María Amelia Trigoso, responsable de la Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Ministerio de Cultura conversó con OjoPúblico. La funcionaria denuncia las campañas de desinformación y el proyecto de ley del congresista fujimorista Jorge Morante Figari, que busca dejar en manos de los gobiernos regionales el reconocimiento de las reservas indígenas.

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La organización Amnistía Internacional presentó su informe final que documenta el uso de la fuerza letal para reprimir a las protestas registradas entre diciembre y febrero —que dejaron 49 civiles fallecidos— como una estrategia para sembrar el miedo y paralizar las movilizaciones ciudadanas. OjoPúblico conversó con Agnés Callamard, máxima representante de dicho organismo, quien sostiene que, en este contexto, se cometieron ejecuciones extrajudiciales que no fueron aisladas, sino que formaron parte de una política organizada y sistemática.

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El abogado Josué Gutiérrez Cóndor pasó por cinco organizaciones políticas, postuló seis veces a cargos públicos —tres de ellas con éxito— y tuvo entre sus clientes a transportistas, municipalidades y al sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón. También fue congresista nacionalista, socio empresarial de un legislador de Podemos Perú y asesor de Perú Libre. Este funcionario, que llegó a la Defensoría del Pueblo propuesto por Perú Libre y respaldado por el fujimorismo, tendrá que asumir la defensa de los derechos humanos en el periodo más violento desde la recuperación de la democracia, en el 2000.

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Gran parte del país enfrenta un brote de dengue que, en cuatro meses y medio del 2023, ya ha superado el récord histórico de contagios y muertes por esta enfermedad. Hasta el 18 de mayo, se reportaron 87.290 casos y 96 fallecidos. Los contagios acumulados a la semana epidemiológica 19, que cerró el 13 de mayo, son 132,4% más altos que en el mismo periodo de 2022. Las regiones más afectadas por las infecciones son Piura, Lima, Ica, Loreto, Ucayali y Lambayeque. Frente a un posible fenómeno de El Niño global y la falta de preparación del sistema de salud, los especialistas prevén que la crisis por esta epidemia se acentúe.

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Entre enero de 2020 y abril de este año, Activos Mineros —la compañía pública encargada de remediar los pasivos ambientales generados por la minería— suscribió contratos con 41 empresas para realizar tareas de tratamiento y eliminación de residuos peligrosos en distintas regiones del país. Entre las compañías subcontratadas hay 14 sancionadas por malas prácticas. Además, nueve del total carecen de experiencia y se dedican a rubros distintos, como la arquitectura, la construcción de edificios y el alquiler de maquinaría. En algunos casos, los contratos no se anularon pese a las advertencias de la Contraloría General de la República sobre irregularidades, como la presentación de documentos falsos.

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Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular rechazaron un proyecto de ley que busca ampliar la oferta de producción de electricidad y con ello reducir el precio de las tarifas. Esta iniciativa afecta directamente a las empresas cuya producción eléctrica depende en gran medida del gas y el petróleo. OjoPúblico identificó visitas y reuniones que involucran a los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) con parlamentarios que rechazaron la propuesta.

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Desde Nueva York, el director de programas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Carlos Martínez de la Serna, analiza las recientes amenazas al trabajo periodístico en el Perú: la pretensión del Congreso de elevar las penas por difamación, el hostigamiento judicial a periodistas de investigación, así como los ataques de grupos de extrema derecha. El organismo internacional referente en la defensa de la libertad de prensa observa con preocupación la situación de la prensa en nuestro país y la falta de voluntad del Gobierno por proteger su labor.

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OjoPúblico conversó con dos funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Perú: Daniel Sánchez Velásquez, coordinador del proyecto Empresas y Derechos Humanos; y James Leslie, asesor técnico para cambio climático y ecosistemas, sobre los avances y pendientes a aplicarse para garantizar la debida diligencia en las empresas, es decir, que se respeten los derechos humanos y cuidado del ambiente en el desarrollo de sus actividades económicas en toda su cadena de valor.

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Desde diciembre, 49 civiles fallecieron y otros 972 resultaron heridos durante la represión militar y policial a las protestas en Perú. La cadena de custodia de los proyectiles de armas de fuego, principal evidencia en los casos de vulneraciones de derechos humanos, debe seguir un riguroso protocolo para evitar la pérdida de pruebas o su contaminación. Sin embargo, OjoPúblico identificó casos en los que se registraron irregularidades al momento del recojo de la evidencia en hospitales y en la escena de los enfrentamientos.

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El Congreso aprobó por insistencia un proyecto de ley para introducir contenidos sobre el terrorismo en el Perú en todas las escuelas del país. Los argumentos de sus promotores y los antecedentes legislativos de los últimos seis años evidencian una visión parcializada de este periodo de violencia, entre los años 1980 y 2000. Textos escolares con los que se enseña Historia en quinto de secundaria sí tratan temas como la lucha contra el terrorismo y el informe de la CVR. Según expertos, existe el riesgo de que se imponga una mirada unilateral de los hechos, en las que se omitan las violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado.

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