En los últimos días del verano del 2004 Fernando Zevallos ‘Lunarejo’, quien entonces aparentaba ser un próspero empresario por ser dueño de la aerolínea Aerocontinente, interpuso una serie de juicios millonarios por difamación contra el diario El Comercio, su director Alejandro Miró Quesada Cisneros, y uno de los integrantes de su unidad de investigación, el periodista Miguel Ramírez. ¿El motivo? Haber sacado a la luz los nexos de este personaje con el narcotráfico desde los años ‘80.

En aquella época, yo tenía 23 años y cubría asuntos judiciales en la sección Locales. La cobertura se realizaba casi totalmente en el Palacio de Justicia, en la Base Naval del Callao y en distintos penales de Lima y se concentraba en dos temas claves de esos días: los juicios por corrupción contra la organización Fujimori-Montesinos y los nuevos procesos en el fuero civil para procesados por terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, que habían sido condenados por tribunales militares y jueces sin rostro en la década de los ‘90.

A pesar de la coyuntura judicial de aquellos días, parecida a la vivida hoy en el Caso Lava Jato por las detenciones de altos funcionarios del Estado, El Comercio me asignó la cobertura de la demanda de ‘Lunarejo’ en los distintos juzgados penales ubicados entonces en Palacio de Justicia, así como el seguimiento de la querella que este también planteó contra la periodista británica Sally Bowen por mencionarlo en un capítulo de su libro El espía imperfecto (Peisa 2003), que abordaba los casos de corrupción del fujimorismo.

La querella de ‘Lunarejo’ –que sentó un precedente por los más de US$200 millones que este pidió como reparación civil– se sintió como un golpe fuerte en el periódico más influyente del país, aun cuando la justicia acabó rechazando todos los casos luego de un año de dura batalla. Hoy, 15 años después, me queda claro que los días de cobertura del Caso Zevallos se han convertido en una lección clave para comprender cómo piensan y actúan los enemigos de la libertad de prensa, cómo debe enfrentarse a estos personajes a nivel judicial y cuál es su objetivo final cuando denuncian a un periodista (silenciarlos hasta conseguir que se autocensuren).

En base al aprendizaje de aquel 2004, reseñaré brevemente las lecciones que me dejó la cobertura de los juicios contra El Comercio, así como las demandas que me tocó vivir directamente en los doce años que trabajé en este diario, y las aprendidas hasta ahora en Ojo-Publico.com mientras enfrentamos a Miguel Arévalo, conocido como ‘Eteco’ por la Policía Antidrogas y la DEA. En los últimos tres años, este ha presentado una batería de querellas contra nosotros por supuestamente manchar su honor: cinco denuncias (tres archivadas y dos vigentes), en donde pide US$310 millones y el retiro de las publicaciones de Internet, sin contar cuatro adicionales contra otros buenos colegas.

DEMANDAS. El autor de este artículo (der.) en la cobertura de una querella planteada por Fernando Zevallos contra la periodista inglesa Sally Bowen el 2004. Hoy 'Lunarejo' purga condenas por narcotráfico y lavado.

Foto: El Comercio.

En base a este análisis –como parte de una repositorio de datos que estamos elaborando sobre periodistas demandados– y a otras querellas que seguí con gran atención en mi carrera, como las impulsadas por el clan Sánchez Paredes (investigados por lavado de dinero de las drogas) y Rodolfo Orellana (en prisión por crimen organizado) contra otros colegas, comparto tres lecciones fundamentales que hoy tratamos de aplicar en Ojo-Publico.com mientras asistimos a las sesiones judiciales por el Caso Eteco.

La primera lección, y creo que la más importante de todas, es conocer de pies a cabeza al querellante y comprender que quien denuncia con tanta malicia y agresividad, y que además se atreve a instrumentalizar a la justicia para perseguir periodistas, tiene en realidad temor de que sus actividades ilícitas sean completamente expuestas, y al mismo tiempo animadversión contra el periodista que, corajudo y persistente, no ceja en su intento de acercarse a su objetivo.

Frente a los enemigos de la libertad de prensa, no hay espacio para las dudas, debemos seguir publicando, no bajar la guardia y no temer (aun cuando ocurran medidas injustas como la del embargo de bienes ordenado en uno de los juicios planteado por Arévalo contra Ojo-Publico.com), pero tampoco subestimar al demandante. Calcular todos los escenarios posibles y ser prudente cuando se requiera. Este tipo de litigios no son carreras de 100 metros sino maratones con obstáculos. Se requiere de la fortaleza mental del ajedrecista, cualidad que solo se forja cubriendo este tipo de casos.

"El Caso Zevallos se ha convertido en una lección para comprender cómo actúan los enemigos de la libertad de prensa"

En segundo lugar, el periodista de investigación –cuando se trate de un profesional que trabaja para un medio fuera de grupos mediáticos tradicionales– debe buscar siempre a un aliado en el tema legal, una firma respetable y sin conflicto de interés o una entidad no gubernamental especializada en litigio de casos de libertad de prensa para que lo acompañe en el trance.

Las querellas de este tipo suponen para el periodista distraerse de sus investigaciones e invertir tiempo en múltiples citas para planificar la estrategia y acabar el proceso con éxito (desde la etapa inicial de la declaración ante un juez hasta rendir los alegatos finales), así como aprender las reglas básicas del juego legal para diferenciar el calibre de una carta notarial que puede acabar en una querella de manera innecesaria o en un pedido judicial para retirar el contenido de Internet bajo la ley de protección de personales, como hizo Arévalo contra Ojo-Publico.com en sus primeras arremetidas.

Una tercera y última lección: el medio debe mantenerse unido para enfrentar de manera decidida al demandante y generar que el gremio periodístico y las organizaciones que defienden temas de libertad de expresión a nivel nacional, y si se puede continental, se sumen en la campaña de difusión de los abusos judiciales, y, como no, en algún tipo de bloque investigativo coordinado. Mi experiencia en el Caso Panama Papers (2016) junto a los colegas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de Washington, me acabó de confirmar la importancia y potencia de una investigación conjunta contra un mismo objetivo.

El enemigo de la libertad de prensa debe sentir en carne propia que atacar a un medio o a un periodista independiente es atacar a todos y que una acción de este tipo siempre tendrá un costo para él a corto o largo plazo.

Entre el 2004 y 2005, la alianza periodística entre El Comercio y otros medios locales como La República y Caretas fue definitiva para la debacle del ‘Lunarejo’. En años recientes Rodolfo Orellana, investigado por lavado de dinero del crimen organizado, cometió el mayor error de su vida al decidir atacar a diferentes colegas en simultáneo. Hoy pasa sus ratos de ocio en un penal de máxima seguridad. Arévalo, en mi opinión, consiguió al asesor legal equivocado y viene cometiendo el mismo error de los anteriores. El tiempo se lo demostrará.

Como bonus track diré que estas tres lecciones son fundamentales, pero creo que desde el periodismo aún debemos realizar un fuerte trabajo para educar a todos los engranajes del sistema judicial sobre lo que nuestra labor representa para la democracia (más aún después del terremoto de los audios de la corrupción el año pasado). Hay problemas como los elevados impuestos judiciales por presentar evidencias e impugnar fallos y la falta de criterio de los jueces en el cumplimiento de las audiencias de presentación de cargos antes de abrir proceso sin escuchar a las partes, que podrían ser resueltos por el Poder Judicial sin esperar alguna ley del Congreso.

Finalmente, estas reflexiones buscan abordar el tema de las demandas con atención por parte del periodismo, pero también con valentía y sin miedo. A no desmayar en tiempos en los que los ataques de los enemigos de la libertad de prensa –vestidos de terroristas y mafias organizadas hasta hace poco, y hoy con la sotana de fundamentalistas religiosos y asociados con grupos corruptos– ya no solo llegan por la vía judicial, sino a través de fuerzas de choque que atacan e insultan a los periodistas en las calles y hasta en las puertas de sus redacciones, o por intermedio de robots que vierten noticias falsas en redes sociales.

Frente a todos ellos, y en tiempos de incertidumbre por la revolución tecnológica que viene transformando nuestra profesión y el modelo de negocio de nuestros medios y de la industria en general, debemos volver a la ortodoxia, a la tradición: investigar para contar la verdad, cueste lo que cueste.

Publicado originalmente en el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).