCISTA. Cinthia Carolina Tello Preciado (32), conocida organizadora de certámenes de belleza, pareja del exgeneral PNP Raúl Becerra (61) y sindicada como líder de esta red criminal.

Foto: La República

En la lista de los 18 inmuebles allanados por la policía figura la clínica Santa María, ubicada en el distrito arequipeño de Mariano Melgar, donde nació el bebé recuperado; el Hospital Regional Militar, donde laboraba el ginecólogo Juan Talavera Inofuente, quien se encargó de practicar la cesárea a la madre; y la clínica privada del pediatra César Alpaca Esquivel, quien supervisó el estado de salud del bebé. Se investiga el grado de involucramiento de ambos médicos.

“Nosotros estamos imputando la existencia de una red de trata de personas con fines de adopción ilegal y presunta venta de órganos, delito sancionado con no menos de 25 años de cárcel. Aquí se cumple la cadena de captación, traslado y retención para fines ilícitos. Hemos investigado el caso por seis meses y hemos incautado documentación que será de ayuda, pero nuestra prioridad fue salvar al menor”, explicó la fiscal a cargo, Rosmery Mendoza Palomino, de la Segunda Fiscalía Corporativa contra la Criminalidad Organizada.

Su despacho no descarta la posibilidad de recibir testimonios o aportes de personas que quieran acogerse a la colaboración eficaz.