El último viernes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), de 2022, que admitió la libertad de Alberto Fujimori. De acuerdo al juez de Ica, Fernando Fernández Tapia, es el propio TC quien debe ejecutar esa decisión. Ahora, los magistrados de este organismo —integrado por tribunos que ya se han manifestado públicamente a favor de la liberación del exmandatario— deberán decidir si restituyen el indulto. En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recordó al Estado que debe abstenerse de brindar el beneficio por tratarse de un caso de crímenes de lesa humanidad. Es la tercera vez que, apelando a un mismo hábeas corpus, diferentes actores políticos buscan la excarcelación de Fujimori desde la anulación de su irregular indulto, en 2018.

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En la última década, entre 2013 y el año en curso, han sido asesinados 27 líderes indígenas y defensores de la Amazonía. Quinto Inuma es la víctima más reciente. Solo en los últimos cuatro años se han registrado 19 de estas muertes, según información de organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de las víctimas denunciaba delitos como tráfico de tierras, tala ilegal y narcotráfico. El caso de la comunidad kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín, donde Quinto Inuma era jefe, fue expuesto en espacios nacionales e internacionales. Sin embargo, aquello no fue suficiente. Tres disparos acabaron con su vida pese a contar con medidas de protección dictadas por el Mecanismo de protección de defensores de derechos humanos que coordina el Minjus. 

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La investigación realizada durante casi siete meses por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder del Ministerio Público y la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía reveló las negociaciones que realizaba Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza con diversos congresistas para lograr mantener en el puesto a Patricia Benavides a cambio del archivo de sus investigaciones.

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Tras las revelaciones que involucran a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en una presunta red criminal, y motivaron la detención de su cesado asesor principal, Jaime Villanueva, bajo cargos que incluyen el delito de tráfico de influencias, OjoPúblico revisó la normativa y explica ahora cuándo se materializa y bajo qué modalidades.

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En el contexto de la denuncia constitucional contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, se ha puesto en discusión la renuncia a su inmunidad presidencial para afrontar las investigaciones por homicidio calificado y lesiones graves en agravio de las víctimas de las protestas registradas, entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Al respecto, OjoPúblico revisó las normas constitucionales que dan cuenta que no existe una renuncia a esta prerrogativa.

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