Piura. Una de las regiones portuarias más estratégicas del Perú y ubicada en la frontera con Ecuador, aun no acaba de recuperarse del embate del fenómeno de El Niño Costero del 2017 que dejó pérdidas millonarias, y ya se prepara para elegir a sus nuevos siete representantes en el Congreso de la República. La llamada tierra del eterno calor –con sus 1,3 millones de electores y el recuerdo de su preferencia por el partido de Keiko Fujimori en las votaciones pasadas– enfrentará a 134 candidatos de 20 partidos en los comicios previos al Bicentenario.

El 2016, Fuerza Popular colocó a cinco de los siete legisladores de esta región, entre ellos: Karla Shaefer (titular de la comisión para la reconstrucción del país luego de El Niño Costero y cuestionada por contratar a asesores con sueldos altos entre 2017 y 2018); Freddy Sarmiento (acusado de favorecer a empresarios pesqueros mientras era congresista); Maritza García (suspendida por 120 días en el Congreso por mentir en su hoja de vida) y Luis López (recibió la misma medida por tocamientos indebidos a su colega Paloma Noceda). Finalmente, Mártires Lizana, quien hoy postula a la reelección.

En ese contexto, OjoPúblico presenta una radiografía de los principales candidatos de dicha región, entre los que destacan: Lizana Santos, disuelto parlamentario fujimorista conocido por emitir un voto importante para blindar al exjuez supremo César Hinostroza, sindicado como líder de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’; Javier Atkins, exgobernador de Piura condenado por corrupción y comprendido en el Caso Lava Jato; y un exalcalde piurano investigado por colusión, entre otros postulantes que buscan un sitio en el Parlamento que legislará hasta julio del 2021.

Lizana: disuelto legislador busca su regreso

Uno de los polémicos postulantes por esta región es el legislador disuelto de Fuerza Popular, Mártires Lizana Santos (46), originario de Huarmaca (Huancabamba), distrito ubicado a cinco horas de Piura. En apenas 13 años, este personaje pasó de ser un desconocido regidor de dicha localidad en el 2003, a alcalde por dos períodos seguidos (2007-2010 y 2011-2014), y poco después a convertirse en financista del partido de Keiko Fujimori, antes de dar el salto definitivo al Parlamento el 2016.

Desde este año, Lizana Santos –quien declaró estudios de Administración ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)– está bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Piura por delitos de colusión agravada y malversación de fondos. El caso se remonta al 2013, cuando Lizana era alcalde del distrito de Huarmaca y dispuso la compra de un terreno que era de propiedad de una comunidad campesina. Hoy el candidato es acusado junto a seis exfuncionarios del municipio y otra persona por concertar dicha adquisición para un proyecto municipal.

DISUELTO. Mártires Lizana fue declarado persona no grata en su localidad de origen debido a sus blindajes a Cesar Hinostroza y Moisés Mamani.

Foto: Facebook del candidato.

En esta época su evolución patrimonial también es evidente. En sus primeras hojas de vida presentadas al JNE en 2006 y 2010, Lizana no declaró ingresos ni bienes. Sin embargo, seis años después –cuando postuló por primera vez al Congreso– dijo percibir anualmente S/ 82 mil del sector privado, y tener cuatro inmuebles valorizados en S/ 145 mil, así como dos préstamos por S/ 260 mil. Este año, el aspirante declaró un ingreso anual de S/ 376 mil de fuentes privadas y públicas, y ser dueño de seis inmuebles (tres viviendas, una parcela, una granja y un terreno) valorizados en S/ 790 mil.

En su declaración ante el JNE de este año, Lizana no indicó haber laborado en alguna empresa de manera reciente. Sin embargo, OjoPúblico halló en Registros Públicos que la compañía Pemar Porcuya (creada en Chiclayo el 2015) nombró al hoy candidato como gerente general ese año. Dicha empresa, vinculada al rubro de la construcción y que contrató con el Estado por S/ 256 mil aquel 2015, se encuentra con suspensión temporal ante la Sunat.

Para las elecciones presidenciales de hace tres años, Lizana aportó al partido de Keiko Fujimori los siguientes montos: S/36 mil (en abril del 2016), S/5,761 (entre julio y diciembre del 2016), y S/ 6,313 (enero y junio del 2017), según los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

Lizana Santos está bajo investigación de la fiscalía por delitos de colusión agravada y malversación de fondos.

En Lima, Lizana se hizo conocido por abstenerse de votar para que suspendan a su colega Moisés Mamani por tocamientos indebidos, así como por ser uno de los integrantes de la bancada fujimorista que blindó con su votó al exjuez César Hinostroza, sindicado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, y al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, acusado de integrar esta misma red delictiva en el sistema de justicia.

Por aquellos gestos políticos la población de la localidad de Huarmaca (Huancabamba), de donde es originario el candidato fujimorista, lo declaró persona no grata en noviembre último. 

Durante su ejercicio como congresista, Lizana participó en la producción de 260 proyectos de ley, que fueron presentados por la bancada fujimorista y por las diversas comisiones que integró, de los cuales 14 se convirtieron en ley. La mitad de dichas normas estaban relacionadas con propuestas de interés y de necesidad pública para diferentes regiones del país, es decir, fueron meramente discursivas.

OjoPúblico llegó a comunicarse con el candidato y le pidió una entrevista para este reportaje, pero este dijo que no brindaría declaraciones sobre su candidatura.

Atkins, exgobernador condenado por corrupción

Otro de los candidatos al Congreso es el exgobernador regional Javier Atkins Lerggios (en el periodo 2011-2014), quien fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por delito de negociación incompatible. Según el fallo judicial de septiembre último, Atkins benefició a su sobrino, dueño de una empresa de seguridad, en 2013 y 2014, al contratarla sin ningún proceso de licitación de por medio, para brindar servicios en el hospital de Sullana, dependencia del Gobierno Regional de Piura. Aquella resolución de primera instancia fue apelada.

Actualmente, la fiscalía además impulsa una investigación preparatoria por colusión y negociación incompatible contra Atkins ya que en su época como gobernador regional se brindaron supuestas ampliaciones irregulares de plazo y laudos arbitrales a favor de Camargo Correa (involucrada en el Caso Lava Jato), contratista del primer componente del proyecto hidroenergético Alto Piura. Por este caso, el Poder Judicial ordenó el embargo de bienes por S/ 5 millones de Reynaldo Hilbck, presidente del Consejo Directivo de dicho proyecto en la gestión de Atkins, y su inmediato sucesor en el cargo en el período 2015-2018. 

LAVA JATO.  Javier Atkins (Izq.) y Reynaldo Hilbck, ambos vistiendo camisas blancas, están investigados por el Caso Lava Jato en su calidad de altos funcionarios del gobierno regional de Piura.

Foto: Andina.

Atkins, de 63 años, también está comprendido en una investigación preparatoria a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Ambientales de la Corte Superior de Piura por responsabilidad funcional e información falsa en el otorgamiento de derechos. En este caso también están investigados el empresario Lucio Carlos Ccapa y Jorge Morocho Khan por alteración del ambiente o paisaje. 

El hoy candidato –viceministro de Pesca entre abril del 2018 y marzo del 2019, bajo la gestión del presidente Martín Vizcarra– además fue mencionado en unos audios en donde el excongresista Roberto Vieira le pide S/ 20 mil a un primo suyo para tramitar el levantamiento de una sanción que le había sido impuesta por el Ministerio de la Producción. En esas grabaciones, Vieira dijo que Atkins era “su viceministro”. En su momento, el hoy candidato negó dichas imputaciones.

En agosto del 2014, cuando se desempeñaba como gobernador regional de Piura, Atkins aportó S/ 5 mil al movimiento Por Todos, que finalmente no participó en las elecciones regionales y municipales de ese año. Hoy Atkins busca llegar a Congreso por Perú Patria Segura, que tiene como Nº1 y Nº2 por Lima al exgobernador de Ica, Fernando Cilloniz y al excongresista Renzo Reggiardo.

Javier Atkins fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por delito de negociación incompatible

En su hoja de vida presentada al JNE este año, Atkins declaró S/ 252 mil de ingresos procedentes del sector público, un bien inmueble en Piura valorizado en S/ 2 millones, así como S/ 750 mil en un fondo de inversiones y acciones en la empresa Trans North SAC por S/ 21,7 millones. Este patrimonio es bastante superior al que reportó el 2016 (en su postulación fallida al Congreso), cuando declaró un ingreso anual de S/ 78 mil, dos viviendas por S/2 millones, y un crédito hipotecario de S/ 110 mil. 

Consultado por OjoPúblico sobre la sorprendente evolución de su patrimonio, Atkins dijo que cometió una serie de errores de redacción al consignar dicha información ante el JNE. Por tal motivo, presentó un pedido de rectificación de datos a la misma entidad. Según dijo, en realidad solo tiene S/ 75 mil en un fondo de inversión (y no S/ 750 mil como declaró), así como acciones por un valor de S/ 217 mil (y no por S/ 21,7 millones).

El 2011, en su declaración ante la Contraloría, cuando Atkins empezó su gestión como gobernador en Piura, declaró ingresos del sector público por S/ 14 mil y de fuentes privadas por S/ 2,464. Siete años después, en 2018, sus ingresos aumentaron: del sector público dijo percibir S/ 28,000 y del sector privado S/ 6,500. La evolución patrimonial también es evidente en los últimos años.

Elera, un candidato camino a juicio

Otro candidato visible es el ingeniero civil Wilmar Elera García (67), conocido por haber postulado en cinco ocasiones a cargos públicos en la región, aunque sin éxito alguno. Entre sus intentos de mayor relevancia figuran sus postulaciones a la alcaldía y al gobierno regional de Piura, así como un primer intento de llegar al Congreso por el partido Alianza para el progreso de César Acuña.

Actualmente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha pedido 12 años de cárcel para el candidato de Somos Perú por colusión agravada, a raíz de unas presuntas irregularidades cometidas el 2011. Entonces, Elera había sido contratado por S/ 545 mil por la Municipalidad Distrital de la Unión (Piura) en calidad de ingeniero supervisor de una obra de agua y alcantarillado que debía implementarse en dicha localidad, la cual tuvo un costo de S/ 18 millones y que ahora está abandonada. 

PINTAS. Wilmar Elera anuncia su candidatura al Congreso de la República con pintas en las calles de la ciudad de Piura.

Foto: Giannina Prieto.

El Ministerio Público acusa al hoy candidato de favorecer al contratista mediante la recomendación de pagos por valorizaciones de trabajos no concluidos en su calidad de supervisor de la obra. El caso está en la etapa previa al juicio oral y a su posterior sentencia. El 8 de enero del 2020 será la audiencia de control de acusación a cargo del Sexto Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Entrevistado por OjoPúblico, Elera dijo que aún no ha sido sentenciado y que luego de su renuncia como supervisor de la obra el 2013, se contrató a otro supervisor para que el proyecto continúe.

El 2014, el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) lo inhabilitó como persona natural por 36 meses (hasta febrero del 2017) para contratar con el Estado por presentar información falsa o inexacta para la contratación de la supervisión de la obra de ampliación y mejoramiento de un polideportivo en Sullana (Piura), cuyo costo fue de S/ 3.3 millones. Al respecto, Elera también nos dijo que se trató de un error en el certificado que le entregó el dueño de la empresa para la que supervisó una obra privada, en 2005. 

La Fiscalía ha pedido 12 años de cárcel para el candidato de Somos Perú por colusión a raíz de irregularidades en una obra de agua

“Ya se acabaron los tres años de suspensión y estoy trabajando de nuevo en obras (...) Mi registro de consultor está habilitado desde el 2017”, dijo.

El postulante además es socio fundador de Elera Ingenieros S.A.C (con el 29% de las acciones), que se dedica al rubro de la construcción, pero que no ha ganado contratos con el Estado desde su fundación. Dicha empresa también fue inhabilitada en dos ocasiones por el OSCE: ocho meses en el 2018 y siete meses en el 2019. Ambas sanciones fueron porque la empresa renovó su inscripción como ejecutora de obras ante dicho organismo en diciembre del 2016, sin informar que uno de sus accionistas, el candidato Elera, cumplía una inhabilitación de 36 meses por el caso del polideportivo de Sullana.

Uno de los requisitos claves para renovar dicha inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores del OSCE es que ninguno de los socios –con más del 5% de acciones al interior de una empresa– haya sido inhabilitado en los últimos 12 meses.

CUESTIONADO. Wilmar Elera (Der.) se encuentra investigado por presuntas irregularidades en la obra de agua que hoy tiene en pie de lucha al distrito de La Unión (Bajo Piura).

Foto: Facebook del candidato.

En su última hoja de vida ante el JNE, Elera declaró un ingreso anual de S/ 55 mil de fuentes públicas y privadas, cinco bienes (tres en Piura y dos en Lima) por S/ 870 mil y dos vehículos valorizados en S/28 mil, patrimonio distinto al declarado el año pasado como candidato al Gobierno Regional de Piura, cuando solo registró un ingreso anual de fuente privada por S/ 120 mil y dos bienes inmuebles por S/ 870 mil.

Según la ONPE, el candidato además registra financiamiento político a través de aportes por S/117 mil entre 2006 y 2014 al partido de Acuña, cuando postuló para congresista y alcalde provincial de Piura, respectivamente. En la entrevista que tuvimos con el candidato, dijo que él no entregó dinero al partido de Acuña sino a Somos Perú.

Guevara, la carta del APRA en Piura

En la lista de 134 candidatos también figura el abogado y excongresista Miguel Guevara Trelles (51), quien postula con el Nº 2 por el APRA. Luego de su paso por el Congreso entre 2006 y 2011, intentó volver al cargo el 2016, pero no tuvo éxito. En esta última postulación, Guevara declaró al JNE ingresos del sector privado por S/65 mil y S/75 mil en deudas, que en su hoja de vida de este año ya no aparecen. Por el contrario, ante el JNE declaró ingresos anuales del sector público por S/ 246 mil y reportó un departamento en Lima de S/ 600 mil. 

Ante la Contraloría, el candidato declaró el 2008 un patrimonio de S/ 311 mil, y este año (luego de once años trabajando como asesor de la bancada aprista en el Congreso) su patrimonio declarado aumentó a S/ 621 mil entre ingresos del sector público, bienes y otros. 

En su hoja de vida del 2006, presentada ante el JNE como postulante al Congreso, declaró ser accionista y gerente general de Hormigón del Norte SRL Contratistas Generales, fundada en 2002 pero dada de baja siete años después. En 2005 esta compañía llegó a realizar contrataciones con las municipalidades de Catacaos, La Unión y Morropón por S/ 60 mil.

El candidato además registra aportaciones periódicas entre el 2007 y 2011 (cuando era congresista) por la suma de S/ 48 mil al APRA, por concepto de cuotas de afiliado, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)  

El 2018, el presidente del Legislativo por Fuerza Popular, Luis Galarreta, nombró a Guevara y a otros 68 trabajadores como personal contratado para este organismo. Aquel nombramiento luego fue anulado cuando Daniel Salaverry asumió como titular del Congreso. 

Bajo sospecha: exjefa del Pronaa y exalcalde piurano

En la nómina de candidatos por Piura también se encuentra Adela Córdova Alcarazo (43), quien postula con el Nº 2 por Alianza para el Progreso de Acuña. Después de dos fallidas candidaturas al Parlamento por el APRA (2011) y APP (2016), la exjefa regional del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) en el gobierno de Alan García, hoy intenta por tercera vez ganar un cupo como legisladora en Lima.

El 2010, un reportaje de Cuarto Poder ocasionó que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social la cesara del cargo de jefa del Pronaa por malos manejos en dicha institución. Entonces, se estableció que la militante aprista cambiaba los productos alimenticios en algunas localidades de la sierra de Piura para obtener ganancias ilícitas. En entrevista con OjoPúblico, la candidata dijo que esta investigación fue archivada, que no se le halló ninguna responsabilidad, y que el proceso obedeció a “celos políticos” en el APRA. 

ANTECEDENTE. Adela Córdova fue denunciada por abaratar los costos de los productos cuando era jefa del Pronaa.

Foto: Ralph Zapata.

En su hoja de vida ante el JNE, Córdova declaró ingresos anuales por S/ 36 mil, cuatro inmuebles valorizados en S/ 471 mil y una camioneta de S/ 56 mil. Ante la Contraloría, la candidata declaró en 2010, cuando asumió la jefatura del Pronaa en Piura, un patrimonio de S/ 4,437 por ingresos mensuales del sector público y ningún bien. Sin embargo, a fines de ese mismo año reportó ante el mismo órgano de control un patrimonio de S/ 97 mil por ingresos del sector público y privado y bienes. 

En la lista de candidatos por Piura también aparece Reymundo Dioses Guzmán (50), exalcalde provincial de Paita (2015-2018) y del distrito de Pueblo Nuevo de Colán (2003-2006 y 2011-2014), quien postula por Somos Perú. En su última hoja de vida presentada al JNE declaró un ingreso mensual de S/ 70 mil y una vivienda valorizada en S/ 107 mil. Cinco años antes, en 2014, había declarado un ingreso de S/ 2,160 y ningún bien inmueble.

Ante la Contraloría, el candidato declaró en 2011 (al inicio de su gestión como alcalde del distrito de Colán) ingresos públicos por la irrisoria cifra de tres soles; mientras en 2017, ya como alcalde provincial de Paita, esos mismos ingresos aumentaron a S/ 5,850. En cuanto a bienes, el 2011 declaró un valor de S/ 50; pero seis años más tarde estos ascendieron a S/ 55 mil. En el rubro de otros no declaró en 2011; pero en 2018 ya contaba con S/ 80 mil en este rubro. 

También ha reportado que el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Piura lo sentenció por pago indebido. Al respecto, el postulante explicó a OjoPúblico que se trató de unos pagos que cobró como profesor en la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Sullana mientras estaba de licencia, en 2003. En la entrevista dijo no recordar si había terminado de devolver el dinero que recibió durante un año. Según la sentencia, el candidato debía devolver S/ 23 mil. 

Además, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios impulsa una investigación preparatoria contra Dioses por el presunto de delito de colusión simple en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo de Colán. El candidato es investigado junto a otros cuatro exfuncionarios de dicha comuna y dos contratistas de Construcciones El Águila por irregularidades en la obra de mejoramiento de infraestructura de riego del canal Ramal-Nuevo El Arenal (Paita), cuyo costo fue de S/ 9,2 millones.

Actualización: 23 de enero.

El Jurado Nacional de Elecciones excluyó el día 19 de diciembre del 2019 al candidato Wilmar Alberto Elera García del partido Somos Perú de las elecciones legislativas 2020, luego de un fallo en primera instancia del tribunal electoral especial de Piura.