Por Claudia Chávez (La Libertad), Alicia Tovar (Lambayeque), Magali Estrada (Áncash), Geraldine Santos (Huánuco), Alonso Aguilar (San Martín), Jorge Carrillo (Loreto), Yoselin Alfaro (Junín), Alba Rivas (Apurímac) y Ernesto Cabral (Lima).

 

El partido Alianza para el Progreso (APP), fundado por el magnate de la educación César Acuña (Chota, 1952) y dueño de la Universidad César Vallejo, será la segunda fuerza más importante del Congreso de la República en el período 2020-2021, después de Acción Popular. De acuerdo a cifras de hoy de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), APP tendrá 22 legisladores en todo el Perú: 20 de ellos proceden de regiones y dos de Lima.

OjoPúblico presenta un perfil de los virtuales congresistas por APP en nueve regiones: en el norte, Luis Valdez Farías (La Libertad), Humberto Acuña Peralta (Lambayeque), Walter Benavides Gavidia (Cajamarca), y Jhosept Pérez Mimbela (Áncash); en el centro, César Combina Salvatierra (Junín) y Lusmila Pérez Espíritu (Huánuco); en el sur, Omar Merino López (Apurímac), y en la amazonía, Fernando Meléndez Celis (Loreto) y Robertina Santillana (San Martín).

A este grupo de APP se suman otros once virtuales congresistas, según las cifras de hoy de la ONPE: Napoleón Puño Lecarnaque (Tumbes), Mario Quispe Suárez (Piura), Walter Ascona Calderón (Moquegua), Marco Verde Heidinger (Pasco), Perci Rivas Ocejo (Ayacucho), Eduardo Acate Coronel (Loreto), Moisés Gonzales Cruz (Cajamarca), Julio Condori (Ica), Álex Hidalgo Zamalloa (Cusco), Irene Carcausto Huanca (Puno) y Tania Rodas (La Libertad). 

 

Lambayeque: Humberto Acuña bajo sospecha por Caso Lava Jato

 

Uno de los cinco congresistas que representará a Lambayeque será el ingeniero civil Humberto Acuña Peralta (53), exgobernador de Lambayeque en dos períodos (2011-2014 y 2015-2018), así como hermano menor de Acuña. El año pasado, el congresista fue condenado a tres años de prisión por un caso de corrupción en Chiclayo e incluido como testigo en las pesquisas del Ministerio Público por el Caso Lava Jato.

Actualmente, el hoy congresista –que tiene como sobrino a Richard Acuña, legislador disuelto del Congreso– es presidente de la Secretaría Nacional de Organización de APP, así como del directorio de la Autoridad Portuaria Regional de Lambayeque, y director general de la filial en Chiclayo de la Universidad César Vallejo. Entre 2001 y 2010, fue la máxima autoridad de la Universidad Señor de Sipán, también fundada por su hermano mayor.

Humberto Acuña además está bajo sospecha en la investigación por corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. En septiembre del año pasado, el Ministerio Público lo citó a declarar en el contexto de las pesquisas que se vienen realizando para identificar a los funcionarios involucrados en la ejecución del proyecto Olmos (Lambayeque) que recibieron millonarias coimas de la emblemática compañía del Caso Lava Jato. Acuña fue gobernador de dicha región entre 2011 y 2018.

DINASTÍA FAMILIAR. Humberto Acuña, hermano del fundador de APP, fue condenado por corrupción y el año pasado fue citado en la investigación del Caso Lava Jato. 

Foto: Facebook del candidato.

Sin embargo, este no es el único antecedente que pesa sobre el congresista. En noviembre último, el Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque condenó a Acuña a tres años de prisión suspendida por ser cómplice del delito de cohecho activo. Según el fallo judicial, Acuña autorizó a su cuñado Elver Díaz Bravo a que entregue S/1,500 soles al suboficial Joel Ugaz Cubas para que ayude a Acuña en una denuncia interpuesta por Jackeline Medina Zelada, excandidata de APP en las elecciones municipales del 2014.

Entonces, Medina había planteado una denuncia por la falsificación de su firma mientras se presentaba como candidata a regidora por el distrito de Cayaltí (Lambayeque). Después de la condena, Acuña apeló el fallo ante una instancia superior.

La hoja de vida que Acuña presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también permite conocer que él ya tenía otra condena en su contra. Fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por delito de falsa declaración en procedimiento administrativo debido a que en las elecciones del 2010 informó al organismo electoral que era poseedor de un título de maestría en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura, cuando en realidad solo había cursado un seminario. Luego de su apelación, la Corte Suprema anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio para Acuña.

El 2010, cuando postuló a la presidencia del Gobierno Regional de Lambayeque, Acuña declaró al JNE que era dueño de 20 inmuebles por S/ 2.8 millones y una camioneta de S/154 mil. Desde entonces, su patrimonio ha cambiado, según lo que reportó al ente electoral: el 2019 dijo que obtuvo ingresos de fuentes públicas y privadas por S/191 mil y que es propietario de 24 inmuebles en Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Lima por S/1.8 millones, así como dos vehículos por S/ 238 mil y bienes muebles por S/ 196 mil.

En el pasado, según su declaración del 2014 ante el JNE, el exgobernador de Lambayeque dijo haber trabajado en las empresas Keint Construcciones SRL (1999-2001) y Siglo XXI SRL (2001-2002), vinculadas a su familia. La primera empresa fue creada en Chiclayo en 1991 por su hermano Darío Acuña, quien el 2016 donó sus acciones a Enrique Vásquez (candidato por APP en dicha región); mientras la segunda compañía fue fundada el 2000 por Eddie Martín Navarro Coloma y Junior Osías Santa Cruz Acuña, quienes un año después eligieron al mismo Darío Acuña como apoderado.

La compañía Siglo XXI SRL –en consorcio con Keint Construcciones SRL y otras empresas– ganó tres licitaciones públicas, entre abril del 2009 y julio del 2010, por más de S/ 8 millones. El último de los contratos obtenidos lo realizaron con el Gobierno Regional de Lambayeque para el asfaltado de una carretera en el distrito de Motupe en 2010, mientras Humberto Acuña era titular del cargo, por un monto de S/4,9 millones.

Por esa obra, el Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) sancionó a ambas empresas el 2010 con la inhabilitación de contratar obras públicas por 14 meses. Esto debido a que presentaron documentos falsos para la adjudicación del contrato. El 2012, la empresa Siglo XXI fue sancionada de nuevo con 24 meses de inhabilitación por presentar una firma falsa en la renovación de su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE. 

OjoPúblico se comunicó con el candidato de APP de manera reiterada, pero este prefirió no responder nuestros mensajes.

 

La Libertad: Luis Valdez, el más cercano a Acuña

 

En La Libertad, APP colocará a dos congresistas. Uno de ellos será el abogado Luis Alberto Valdez Farías (40), natural de Sullana y con estudios escolares en Chiclayo, Piura y Lima, es uno de los personajes más cercanos a Acuña. Su historia bajo el entorno del máximo líder de APP empezó el 2000 cuando se inició como asesor de la Universidad César Vallejo, aún sin acabar sus estudios superiores de Derecho en el mismo centro de estudios. Luego, tuvo una carrera meteórica: fue gerente de asesoría jurídica (2007-2010) y gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo (2010-2014) en la época de Acuña como burgomaestre.

Su carrera siguió marcada por dicho personaje cuando postuló como su vicegobernador por APP al Gobierno Regional de la Libertad en 2014. Finalmente, Valdez fue elegido y un año después se convirtió en gobernador regional, luego de que Acuña renunciara al puesto para postular de manera fallida a las elecciones presidenciales del 2016. Hoy, luego de dejar el cargo el 2018, Valdez sigue cerca de Acuña ya que ejerce como secretario nacional de APP, integra el directorio de la Universidad César Vallejo y además es asesor de la Oficina de Auditoría Interna de dicho centro de estudios.

El 2019, la Contraloría suspendió a Valdez por 360 días en sus funciones de gerente de la Municipalidad Provincial de Trujillo, cargo que había ocupado años atrás. Al emitirse con retraso, el dictamen no tuvo efectos prácticos para el hoy candidato. De acuerdo al órgano fiscalizador, Valdez incurrió en faltas administrativas relacionadas a la construcción del Complejo Deportivo Mochica Chimú, obra que demandó la inversión de más de S/103 millones y que hasta la fecha no ha sido culminada.

VÍNCULOS. En el 2000, Luis Valdez fue asesor de la Universidad César Vallejo cuando aun no culminaba sus estudios universitarios en esa casa de estudios. Años después trabajó en la Municipalidad de Trujillo cuando Acuña era burgomaestre.

Foto: Claudia Chávez

En su hoja de vida, presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este año, Valdez no identifica ningún bien inmueble a su nombre a pesar de declarar ingresos anuales por S/172 mil durante el 2018. Solo reportó que domicilia en la calle Scipión Llona 281 de la Urb Pay Pay, como también figura en su documento nacional de identidad. El 2014, sin embargo, declaró ante el mismo ente electoral que vivía en la exclusiva urbanización Las Palmas de El Golf en el distrito trujillano de Víctor Larco.

OjoPúblico además conoció que Valdez registró un inmueble ubicado en la avenida Juan Julio Ganoza 165 (Urbanización Fátima, Trujillo) como domicilio fiscal en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Sin embargo, en esta dirección se encuentra la sede de la compañía Servicios Complementarios American Services S.A.C., que hasta este año tuvo como gerente general al empresario Mario Reyna Rodríguez, militante de APP, según su inscripción en el JNE.

Dicha empresa se dedica al servicio de limpieza y el 2018 suscribió cuatro contratos con el Gobierno Regional de la Libertad por S/47,679 en la gestión de Valdez como titular del cargo. Un hecho que llama la atención es que la pareja del candidato, Ana Paula Ganoza Loya, actriz y modelo en Trujillo, difundió el 2018 en sus redes sociales una foto posando delante de un Audi Turbo de placa ATG 318. Precisamente, aquel auto pertenece a Servicios Complementarios American Services, proveedora del gobierno regional liberteño mientras Valdez ocupaba el cargo más alto de dicha entidad.

Consultado sobre el tema, Valdez dijo en su momento a OjoPúblico que desconocía la existencia de esa compañía: “no la conozco, no lo conozco (al gerente)… No comparto operaciones, no tengo ningún vínculo”. Respecto de la dirección declarada en la Sunat, la misma que Servicios Complementarios American Services, dijo que “tenía hace muchos años una oficina, cuando fui abogado externo. Tenía un estudio de abogados ahí y lo reporté como domicilio fiscal. No lo he actualizado”. Sobre el Audi en la foto difundida por su pareja no fue claro: “de repente lo hemos alquilado, de repente lo hemos prestado. Pero yo no lo he manejado”. 

Respecto de su lugar exacto de domicilio, Valdez nos dijo en la entrevista que en realidad vive en la Urbanización El Golf de Trujillo (declarada por él en 2014), y no en la Urbanización Pay Pay que declaró en la hoja de vida actual que presentó al Jurado Nacional de Elecciones.

 

 

Cajamarca: Walter Benavides, el contratista constructor

 

Uno de los seis congresistas por Cajamarca es Walter Benavides Gavidia, quien postuló con el Nº 1 de Alianza Para el Progreso. Es fundador de la constructora WB Hnos y en 2014, el hoy congresista con su hermano Wilmer Benavides constituyeron esta compañía con un aporte de S/100 mil cada uno en bienes. Esta compañía firmó –de manera individual y en consorcio– cinco contratos públicos por S/ 6,6 millones entre 2016 y 2019, según el portal de proveedores del Estado.

Cuatro años después de su fundación, los Registros Públicos detallan que Benavides Gavidia transfirió su participación en la empresa a su hermano Edwar Benavides en 2018. Según su hoja de vida declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato de APP ha vuelto a laborar en esta compañía desde junio de 2019. 

La participación de Benavides en la constructora coincide con los contratos más notorios de WB Hnos: el mejoramiento del servicio de agua y desagüe para las municipalidades de San Benito por S/ 3 millones en junio de 2019; y de Santo Domingo de la Capilla por S/ 2 millones en noviembre de 2016. En ambos casos, la constructora ganó la licitación a través de dos consorcios diferentes. 

NEGOCIOS. Walter Benavides es fundador de una constructora que contrató con el Estado por S/. 6,6 millones entre 2016 y 2019. En la foto con César Acuña, fundador de APP. 

Foto: Facebook del candidato

Aunque Benavides omitió declarar sus ingresos del último año ante el JNE, sus hojas de vida presentadas en comicios anteriores revelan que el candidato registró S/ 66 mil en 2016 y S/ 51 mil en 2018 como su renta anual del sector público. En esos años, Benavides ejerció como asesor del Gobierno Regional de Cajamarca y gerente del distrito de Chota. En ninguna de sus declaraciones, Benavides precisó sus ingresos del sector privado.

Benavides es militante de APP desde 2018 y es investigado por presunta asociación ilícita y colusión en la Fiscalía Anticorrupción de Lima, según su propia hoja de vida. No es su primera postulación: Benavides intentó sin éxito ser congresista en 2016 con el partido Democracia Directa y alcanzar la Presidencia Regional de Cajamarca en 2018 como candidato de César Acuña, donde perdió contra el competidor de Acción Popular, Mesías Guevara. 

OjoPúblico se contactó con Benavides para consultar sobre su participación en la constructora, así como la investigación en su contra y su perfil declarado ante el JNE. Sin embargo, antes de colgarnos el teléfono, el candidato indicó que revisáramos sus datos personales en su hoja de vida, pues estaba ocupado para atendernos.

 

Áncash: Jhosept Pérez, empresario gasolinero que fue alcalde de Casma

 

Uno de los cinco congresistas por Áncash es Jhosept Pérez Mimbela (43). El virtual parlamentario afronta dos investigaciones fiscales. Una por los delitos de peculado doloso y omisión de denuncia, y la otra por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Ambas pesquisas, a cargo del Ministerio Público del Santa, datan del 2017, cuando se desempeñó como alcalde de la provincia de Casma. El exalcalde tenía más de 10 investigaciones, pero la mayoría ya han sido archivadas.

En sus descargos a OjoPúblico, Pérez dijo que son denuncias sin fundamento y que están siendo archivadas. En su hoja de vida ante el JNE, Pérez Mimbela –quien no posee estudios superiores– declaró ser empresario del rubro de combustibles, además de tener ingresos de S/51 mil del sector público y S/217 mil del sector privado. En el caso de sus bienes, ante el mismo JNE dijo ser dueño de ocho inmuebles valorizados en S/1,1 millones. En la Contraloría, de acuerdo a su última declaración jurada del 2015, dijo que sus bienes sumaban S/1,2 millones. 

El candidato –calificado por la central de riesgo Infocorp como usuario de “riesgo muy alto”– reportó ser gerente general de tres compañías: Estación de Servicios Delusa (de la que también es dueño) y Servicios Delusa, dedicadas a la venta de combustibles; así como del Complejo Turístico Huancamuña (también creada por el hoy postulante). La primera y la última registran diferentes deudas coactivas en la Sunat, siendo la más alta por S/23 mil. 

INVESTIGADO. El Ministerio Público tiene abiertas dos investigaciones contra el virtual congresista. Una de ellas por peculado doloso y omisión de denuncia, la otra por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

Foto: Facebook del candidato.

Según Registros Públicos, Pérez Mimbela también ocupaba el cargo de gerente general en Distribuidora de Lubricantes y Repuestos Automotriz Delusa, empresa de su propiedad hasta el año pasado, cuando la traspasó a su madre.

El candidato Pérez Mimbela, mediante su empresa Estación de Servicios Delusa, contrató con el Estado por más de S/ 1 millón entre 2008 y 2017. El 2015, dicha compañía hizo negocios con la Municipalidad Distrital de Comandante Noel, ubicada en la provincia de Casma (Áncash) y bajo la jurisdicción del entonces alcalde y hoy candidato, por un monto de S/35 mil. 

Según la Ley de Contrataciones, están impedidos de contratar con el Estado, cualquiera sea el régimen legal, los alcaldes en el “ámbito de competencia territorial mientras ejercen el cargo y hasta 12 meses después de concluido”. Además, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) indica que la violación a esta ley amerita la inhabilitación para contratar con el Estado.  

En sus respectivos descargos, Pérez Mimbela dijo a OjoPúblico que por aquel caso fue denunciado ante el JNE con el objetivo de vacarlo del cargo que tenía. Según su versión, él probó años atrás que venía contratando con ese municipio y que no tenía injerencia en los mismos. Sobre sus deudas en la Sunat (por S/23 mil), dijo que solo fueron un descuido y que realizará los pagos a la brevedad.

 

Loreto: Fernando Meléndez, investigado por delitos ambientales

 

Uno de los parlamentarios de APP por Loreto es Fernando Meléndez (47), natural de Yurimaguas, presidente fundador del Movimiento Integración Loretana. Entre 2015 y 2018, fue la máxima autoridad regional de Loreto, y hoy pretende ubicarse en la curul que dejó su hermano en el Parlamento. Actualmente, el candidato enfrenta dos investigaciones por delitos ambientales y corrupción.

Respecto del primer caso, en agosto último, el Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra Meléndez por delito de responsabilidad de funcionario público en otorgamiento ilegal de derechos a favor de Cacao del Perú Norte (hoy Tamshi SAC). Esta empresa –integrante del grupo empresarial del estadounidense Dennis Melka– fue acusada del desbosque de 1,900 hectáreas de bosque en Loreto e incluida como tercera civilmente responsable en el juicio contra su gerente Rubén Espinoza, quien fue condenado a ocho años de prisión por tráfico de madera.

El caso empezó el 2017 con la denuncia del Procurador Ambiental Julio Guzmán contra Meléndez y Juan Vilca Tello, exgerente de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto. Según la fiscalía, ambos incumplieron sus funciones al permitir que Cacao del Perú Norte (condenada a pagar una reparación de S/ 15,7 millones al Estado) desarrolle actividades de desbosque, generando impactos ambientales negativos, a pesar de tener una medida de paralización de actividades emitida por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (Dgaaa) del Ministerio de Agricultura.

DELITOS. Fernando Meléndez, exgobernador regional de Loreto, es investigado por corrupción y delitos ambientales. Su hermano Jorge Meléndez fue congresista hasta el cierre del Congreso el 2019.

Foto: Flickr del candidato

El tema de delitos ambientales es algo que no solo pesa sobre Meléndez sino también sobre su hermano Jorge Meléndez, quien siendo congresista por el oficialismo fue mencionado en una investigación del Ministerio Público y la Policía contra una organización criminal dedicada al tráfico de madera entre Iquitos y Pucallpa. La revelación de dichas pesquisas en OjoPúblico le costó a este último el cargo de ministro de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Martín Vizcarra.

El candidato del partido de Acuña –quien dijo laborar como asesor II en el Seguro Social de Salud en Lima, según su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)– también tiene una investigación en el Ministerio Público por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo porque el gobierno regional de Loreto, siendo el hoy candidato su máxima autoridad, compró 17 mil mochilas a la empresa Portexport S.A.C por S/ 263 mil el 2017; y otras 800 mochilas a la empresa R&L Servicios Múltiples Integrales S.A.C, el mismo año.

Según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Meléndez; el exconsejero regional de Loreto, Ángel Vela Macedo, el exdirector regional de Educación de Loreto, Dany Darwin Sifuentes Talexio, y otras seis personas favorecieron de manera ilícita a ambas empresas, aún cuando el proceso de licitación no había concluido. Por tal motivo, el 2017 la fiscalía intervino la sede oficial del entonces gobernador Meléndez para recopilar documentos sobre dicha adjudicación.

OjoPúblico conoció que Meléndez también está involucrado en otras siete investigaciones por delitos como concusión (patrocinio ilegal), peculado (utilización culposa de caudales destinados a asistencia social) y corrupción (negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo).

En su hoja de vida presentada este año al JNE, el candidato dijo percibir S/ 173,900 de ingresos por fuente pública, tener una casa en el distrito de Punchana (Maynas) por S/ 203 mil y tres motocicletas por S/ 7,800. El 2014, cuando postuló al cargo de gobernador regional de Loreto, Meléndez informó que solo tenía ingresos privados por S/ 3,500 y la misma vivienda, pero valorizada en S/ 20 mil. 

Entre 2010 y 2014, Meléndez realizó aportes por S/ 9 mil a la campaña del Movimiento Integración Loretana, con el que postuló para gobernador. Entre 2013 y 2017 también hizo aportes periódicos por S/ 7,680 a dicha organización, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En el pasado, el exgobernador trabajó en el Congreso entre el 2000 y 2001, como auxiliar del despacho de la legisladora por Vamos Vecino (vinculado al fujimorismo), Neri Felipa Salinas de Torres, su actual suegra. 

En su oportunidad, OjoPúblico llamó en reiteradas oportunidades a Meléndez. Incluso concertamos una entrevista personal en su vivienda, ubicada en la calle Diego de Almagro N° 120, (Punchana, Maynas). Sin embargo, al llegar puntuales a la cita, su esposa nos dijo que el exgobernador se encontraba de viaje. 

 

Huánuco: Lusmila Pérez, nexos con la familia del gobernador

 

Una de las congresistas de APP por Huánuco es Lusmila Pérez Espíritu (51). El 2014 fue elegida alcaldesa del distrito de Luyando (2015-2018), ubicado en la provincia de Leoncio Prado y a cinco horas de Huánuco. Entre 2006 y 2010, había intentado ser regidora de la misma localidad, aunque sin éxito. Además, fue militante del Partido Nacionalista de Ollanta Humala.

La congresista por APP, quien no concluyó sus estudios superiores de Agronomía, declaró en su última hoja de vida al JNE tener ingresos de S/ 43 mil de fuente pública y privada y ser propietaria de tres viviendas –dos en Tingo María (Huánuco) y una en la región San Martín–, siete motocicletas y una camioneta. Todos estos bienes los declaró por la suma total de S/ 258 mil. Este monto representa casi el triple de lo que la misma candidata declaró al mismo ente electoral en 2010, cuando dijo poseer solo una vivienda y dos motocicletas, valorizadas en S/ 90 mil.

Respecto de sus antecedentes, Pérez Espíritu tiene tres indagaciones en curso en el Ministerio Público. El primer caso se remonta al 2017, a la denuncia del ciudadano Martín Flores. Entonces, en su gestión como alcaldesa de Luyando, un consorcio integrado por Inversiones en ti Jesús (de Juan e Inés Alvarado, hijos del hoy gobernador regional de Huánuco), NPR Contratistas SAC y Compañía Estratos SRL ejecutó la construcción de la defensa ribereña en la margen derecha del río Huallaga por más de S/18 millones. Solo dos años después, en octubre último, la Contraloría detectó el deterioro de dicha obra y pidió al actual alcalde de Luyando que tome las medidas correctivas para reparar la misma.

Según fuentes fiscales, los presuntos malos manejos en torno a esta obra hoy forman parte de una investigación que la candidata por APP afronta en el Ministerio Público. Si bien el caso aún está en etapa preliminar, la fiscalía vincula a la exalcaldesa y hoy candidata al Congreso con el gobernador de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio. Esto debido que la empresa Inversiones en ti Jesús SAC fue la mayor proveedora del municipio distrital que entonces tenía como alcaldesa a Pérez Espíritu: llegó a ganar tres obras por S/29 millones del 2015 al 2018.

HISTORIAL. Lusmila Pérez es investigada en tres casos diferentes en el Ministerio Público. En el pasado fue militante del Partido Nacionalista de Ollanta Humala.

Foto: Facebook de la candidata

De acuerdo a la tesis fiscal, la Municipalidad Distrital de Luyando, durante la gestión de Pérez Espíritu, favoreció a dicha empresa. Entre las evidencias se tiene que la hija de la alcaldesa, Ivone Smith Grandez Pérez (Tingo María, 1992), tuvo una relación entre 2014 y 2017 con Juan Alvarado Modesto, hijo del actual gobernador regional. El caso sigue bajo investigación. Sin embargo, no es la única pesquisa en marcha contra Pérez Espíritu: hay otros dos en etapa preliminar por delitos de peculado y contaminación del medio ambiente.

En el caso de peculado el Ministerio Público estableció que Pérez Espíritu, en su condición de alcaldesa de Luyando, recibió la obra del colegio de Villa Rica, ubicado en dicha localidad sin que se cumpliera lo establecido en el expediente técnico. De esta forma, presume la fiscalía, la alcaldesa favoreció al Consorcio El Eden, conformado por las compañías: Inversiones AJM EIRL, de Javier Maykol Espinoza Loarte, sobrino del candidato Juan Romel Alvarado Loarte; e Innova Ingeniería Total SAC (suspendida por el OSCE por presentar documentos falsos desde junio del 2018 y por 41 meses).

Entrevistada por OjoPúblico, Pérez dijo que el incremento de su patrimonio en los últimos años “solo esta en el papel”. Pérez afirmó que “solo tengo una moto, un auto, dos viviendas (una por adelanto de herencia) y un terreno. No di de baja mis otros bienes [en referencia a lo dicho en su hoja de vida]”. Sobre la indagación fiscal en su contra por favorecer a la compañía proveedora Inversiones en ti Jesús SAC, mientras ella era alcaldesa de Luyando, y a la relación de su hija con el dueño de dicha empresa, ella indicó: “No sabía… y si hubo favorecimiento que [la fiscalía] me lo demuestre… los últimos en enterarse [de estas relaciones] son los padres”. 

Ella además dijo en entrevista con OjoPúblico que antes del 2006 se dedicaba al negocio de venta de comida. Parece que el negocio prosperó ya que hoy ella es dueña de la empresa restaurante de comida chifa y pollería Gran Muralla China en Tingo María, según nos lo confirmó. Sin embargo, en su hoja de vida ante el JNE solo consignó que era gerente general de dicha compañía, desde por lo menos el 2007, sin colocar en dicho documento información alguna sobre sus acciones en aquel restaurante.

 

Junín: César Combina, allegado al movimiento pro familia

 

Uno de los legisladores de APP por Junín es César Combina Salvatierra (32), quien declaró como lugar de residencia el distrito de San Ramón en Chanchamayo (Junín). El congresista –nacido en Lima en 1987 y bachiller de Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú– tiene posiciones ideológicas cercanas a los colectivos religiosos que cuestionan las políticas del Estado en temas de enfoque de género y salud reproductiva.

Su carrera política inició en 2006 cuando postuló, con menos de 20 años, para regidor del balneario playero de Punta Negra (Lima) por la alianza Unidad Nacional de la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano. Sin embargo, fue excluido de las elecciones por no acreditar residencia de por lo menos dos años continuos en el distrito por el que postulaba, ya que en su documento de identidad registraba su vivienda en La Molina. 

El 2010 postuló para ser regidor de Lima en la plancha de Flores Nano del Partido Popular Cristiano, pero no lo logró. Cuatro años después, el 2014, Combina cambió de organización política y buscó ganar la presidencia del gobierno regional de Junín por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, pero tampoco lo consiguió. Similar intento hizo el 2018, cuando postuló con su partido Caminenos Juntos por Junín al mismo cargo, también sin éxito. 

En su última hoja de vida presentada al JNE, Combina dijo haber laborado como asistente en el Congreso (2009-2010), funcionario de la Municipalidad de San Isidro cuando el alcalde era Raúl Cantella Salaverry (2011-2012); jefe del Programa Parlamento Joven en el Legislativo (2012-2014), asesor de la dirección de Cofopri (2016) y coordinador de la Fundación alemana Friederich Naumann, de corte liberal (2019).

EN CONTRA. César Combina Salvatierra (Izq.) de Junín firmó un compromiso con el Movimiento Pro Familia y Pro Vida del pastor evangélico José Linares cuando postulaba al cargo de gobernador de dicha región.

Foto: Twitter

En 2011, Combina fue elegido presidente del Consejo Directivo de una organización llamada Centro para el Emprendimiento y Estudios Sociales (CEES), que tiene como finalidad promover la educación, la cultura, la política y el emprendimiento empresarial, según sus estatutos. En su blog en Internet, el CEES tiene artículos del 2013 que celebran las marchas realizadas por colectivos religiosos a favor “de la vida y contra el aborto”. Su participación en esta organización no aparece en su última declaración en el JNE. 

El 2018, siendo candidato al gobierno regional de Junín, Combina firmó un compromiso en Huancayo con el Movimiento Pro Familia y Pro Vida del controvertido pastor evangélico José Linares, también del colectivo Con mis hijos no te metas. En ese contexto, hizo pública su oposición a la incorporación del enfoque de género en la currícula educativa del país. “No vamos ha implementar la ‘ideología de género’ impuesta desde Lima”, dijo el hoy congresista considerado “pro familia por convicción” por Linares.

Respecto de su patrimonio, Combina declaró ingresos por S/102 mil del sector privado y ser titular de cinco bienes (en Lima, Cerro de Pasco y Junín) por más de S/ 1 millón, entre ellos un departamento en San Isidro, un terreno en Villa Rica, una tienda en Monterrico, una casa en el balneario de Punta Hermosa y otra en Chanchamayo. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el candidato aportó S/ 6 mil en efectivo al PPC cuando postulaba a regidor por Lima con Flores Nano.

OjoPúblico se comunicó en su momento con el encargado del área de imagen de Combina, pero no hubo respuesta. 

 

San Martín: Robertina Santillana, dueña de Vía Televisión

 

Una de las congresistas elegidas de APP por San Martín es Robertina Santillana Paredes (51), quien postuló por primera vez a un cargo de elección popular. En 2003, creó Vía Televisión S.A.C., dedicada a la creación, programación y transmisión de televisión y radio. En su hoja de vida ante el JNE, la hoy congresista dijo tener estudios técnicos de Contabilidad y que desde el 2009 se desempeña como ejecutiva de su propia empresa.

De acuerdo a la Sunat, Vía Televisión es una empresa con nueve empleados y domicilio fiscal en jirón Elías Linares 357 (Tarapoto). Según su sitio web, es un “medio familiar con plataformas tecnológicas modernas [y que ofrecen] contenido informativo, entretenimiento, cultural, deportivo y familiar en el acontecer regional en San Martín”.

Santillana Paredes, natural de Tarapoto, declaró al JNE haber trabajado en Corporación Técnica de Inspección Vehicular S.A.C, fundada por su hija Cinthia Ramírez, quien el 2016 también asumió como gerente general de Vía Televisión. La postulante además laboró en el Centro de Automación Perú del 2011 al 2013

EMPRESARIA. Robertina Santillana fundó Vía Televisión SAC en San Martín dedicada a la transmisión de contenidos de radio y televisión. 

Foto: Facebook de la candidata

La ahora congresista y su hija además son las socias fundadoras de Adrika Agencia de Viajes S.A.C, dedicada a tours turísticos, servicios de restaurante, recreación y hospedaje. En esta empresa, Santillana Paredes se desempeña como gerente general hasta la actualidad. En su hoja de vida ante el JNE, Santillana dijo recibir un ingreso anual S/ 61 mil procedente de fuente privada y tener cuatro inmuebles en San Martín por un valor de S/ 377 mil y cinco motocicletas por S/19 mil.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Santillana hizo un aporte en especies de S/ 19 mil en 2016: 260 avisos publicitarios en Vía Televisión a favor de Rolando Reátegui de Fuerza Popular, quien llegó a ser congresista. Sobre este aporte, Santillana dijo a OjoPúblico que durante la campaña de Reátegui sí aportó pero con especies, a través de publicidad. “No tengo vínculos con el fujimorismo, no soy militante de ese partido”, indicó. 

Añadió que ya no es gerente general de Vía Televisión, pero que sí fue su fundadora. “No tengo vínculo con esta empresa [desde 2016]”, dijo. Sobre el financiamiento de su campaña afirmó: “No tengo aportes de empresas, netamente son aportes de mi familia y mis ahorros como empresaria”.  

 

Apurímac: Omar Merino, médico sentenciado por alimentos 

 

Entre los legisladores virtualmente elegidos también aparece Omar Merino López (43), Nº 1 de Alianza para el Progreso de Acuña, partido en el que ejerce como responsable político. El candidato es médico del Hospital Guillermo Díaz de Abancay y también postuló para regidor de esa provincia en las elecciones del 2006 y 2014; para miembro del Congreso el 2016 y para vicegobernador regional en 2018. En ninguno de los casos fue elegido.

Actualmente, Merino labora como médico ortopedista del nosocomio citado y es profesor de la Universidad Alas Peruanas. En su reciente hoja de vida ante el JNE declaró ingresos anuales por S/ 92 mil del sector público y privado y dijo tener un terreno en Abancay por S/ 145 mil. De acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Merino gastó S/ 87 mil en efectivo en su campaña para vicegobernador de Apurímac el 2018, de los cuales S/ 15 mil en efectivo fueron aportados por él.

De acuerdo al Poder Judicial, Merino ha tenido 19 procesos en la vía penal y civil. De estos casos, el postulante solo declaró sentencia en una demanda por alimentos interpuesta por la madre de su hijo. Actualmente, el candidato viene afrontando otro proceso, por usurpación de funciones, junto al exgobernador regional Luis Barra Pacheco, el también médico que trabajó en el hospital Guillermo Díaz. 

OjoPúblico intentó comunicarse con el candidato en reiteradas oportunidades, pero no fue posible obtener sus descargos.

 

 

Actualizada: Con últimos resultados de la ONPE el 30 de enero del 2020 (12:36p.m.).