Un reporte —elaborado por Lancet Countdown Sudamérica, una iniciativa dedicada a identificar las amenazas inmediatas que plantea el cambio climático para la salud— halló que el aumento de la temperatura del planeta facilita la transmisión del dengue. El estudio también determinó que, en 2020, hubo 176 muertes por millón de habitantes asociadas a la contaminación atmosférica en Perú. Los autores enfatizan en la necesidad de que los gobiernos de la región desarrollen planes de adaptación a la crisis climática que apunten a fortalecer los sistemas de salud.

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El distrito piurano tiene el Índice de Desarrollo Humano más bajo del Perú y es uno de los más afectados por las lluvias recientes. Durante la pandemia destinó la mayoría de sus recursos para la rehabilitación de sus escuelas afectadas por el Niño Costero del 2017, pero al menos 15 siguen en construcción y otras tres están paralizadas. Hay 4,4 millones de soles invertidos y decenas de niños sin aulas. Lo que pasa en Tambogrande resume la ineficiencia de la inversión pública en el norte, a pesar del millonario presupuesto asignado para la reconstrucción.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de 44.000 personas tienen tuberculosis en el Perú. Sin embargo, hasta el 2022, solo se identificó al 60% de este grupo. En el caso de las personas con tuberculosis multidrogorresistente la situación es aún más grave. Perú es el país de la región que notificó más casos en 2020, aunque solo ha identificado al 52% del total estimado por la OMS. El censo de contactos y el presupuesto asignado al tratamiento de esta enfermedad disminuyeron en los últimos años.

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En medio de la creciente preocupación de científicos y conservacionistas respecto a una posible disminución de las poblaciones mundiales de calamar, un análisis de Global Fishing Watch y otras organizaciones a la flota que pesca esta especie en aguas internacionales concluyó que el 86% de esta actividad se realiza en áreas no reguladas, algunas adyacentes a aguas nacionales de Estados costeros. Es decir, pescan sin normas que permitan el control, la transparencia y la fiscalización. Especialistas consultados sostienen que los países costeros —como Perú, que tiene al calamar como su segunda pesquería más importante— deben promover mejores medidas de manejo y gestión para el molusco.

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El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) emitió una alerta epidemiológica en la que detalla que el menor presentó fiebre, tos y debilidad en miembros inferiores. Los padres del menor decidieron postergar la vacunación del niño contra la poliomielitis.

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Perú está siendo afectado por eventos climáticos como lluvias intensas y el inicio de El Niño Costero. En ese contexto, el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC) ha publicado un reporte síntesis que prueba, a través de evidencia científica, que este tipo de fenómenos serán más frecuentes e intensos, si no se reduce drásticamente el uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe determina que los cambios en el clima transformarán los sitemas hídricos y ocasionarán daños a la infraestructura y la pérdida de vidas humanas.

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Aquí puede comprar prendas, libros y artículos utilitarios inspirados en el periodismo de investigación de OjoPúblico.

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Periodistas, comunicadores indígenas y líderes de organizaciones de Ucayali y Madre de Dios participan en un taller sobre desinformación y alfabetización digital organizado por Internews y OjoLab, el programa de entrenamiento de OjoPúblico.

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En esta entrevista con OjoPúblico, José Carlos Lumbreras, gerente de Investigación y Desarrollo de Perú Top Publications –empresa que analiza el desempeño empresarial en el país– señala que la transparencia financiera de las empresas no ha mejorado. El 90% de las empresas del país son empresas familiares y las 10 compañías que lideran el ranking de mayores ingresos son Antamina, Southern, Petroperú, Cerro Verde, Essalud, Banco de Crédito del Perú, Refinería La Pampilla (Repsol), Las Bambas, Primax y Trafigura.

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En enero pasado, el Gobierno presentó la nueva cartera de inversión minera, que incluye 47 proyectos, por un monto de USD 53.715 millones. De ese total, 22 tienen conflictos sociales activos, latentes o antecedentes de este tipo. Aunque la cartera 2023 supera por USD 547 millones a la anterior, unos 11 proyectos que ya habían sido contemplados previamente retrasaron el inicio de sus operaciones por la conflictividad social que existe en torno a esas inversiones. Esto ocurre, por ejemplo, con los proyectos de ampliación de Toromocho (Junín) y San Gabriel (Moquegua), los más grandes para ejecutar en los próximos tres años. Los ocho nuevos proyectos también tienen antecedentes de conflictos.

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