Ya no debería ser un secreto: si la mayoría de los Estados del mundo, pobres y ricos, son incapaces de hacer frente a la pandemia de Covid-19 hoy en día, también se debe a la persistencia de los paraísos fiscales. Al robar cientos de miles de millones de dólares de países de todo el mundo cada año, estos paraísos fiscales dificultan a los gobiernos la financiación de hospitales, sistemas escolares o programas contra la desigualdad. Esfuerzos más ambiciosos, cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (para los que sólo quedan diez años), son casi imposibles.

Desafortunadamente, la pandemia de la Covid-19 es probablemente sólo la primera de una serie de grandes crisis que nos esperan, impulsadas por la creciente emergencia climática. Es espantoso darse cuenta de que, ante tal situación, el mundo está perdiendo más de 427.000 millones de dólares en impuestos cada año debido al abuso de los impuestos internacionales. Esto es lo que se desprende de “El Estado de la Justicia Fiscal 2020” un destacado informe que acaban de presentar conjuntamente Tax Justice Network, la Internacional de Servicios Públicos y la Alianza Mundial para la Justicia Fiscal.

El panorama que revela es aterrador. Los países de todo el mundo están perdiendo en promedio el equivalente al 9,2% de sus presupuestos de salud por los paraísos fiscales cada año, lo que les permitiría pagar los salarios de 34 millones de enfermeras. Por supuesto, no todos los países están en el mismo barco. Si bien este déficit fiscal representa el 8,4% de los presupuestos de salud de los países de ingresos más altos, la proporción se eleva al 52,4% en los países de ingresos más bajos. El Perú, por ejemplo, pierde el equivalente del 19,81% del presupuesto de salud del país, lo que le permitiría pagar el salario anual de casi 240 mil enfermeras.

El escándalo es que buena parte de estos fondos, más necesarios que nunca para las arcas de los Estados, están desapareciendo legalmente gracias a las manipulaciones de las multinacionales –así se pierden 245.000 millones de dólares. Para ello, sólo tienen que mostrar bajos beneficios o déficits cuando los impuestos son relativamente altos (aunque sea en esos países donde realizan el grueso de sus actividades), mientras que declaran altos beneficios en las jurisdicciones donde los impuestos son muy bajos, o incluso nulos, aunque sólo hayan aparcado allí las marcas y alquilado direcciones.

No se trata sólo de los “delincuentes conocidos” como las economías de las pequeñas islas: los diferentes tipos impositivos y los tratados fiscales bilaterales significan que las multinacionales obtienen muchos beneficios trasladándose a países avanzados como Irlanda, los Países Bajos, las Islas del Canal en el Reino Unido y algunos estados de los Estados Unidos, para reducir y a veces hasta eliminar sus cargas fiscales, incluso cuando sus beneficios totales están aumentando. 

Una forma obvia de controlar esto es exigir a las empresas multinacionales que publiquen país por país sus datos sobre las ventas, los costes y los beneficios. Sin eso, el público no puede ver la información que las empresas, los contables y los gobiernos ya tienen sobre los lugares a los que las empresas multinacionales están trasladando sus beneficios. Esto impide una rendición de cuentas significativa tanto de las empresas multinacionales como de las autoridades tributarias.

De los 427.000 millones de dólares que se destinan cada año a los paraísos fiscales, los 182.000 millones de dólares restantes se pierden en manos de personas adineradas que pueden ocultar en el extranjero activos e ingresos no declarados. Hay algunos progresos limitados hacia el intercambio automático de información entre los países sobre las cuentas financieras de los residentes, para limitar el secreto bancario. Sin embargo, si no se exige la existencia de registros públicos completos de los propietarios beneficiarios de las empresas, los fideicomisos y las fundaciones, la evasión fiscal seguirá siendo una práctica sistemática, que negará preciosos ingresos fiscales a las sociedades en las que se originaron sus activos.

En ambos casos –corporativo y privado– el denominador común del abuso es el secreto. Las normas y políticas sobre las que se basa nuestro sistema fiscal mundial pueden y deben ser reescritas para que la transferencia de beneficios quede obsoleta, lo que requiere una fuerte cooperación internacional. Esto también significa imponer transparencia a las enormes fortunas privadas que se mantienen en el extranjero, que en la actualidad sólo están expuestas gracias a los esfuerzos de periodistas, denunciantes y organizaciones de la sociedad civil.

La pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto los graves costos de un sistema tributario internacional que sirve a los intereses de los ricos y los poderosos. Ahora más que nunca, los gobiernos deben revisar sus reglas fiscales para dar prioridad al bienestar de la población.

Jayati Ghosh (India, 1955) es economista e investigadora del Instituto de Investigación de Economía Política de la Universidad de Massachusetts Amherst. Es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT).