Un día antes del terremoto de Pisco de 2007, Plamol era una empresa que estaba dedicada al comercio de calzado. A solo dos días después de la tragedia, el 17 de agosto, ya se acababa de inscribir como proveedora de bienes y servicios al Estado y estaba recibiendo un cheque de 10 millones de soles del Seguro Integral de Salud (SIS) por la venta de 220 mil raciones de alimentos para los damnificados. El precio unitario de cada ración fue de 34 soles. Raciones similares, en otros procesos de contratación de la época, rozaban los 20 soles.

Ese mismo día, el SIS había gestionado una ampliación presupuestaria de 19 millones de soles ante el Ministerio de Economía y Finanzas para atender la emergencia y había logrado que se la aprobaran; había emitido las solicitudes de compra de las raciones de alimentos, había aprobado las guías de remisión y dado el visto bueno a las actas de conformidad.

La emergencia justificó la prisa e incluso podría haber justificado pagar un precio más alto, pues en situaciones así, el mercado se desestabiliza. Lo que no se justificaba, bajo ningún punto de vista, fue la colusión que se descubrió luego entre empresarios y funcionarios del SIS para intentar esconder, detrás de los procesos de urgencia, un millonario negociado corrupto.

Este fue uno de los casos más escandalosos de corrupción asociados a desastres naturales en el Perú de este siglo. A su fama se sumó el indulto otorgado por el expresidente Alan García al ex jefe del SIS por razones humanitarias, aunque unos años después fue captado en la calle disfrutando de buena salud. Pero no fue el único caso. El informe parlamentario sobre la reconstrucción de Ica y Pisco luego de esa misma tragedia detalló irregularidades y posibles casos de corrupción que no tuvieron tanta atención mediática.

Hacia el año 2018, había 2.059 autoridades y exautoridades regionales investigadas por delitos de corrupción.

Otros desastres, como las inundaciones por el Niño Costero en el 2017, también vieron germinar escándalos como, por ejemplo, la adquisición sobrevalorada de baños químicos para los damnificados durante la emergencia por parte del municipio de La Esperanza, Trujillo.

Durante las emergencias generadas por desastres naturales o sociales (desplazamientos masivos por guerras, por ejemplo), los controles sobre la gestión de los recursos se relajan y se genera un ambiente favorable para el aprovechamiento corrupto de los cuantiosos fondos destinados a atenderlas. Esto, claro, no es privativo del Perú. Auditorías internas de la Cruz Roja sobre la atención a la epidemia de ébola en países de Africa Occidental, detectaron casos en los que se desviaron aproximadamente US$ 6 millones. La corrupción en la respuesta a tragedias es el otro virus que se debe combatir.

Propuestas y discusión

El anuncio de la transferencia de más de S/200 millones a los municipios para que realicen adquisiciones y distribuyan canastas entre los vecinos disparó todas las alarmas. Hasta antes, no había habido una preocupación clara entre la opinión pública por los riesgos de corrupción, posiblemente porque los datos sobre el avance de la infección y las respuestas del gobierno capturaban el interés de la población, a pesar de que unos días antes hicieron saber que destinarían S/483 millones a fortalecer los servicios de salud.

La mención a los municipios hizo resonar los ecos de escándalos de corrupción protagonizados por autoridades descentralizadas que poblaron medios de comunicación a lo largo de varios años, antes de que los casos “Lava Jato” y “Cuellos Blancos” los desplazaran a las páginas interiores de los diarios. Según datos manejados por la Procuraduría Anticorrupción, hacia el año 2018, habían 2.059 autoridades y exautoridades regionales y municipales investigadas por delitos de corrupción.

El gobierno indicó que convocaría a la Contraloría para que acompañe estas transferencias, así como el resto de inversiones frente a la emergencia sanitaria. Para ello solicitó al Congreso facultades legislativas que permitieran aplicar el control concurrente a esta crisis. Sin embargo, el Congreso no accedió a ello, siendo el único punto del paquete planteado en el que no se le dio al gobierno la facultad legislativa. La Contraloría había impulsado su propia propuesta normativa, más ambiciosa y que no se limitaba a la emergencia, si no que abarcaba toda la gestión pública, propuesta que era apoyada por la mayoría de bancadas.

Auditorías internas de la Cruz Roja sobre la atención a la epidemia de ébola en países de Africa Occidental, detectaron casos en los que se desviaron US$ 6 millones.

El control concurrente, conviene aclararlo, es una modalidad del control simultáneo. La ley orgánica del sistema nacional de control privilegia el control posterior; es decir las auditorías que se realizan a procesos culminados y que deslindan responsabilidades. Pero también reconoce la posibilidad de que se apliquen controles preventivos y simultáneos, según se establezca en normas específicas.

El concurrente es la modalidad más completa del control simultáneo y consiste en verificar el cumplimiento de hitos de todo un proceso de gestión, mientras éste se está realizando. Este tipo de control se aplica a la Reconstrucción con Cambios, el proceso que se impulsó para construir obras luego del impacto que dejó El Niño del 2017. Otras modalidades de control simultáneo son la visita de control, mediante la cual se verifica el cumplimiento de un determinado hito de un proceso, y la orientación de oficio, que consiste en la revisión de la documentación de un proceso o parte de éste.

El Congreso, luego de un pulseo político, aprobó el viernes 3 extender la modalidad de control concurrente solamente a la inversión en el marco de la emergencia.

¿Será esto suficiente para prevenir la corrupción? Sin duda ayudará. En un estudio publicado a fines de 2017, el investigador de la universidad de Columbia, Paul Lagunes, demostró que cuando una organización de sociedad civil vigiló a las obras que estaban siendo ejecutadas por un centenar de municipios distritales, con respaldo explícito de la Contraloría ante los alcaldes, el costo promedio de las mismas se redujo significativamente frente a otro grupo de obras que no fueron vigiladas.

Es decir, cuando la “sensación” de control es efectiva, puede resultar disuasiva hasta cierto punto (al menos a ese nivel). Sin embargo, hoy estamos ante un escenario en el que la magnitud del gasto es enorme, así como la cantidad de operaciones simultáneas, algunas de las cuales ya empezaron, y hay un tiempo muy reducido en el que se realizarán los desembolsos. Por todo ello, por más grande que sea el despliegue del sistema de control, cubrir tal universo será materialmente imposible.

El anuncio de la transferencia de más de S/200 millones a los municipios para que realicen adquisiciones y distribuyan canastas entre los vecinos disparó las alarmas. 

Ante esa situación, de forma complementaria a los esfuerzos para controlar los fondos, los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, y Proética en el Perú, han recomendado a los gobiernos que se maximice la transparencia de la información. Consideran que visibilizar y exponer datos sobre transferencias, donaciones, adquisiciones, contratistas y beneficios adjudicados, así como centralizarlos en un solo espacio web, contribuirá a los esfuerzos disuasivos; pero principalmente facilitará ejecutar acciones de control social e investigaciones periodísticas a través de la revisión de fuentes digitales y, finalmente, en cualquier caso, quedará un registro que facilitará la realización de auditorías posteriores a la cuarentena por parte de los órganos de control.

Ello, además, debe ir acompañado de canales ágiles y seguros para la denuncia, tanto de beneficiarios de los programas de atención, como de los operadores de la emergencia en el terreno (personal sanitario, de seguridad u otros).

No desatender la política

Finalmente, cabe una elucubración sobre la dimensión política de esta crisis y el papel que puede jugar apostar por la máxima transparencia.

Debe recordarse que estamos ante un gobierno sostenido por una alta aprobación popular, pero que no tiene bancada en un Congreso cuya fragmentada composición ya demostró que está dispuesta a bailar a ritmos distintos.

Maximizar la transparencia puede servir para mejorar la posición de los responsables del manejo de la crisis ante la opinión pública.

Además, si bien las deficiencias del sistema de salud y del mercado laboral son históricas, la factura, si la cosa se sale de control, la tendrá que pagar este gobierno, pues es el que está a cargo. Hay también una posibilidad siempre presente de que se abran frentes que no están tan directamente relacionados con la emergencia, como ha demostrado el episodio de las AFP, a los cuales tendrá que dedicarle recursos técnicos y políticos.

Finalmente, el contexto de incertidumbre es propicio para que circulen noticias falsas y medias verdades para desprestigiar los esfuerzos del gobierno, como ya ha venido ocurriendo.

En un escenario como este, maximizar la transparencia puede servir para mejorar la posición de los responsables del manejo de la crisis ante la opinión pública.

Recordemos que al gobierno le tomó demasiado tiempo desactivar las noticias falsas sobre la compra de las pruebas a empresa de China no certificada, cuando podrían haber hecho una referencia a los sistemas de compra oficiales. Por supuesto, hay limitaciones técnicas e incluso normativas que dificultan esta estrategia maximalista, pues el sistema ya está estresado para realizar adquisiciones con rapidez; pero, sin duda, los retornos pueden ser mayores que los retos: si va a haber cuestionamientos por el precio elevado de un producto determinado, es mejor que se discuta en base a información oficial y no sobre memes mal editados por trolls con sangre en el ojo.