Actualización: 12 de junio de 2024 - 5:55 p.m.

En las últimas dos décadas, un grupo de 150 bancos destinó más de USD 20.000 millones para financiar, de manera directa, proyectos de exploración y explotación de petróleo y de gas en la Amazonía, revela un informe de la organización ambiental Stand Earth y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). 

A estos flujos de dinero se añade un monto mucho mayor de financiamiento indirecto —estimado en USD 575.000 millones—. A diferencia de la inversión directa, no es posible rastrear el destino final de estos últimos recursos, debido al uso de mecanismos poco transparentes.

Los principales inversionistas identificados son cinco bancos internacionales: Citibank, JP Morgan Chase y Bank of America (con sede principal en Estados Unidos), Santander (España) e Itaú Unibanco (de Brasil). 

"Los bancos están maquillando de verde su contribución a los impactos adversos en la Amazonía".

Sus inversiones contradicen los compromisos públicos asumidos por las entidades financieras de responsabilidad ambiental y social, como la lucha contra la crisis climática, la preservación de la biodiversidad, y el respeto a los derechos humanos, señala el informe. Esta contradicción es conocida como greenwashing (lavado verde).

En este caso, se refiere a la brecha entre lo que afirman los bancos, lo que realmente están haciendo para evitar el calentamiento del planeta y los impactos de sus políticas de sostenibilidad. 

“Los bancos dicen aplicar políticas para mitigar impactos negativos en la Amazonía, pero es difícil ver hasta qué punto, de verdad, lo están haciendo. Vemos que están financiando a las mismas empresas implicadas [en la destrucción del territorio] y nos preguntamos cómo puede ser que, por un lado, tienen una política para proteger el ambiente y, por otro, financian empresas que tienen sus manos sucias”, dijo Angeline Robertson, investigadora y autora del informe Greenwashing the Amazon a OjoPúblico. 

EN RIESGO. El territorio amazónico está en crisis de colapso, pese a ello sigue siendo foco de extracción de combustibles fósiles financiado por grandes bancos.

Foto: OjoPúblico

Contradicciones y opacidad

El estudio sugiere que la mayoría de las políticas de sostenibilidad adoptadas por Citibank, JP Morgan Chase, Itaú Unibanco, Santander y Bank of America “parecen estar más dirigidas a proteger su reputación corporativa y minimizar su responsabilidad”, antes que prevenir, efectivamente, el daño ambiental o respetar los derechos de los pueblos indígenas. 

“Están maquillando de verde su contribución a los impactos adversos en la Amazonía. Si bien sus compromisos declarados para abordar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la explotación de los pueblos indígenas crean la percepción de que están protegiendo a las personas y a la naturaleza, los bancos continúan financiando operaciones destructivas”, advierte el informe. 

La principal amenaza del greenwashing en esta región es que, si las políticas de los bancos y sus compromisos ambientales declarados no se fortalecen realmente, la Amazonía seguirá siendo destruida por la afluencia de dinero a empresas cuyas actividades extractivas violan los derechos de los pueblos indígenas y causan deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad, además de acelerar la crisis climática. 

Citibank, JP Morgan Chase y Bank of America, Santander y Itaú Unibanco son los que más invierten en combustibles fósiles en la Amazonía.

En esa línea, la investigación advierte la necesidad de que los bancos excluyan de sus carteras todo financiamiento a la industria petrolera y de gas en la Amazonía. Esto teniendo en cuenta que alrededor del 71% del territorio de esa región no está protegida eficazmente por los marcos de gestión de riesgos ambientales y sociales de los cinco principales financistas. 

De una base de datos construída por Stand Earth con 560 transacciones financieras relacionadas a actividades de petróleo y gas en la Amazonía por USD 575.000 millones, el 72% están estructuradas de tal forma que no permiten identificar el destino del dinero, por lo que limitan la identificación y priorización de las políticas ambientales y sociales de los bancos. Es decir, se dificulta el rastreo del impacto que estas inversiones generan e impiden una mayor diligencia debida.

Algunos bancos, por ejemplo, dan financiamiento a través de “bonos sindicados” o “préstamos con fines corporativos generales”. Este tipo de transacciones restringen la capacidad de la misma entidad financiera para aplicar la debida diligencia e identificar impactos adversos a los compromisos que dice perseguir. Es decir, no permite validar el cumplimiento de sus propios acuerdos o compromisos ambientales firmados. 

Adicionalmente, el estudio de Stand Earth identifica al sexto mayor inversionista internacional de combustibles fósiles en la Amazonía, el banco británico HSBC, como el único que presentó un ejemplo positivo de política ambiental. En diciembre de 2022, se comprometió a excluir el financiamiento al petróleo y gas en el 100% de la Amazonía. Esta política ha permitido que no se registren nuevas transacciones de dicha entidad a territorio amazónico durante el 2023.

 

MECANISMO. Los bancos optan principalmente por financiar mediante bonos en vez de préstamos y evaden responsabilidad directa del destino de sus recursos. 

Fuente: Stand Earth

Los principales financistas

El mayor inversor de las actividades extractivas en la Amazonía es el banco estadounidense Citibank, con USD 2.320 millones en los últimos 20 años, señala el informe de Stand Earth y Coica. 

El 55% de ese total corresponde a acuerdos de suscripción de “bonos sindicados”. Este tipo de financiamiento le da poco margen al banco para influir en la empresa extractiva y, de ese modo, mitigar los impactos adversos a la biodiversidad o, incluso, saber si se han producido o no impactos negativos. 

Además, en 2023, fue el principal administrador de un acuerdo de bonos por USD 500 millones para Hunt Oil Perú, socio del consorcio Gas de Camisea, cuyas operaciones impactan a los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), que se superponen con el Bloque 88. 

El estudio de Stand Earth señala que este financiamiento contradice el compromiso de Citibank de respetar los derechos humanos en las transacciones de sus clientes. Lo mismo ocurre respecto a su control para proteger el patrimonio y los valores culturales de los impactos adversos de los proyectos beneficiados con sus recursos. 

ZONA VULNERABLE. Mapa de las inversiones de Citibank en bloques petrolíferos en la Amazonía. Más de 456 millones de hectáreas no tienen gestión de riesgos. 

Captura: Informe Greenwashing the Amazon

El segundo mayor inversionista en la industria de combustible fósil —según la investigación— es JP Morgan Chase, con USD 2.250 millones en dos décadas. Solo en 2023, destinó USD 126 millones, de manera directa, para la producción de petróleo y gas en la Amazonía colombiana, con Ecopetrol y Gran Tierra Energy. El mismo año, fue el principal financista de Hunt Oil en Perú, del consorcio Gas de Camisea, por USD 125 millones. 

Entre 2006 y 2023, JP Morgan estaba suscrito a los Principios del Ecuador (PE), un tratado internacional que evalúa los impactos adversos de las decisiones de financiamiento sobre los pueblos indígenas. Sin embargo, se retiró del acuerdo en marzo de este año. 

El tercer gran financista de las extractivas en la Amazonía es el brasileño Itaú Unibanco, con USD 1.900 millones. El 99,9% de los acuerdos relacionados al petróleo y el gas amazónico en los que ha participado el banco no pueden ser evaluados bajo los Principios del Ecuador porque, como otras entidades, utilizó emisiones de bonos. 

El estudio alerta que, si bien Itaú Unibanco ha establecido varias políticas para abordar los riesgos ambientales y sociales, estas no especifican claramente los valores que el banco pretende proteger. Tampoco contemplan exclusiones ni filtros para las operaciones petroleras y de gas en la Amazonía. 

“Desde 2019, Itaú ha aportado aproximadamente USD 1.300 millones en ingresos directos a Eneva SA, empresa detrás del complejo de gas de Parnaíba, que se estima que es capaz de producir más de 1 gigatonelada de emisiones de CO2 durante su vida, lo que la convierte en una de las mayores bombas de carbono en la Amazonía”, dice el informe de Stand Earth y Coica. 

"Los bancos no están logrando identificar la verdadera escala de los riesgos de la extracción de combustibles fósiles"

El cuarto mayor financista identificado es Banco Santander con USD 1.400 millones. Tiene una política de exclusión del 16% de la Amazonía —133 millones de hectáreas—, donde no puede financiar petróleo y gas, independientemente del mecanismo de inversión. Su política también prohíbe nuevos clientes de petróleo y gas upstream, y la financiación de campos petroleros, cuya aprobación para desarrollo se dio después de mayo de 2021. 

Sin embargo, Santander ha proporcionado a Petroperú más de USD 1.000 millones en financiamiento desde 2017, en cuatro transacciones. Tres de ellas, por más de USD 800 millones, fueron bonos sindicados para la financiación de proyectos. Ninguna de estas califica para evaluar su cumplimiento con los parámetros de los Principios del Ecuador, ya que el tratado solo aplica a los préstamos. 

El quinto mayor financista es Bank of America, con USD 1.300 millones. El banco indica que aplica su debida diligencia para asegurar que los recursos de sus préstamos no se utilicen para financiar proyectos u operaciones de extracción de recursos o la tala de bosques tropicales primarios y bosques intactos. Pero no hay claridad si esta política aplica al caso del petróleo y el gas. 

La política forestal de Bank of America también establece que no financiará la exploración de petróleo y gas en áreas donde haya reclamos de territorios indígenas no resueltos. Este hecho contrasta con su financiamiento a Gran Tierra Energy y Hunt Oil Perú en 2023, compañías que operan en zonas donde los pueblos indígenas se oponen a la exploración. 

Finalmente, el banco británico HSBC, con USD 1.200 millones, también figura como uno de los principales inversionistas en la Amazonía de las últimas dos décadas. Fue suscriptor de bonos a Petroperú, en 2021, para la mejora de la Refinería de Talara. Al año siguiente, también otorgó un préstamo sindicado a la Compañía Española de Petróleos (Cepsa).

Pese a sus millonarias inversiones en años previos, en diciembre de 2022, HSBC se comprometió a excluir el financiamiento a combustibles fósiles de la Amazonía. En otras palabras, aseguró que no proporcionaría nuevos servicios financieros o de asesoría a operaciones del sector en esta área. Desde entonces, es el único de los principales financistas que ha seguido una política con resultados positivos.

“[En general,] los bancos no están logrando identificar ni gestionar la verdadera escala de los riesgos derivados de la extracción de combustibles fósiles, mientras que la región con mayor biodiversidad de la tierra está bajo grave amenaza. Si los bancos quieren estar plenamente comprometidos con los valores que dicen defender, entonces sus políticas deben cubrir categorías más amplias de protección, como exclusiones y filtros estrictos”, concluye el informe de Stand Earth y Coica.