Durante los primeros once días de la COP28 quedó en evidencia la fuerte presión de la industria petrolera para bloquear el que debería ser uno de los principales acuerdos de esta cumbre: la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. En las últimas 24 horas, se filtró un documento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que insta a los países a bloquear cualquier avance en materia energética. Además, en los primeros días de la cumbre, se conoció también un audio en el que el presidente de la COP negaba la ciencia que respalda este objetivo. Esta conferencia cuenta con la participación de más de 2.400 grupos de presión vinculados a los fósiles. Al menos, 70 de ellos tienen operaciones activas en Perú.

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En los últimos años, la actividad criminal en torno a la minería ilegal del oro ha ido en aumento en la provincia de Pataz, en La Libertad, primera región productora aurífera de Perú. Tenencia ilegal de armas y explosivos, extorsión, trata de personas y homicidios son algunos de los delitos que se registran. Entre enero y octubre de este año, según la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Interior, se realizaron 1.368 operativos que dejaron 30 bandas desarticuladas, 51 requisitoriados y 443 detenidos en flagrancia. Además, se decomisó casi media tonelada de material aurífero y más de 18.000 cartuchos de dinamita. Según especialistas, las organizaciones criminales nacionales y extranjeras se fortalecen cada vez más en la zona, asentando el miedo y el crimen.

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El fiscal provincial del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, analiza la crisis actual del Ministerio Público y expone los motivos por los cuales considera que la gestión de Patricia Benavides ha llevado a la institución a una situación similar a la época del régimen de Alberto Fujimori. “Lo que viene ocurriendo en el país ya no es propio de un estado de derecho”, advierte.

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Ente supranacional con sede en Washington rechazó la liberación de Alberto Fujimori y recordó al gobierno de Dina Boluarte y al Tribunal Constitucional, que preside Francisco Morales Saravia, que el Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que también reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. El 6 de diciembre el gobierno de Dina Boluarte dispuso la liberación de Fujimori a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó al Perú que se abstenga de excarcelar al exjefe de Estado.

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El gobierno de Dina Boluarte dispuso la liberación de Alberto Fujimori a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) indicó al Perú que se abstenga de excarcelar al exjefe de Estado, quien viene purgando una condena de 25 años de prisión por violación de derechos humanos. En la víspera el Tribunal Constitucional había fallado a favor del irregular indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017.

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La resolución del Tribunal Constitucional indicó que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y el director del penal de Barbadillo "en el día, dispongan la inmediata libertad de Alberto Fujimori". Sin embargo, en horas de la noche, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió al Perú que se abstenga de ejecutar la orden del TC hasta que la instancia supranacional cuente con todos los elementos para analizar si esta decisión cumple con las condiciones necesarias.

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